Exhumar a Franco. Sacar sus restos de forma “urgente” de Cuelgamuros. Es la petición que el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados. Los socialistas rescatan el informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, de 2011, encargado por el entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La petición se encuentra con algunos obstáculos.
Como primer impedimento aparece la propia ley de Memoria Histórica. La basílica, según el texto, es un “lugar de culto”. Un espacio sagrado y, por tanto, inviolable. Cualquier movimiento necesita ser aprobado por la iglesia. Y allí es donde yacen los restos del dictador y del fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.
Para saltar ese muro, primero hace falta el impulso del Parlamento español. Que los diputados aprueben la veintena de medidas de la proposición no de ley y encomienden la labor al Gobierno de Mariano Rajoy. Segundo, que este pida autorización de la institución religiosa correspondiente. Bien el abad de la Santa Cruz del Valle o, por extensión, el papa Francisco.
Sin embargo, es el Estado y no la Iglesia quien tiene competencia en los osarios que acogen a 33.847 personas, muchas en fosas comunes y muchas represaliadas republicanas, trasladadas al Valle de los Caídos desde 1959 a 1983. Puede remover entonces la mayor fosa común de España. Y tiene amplia capacidad de disposición sobre el mausoleo. Menos en la basílica. Las tumbas de Franco y Primo de Rivera quedan al margen.
La “incongruente” tumba del dictador
El grupo de expertos reunido durante el Gobierno de Zapatero recomendó retirar “los restos del general Francisco Franco”. La idea era un traslado al lugar que designara la familia del militar golpista. Para los restos de Primo de Rivera, se veía suficiente con que no ocuparan un lugar “preeminente del edificio”.
Sin embargo, estas tumbas serían contrarias al Derecho Constitucional Canónico, que prohíbe la sepultura de no religiosos en lugares de culto, es decir, un laico no debería estar enterrado allí. Que Franco esté en la basílica es además incongruente con la finalidad original que motivó la construcción: acoger a fallecidos de la guerra civil. Trastoca el sentido del memorial, apunta aquel informe, y dar un nuevo significado al Valle de los Caídos solo es posible sin su presencia.
En la polémica surgida tras la exigencia del PSOE ha terciado la Fundación Nacional Francisco Franco, que responsabiliza a Juan Carlos I, el “rey emérito”, del entierro del dictador y amenaza con denunciar a los parlamentarios que aprueben la exhumación.
Para la memoria de “los Caídos en la Cruzada”
Una de las grandes cuestiones por resolver es la igualación de los identificados con los desconocidos, como refería el documento de la Comisión de Expertos entregado al Ministerio de la Presidencia de Zapatero el 29 de noviembre de 2011. Muchas personas anónimas fueron sacadas de fosas comunes y luego enterradas en el Valle de los Caídos, sin filiación ni permiso de sus familiares. Por primera vez, un juez ha ordenado que se exhumen los cuerpos de dos republicanos represaliados, una sentencia que Patrimonio aún no ha cumplido alegando que le faltan informes.
La construcción en Cuelgamuros es el más importante símbolo monumental de la guerra civil y la dictadura franquista y también, destacaban, “del nacional-catolicismo de la época”. Un “magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación” que terminó por acoger los restos de republicanos ejecutados en zonas de retaguardia.
De ahí la petición de familias de víctimas, desde hace años, con el referente de la Agrupación de Familiares Pro Exhumación de Republicanos del Valle y el freno que ha supuesto una reforma legal de Rajoy. Los miles de restos están depositados en las ocho criptas de la Basílica y sometidos a un fuerte proceso de deterioro interno, como apuntaron las intervenciones técnicas realizadas entre 2004 y 2010.