Una mujer de casi setenta años que pidió acogerse a la eutanasia en su hospital de referencia de Madrid se ha suicidado en un hotel tras no obtener respuesta, según han informado la Cadena SER y El País. Padecía desde hacía 14 años una enfermedad grave incurable —una patología crónica osteomuscular, agravado por su “intolerancia a los opioides”— y más recientemente también un cáncer de vejiga “invasivo y de alto grado”.
La mujer solicitó ayuda para morir el 7 de julio a su médica del Hospital Gómez Ulla de Madrid. En un primer momento le respondió que sí, pero dos días después la llamó para explicarle que se había declarado objetora de conciencia, por lo que debía ser un segundo médico el que analizase el caso. Según la mujer, jamás la vio otro doctor. Un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha respondido a El País que “fue valorada por otro médico del hospital, quien consideró que no cumplía los criterios”. El doctor Fernando Marín, asesor de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), insistió este jueves en que no fue evaluada por el segundo médico y dijo que había presentado una queja en septiembre ante la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid.
Una semana después de haberlo solicitado a su médica, la propia paciente se quejó en el hospital de que no había obtenido ninguna respuesta. “Una semana después todavía no tengo ninguna respuesta, lo cual es claramente irregular. El médico responsable puede denegar mi solicitud siempre por escrito y de manera motivada en un plazo de 10 días”.
Y en esa queja añadía: “Independientemente de que se haya nombrado o no la Comisión de Garantía y Evaluación, que depende de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el hospital Gómez Ulla tiene la obligación de tramitar sin más demora mi solicitud. Les hago saber que mi voluntad clara, firme, reiterada e inequívoca de morir en el hospital se debe al sufrimiento constante e intolerable que padezco, por lo que les ruego encarecidamente que respeten mi derecho a decidir hasta cuándo debo soportar tanto dolor físico y psíquico”, recoge El País.
Este periódico habló con la mujer a principios de septiembre, una conversación en la que dejaba claro que no podía continuar esperando a la aplicación de ley y se planteaba alternativas para morir. “Tengo alternativas. No son agradables, pero las hay. Pero psicológicamente es muy violento. Es violento pensar: ”Me estoy suicidando“. Yo no quiero eso. No quiero suicidarme. Solo quiero que me ayuden a dejar de sufrir. Nada más. Para mí es inconcebible que haya una ley y que no se pueda aplicar”, dijo a El País.
La eutanasia es un derecho en España desde el pasado 25 de junio, más de dos décadas después del primer intento y tras la pelea de enfermos, familiares y asociaciones. Sobre la legislación planea la férrea oposición de los sectores conservadores. Tanto el PP como Vox, los dos partidos junto a UPN que votaron 'no' a la ley, han presentado sendos recursos de inconstitucionalidad. Ambos defienden una supuesta conculcación del derecho a la vida recogido en la Constitución. El tribunal ha admitido a trámite el presentado por el partido de extrema derecha, pero rechazó paralizar la norma cautelarmente.
Por su parte, los hospitales católicos han suscrito una declaración en la que plantean, sin citarla, la objeción a la norma, mientras La Conferencia Episcopal Española ha reclamado que sus centros sean “libres de eutanasia”. Eso a pesar de que la ley detalla que la objeción es un derecho “individual” de cada profesional y se debe regular mediante un registro.