Un pendiente, un anillo, botas raídas por el tiempo. Proyectiles, huesos fracturados. Una ejecución múltiple. La fosa exhumada en El Baldío, una finca privada de Alcalá del Valle (Cádiz), deja al descubierto el terror fundacional del franquismo. Y una clave que salpica desde la primera guerra que provocó (y ganó) el fascismo en el mundo: España está sembrada con cientos de fosas sin abrir en las que reposan miles de víctimas.
El mapa de fosas del Gobierno de España cifra en 2.000 las sepulturas ilegales tras las ejecuciones en la Guerra Civil y la dictadura. Es el cálculo más optimista. Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) el número puede alcanzar el doble. Como recuento global de intervenciones, solo aparece el de la Sociedad de Ciencias Aranzadi: 332 (del año 2000 a finales de 2012) con restos óseos recuperados de unos 6.300 desaparecidos que incluyen los 2.840 del cementerio de Málaga.
A ese ritmo –la media no llega a 30 fosas al año–, la sociedad española cerraría la cicatriz en décadas. La impresión de trabajo incesante sobre la tierra, de existir, no es más que un efecto. Un leve goteo que mantienen asociaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos forzados frente al abandono institucional a las víctimas del golpismo, a las más de 100.000 personas que yacen en cunetas.
España, solo superada por Camboya
La cifra coloca al país en segundo lugar de un macabro escalafón mundial que lidera Camboya con 1,5 millones de ejecuciones entre 1975 y 1979 a manos de los Jemeres Rojos del dictador Pol Pot. Pero “no hay un estudio serio sobre el número de fosas que hay en España”, refiere el vicepresidente de la ARMH, Marco González. Varias comunidades autónomas han trabajado en su propia cartografía de la ignominia, “pero no están todas”. El caso de El Baldío ni siquiera constaba en el mapa oficial andaluz.
Sirve de ejemplo la exhumación en la hacienda gaditana por la suma de voluntades que evidencia la desidia institucional. El trabajo arqueológico es posible por la intervención de la ARMH y la financiación aportada por el sindicato noruego de electricistas Eloigt y la Asociación de los Archivos de la Brigada Lincoln (ALBA) de Nueva York. Los propietarios del terreno facilitan la exhumación.
Una joven testigo de la tragedia de El Baldío
El verano de 1936 se desgasta ahíto de sangre. En un cortijo de la serranía nororiental de Cádiz la vida transcurre. Cristobalina Rojas tiene 15 años. Trabaja en El Baldío, en mitad de una paz de mentira que estalla en pedazos el 18 de septiembre de 1936.
Ese día varias personas secuestran a dos trabajadores de El Baldío: Remedios Partida Morilla (43 años) y su hijo José Rodríguez Partida (20). También la novia de éste, Rosa –se desconoce su identidad completa–, que sube a menudo a la sierra. Está embarazada de siete meses. El grupo se detiene a la altura de la carretera de la finca. Unos disparos cicatrizan en la memoria de Cristobalina.
En el año 2012, la ARMH trabaja en la localización de la fosa donde yacen Remedios, Rosa y José. Difícil acotar la sepultura en campo abierto. Hasta que aparece un testimonio clave, definitivo: el de Cristobalina Rojas, aquella joven testigo.
La fosa aparece “rápido, a un palmo de profundidad, casi en superficie”, cuenta a eldiario.es el arqueólogo del proyecto de exhumación, René Pacheco. “En el vientre de una de las dos mujeres hay restos de cartílagos fosilizados que podrían pertenecer a un feto. Es el mismo esqueleto en el que aparecen una peineta, un peine y un anillo”.
El estudio forense determinará si Rosa fue ejecutada en avanzado estado de gestación. La tierra, además, deparó un encuentro inesperado. Un cuarto cuerpo. “No sabemos de quién, aunque los testimonios orales apuntan a un ATS (enfermero) que estaba en el cortijo y del que no sabemos su nombre”, apunta. Con ayuda de la antropología, la asociación espera “cerrar el círculo sobre esta persona”.
“Asesinados con armas de fuego”
Los esqueletos aparecen “bien conservados y con evidencias clarísimas de la causa de la muerte, con orificios y balas asociadas a la escena histórica del asesinato”, relata el arqueólogo. Está claro, concluye, “que fueron asesinados con armas de fuego”. Con estas pruebas, la ARMH ha interpuesto denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Alcalá del Valle. “Como siempre que aparecen restos humanos con signos de violencia”, subraya Marco González.
En El Baldío aparece “la policía judicial y forense. No sabemos qué hará el juzgado, pero en el 90% de los casos suelen llegar como sobreseídos”. Los restos óseos han sido trasladados al laboratorio que la ARMH tiene en Ponferrada (León) para practicar un estudio antropológico. El resultado será cotejado con muestras de ADN tomadas a familiares.
“Todo esto”, denuncia la asociación memorialista, “es un trabajo de la sociedad civil y muchos voluntarios”. Y deben ser, dicen, “las administraciones quienes se hagan cargo”. Casi ocho décadas después del alzamiento golpista, España desoye el mandato de Naciones Unidas de derogar la ley de Amnistía e investigar los crímenes del franquismo. Tampoco atiende el requerimiento, a un océano de distancia, de la denominada Querella Argentina.