- Han puesto el foco en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidades físicas y psíquicas, denunciando testimonios de esterilizaciones no consentidas que ya llevaron al Congreso
La Fundación CERMI Mujeres ha presentado su primer informe sobre la situación jurídica en materia de igualdad, protección y salud sexual de las mujeres y niñas con discapacidad física y mental. La conclusión principal es que faltan datos oficiales y atención especializada en la legislación. Exigen atajar esa situación, ineludible para cumplir con los tratados internacionales como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 de la ONU.
Hay 2,5 millones de mujeres discapacitadas en España según los datos que maneja CERMI. Pero, según denuncian, ni su problemática está incluida de manera “interseccional” en la Ley de Violencia de Género o Igualdad, ni la variable de género se contempla adecuadamente en las leyes contra la discriminación, por lo que piden una normativa “general”. El informe se presenta por el Día Internacional de la Discapacidad, aunque a partir de ahora el compromiso es presentarlo anualmente en el marco del 8 de Marzo.
CERMI ha puesto el foco en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Llaman a mejorar la legislación actual, que “no es suficiente” para garantizar un acceso a la atención primaria inclusiva de calidad en relación a la salud sexual. Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación, ha explicado en la presentación, por ejemplo, que la inmensa mayoría de mujeres discapacitadas que dan a luz lo hacen por cesárea sin tener opción ni preparación al parto natural.
En esas circunstancias de intervención, en muchas ocasiones se producen “esterilizaciones forzadas tras tener un primer hijo”, una denuncia que CERMI ya llevó al Congreso. Sobre ese tema reconocen que también faltan datos y denuncias formales. En parte, achacan, a que muchas de las mujeres que dan a luz o están incapacitadas o “no conocen sus derechos”, aunque afirman contar con testimonios. En muchas ocasiones esas esterilizaciones, explican, se produce por mediación de la familia si ellas están tuteladas, por lo que lo que piden un cambio en la legislación para que se las tenga en cuenta y haya mecanismos de denuncia más adaptados.
Asimismo, en el marco de los derechos reproductivos, las adolescentes con distintos tipos de discapacidad se enfrentan a problemas como “falta de acceso a información sobre educación sexual”. Concretamente, se han encontrado con casos en los que centros escolares –sin querer mencionar nombres– no están preparados para gestionar la higiene menstrual de alumnas con necesidades especiales, lo que ha sido en ocasiones un factor clave para que tengan que abandonar la educación inclusiva.
Otro problema relacionado con los derechos sexuales de adolescentes tiene que ver también con la falta de consentimiento de las afectadas en materia de los anticonceptivos que les administran. Las mujeres y niñas con discapacidad son, además, más vulnerables a la violencia sexual, aunque también faltan datos y denuncias. La organización no gubernamental Handicap Internacional denunció el pasado 8 de marzo que el 35% de las mujeres con discapacidad, una de cada tres, está expuestas a violencia física, emocional o sexual por parte de su pareja o de un tercero.
La única cifra oficial que maneja la Fundación sobre violencia machista tiene que ver con la que se da en el ámbito de la pareja. Isabel Caballero, coordinadora de la organización, ha explicitado que un 10% de las mujeres asesinadas desde 2003 son discapacitadas, aunque han matizado que esto significa que tenían el certificado en el momento de ser asesinadas, “no hay datos de cuántas tenían una incapacidad a consecuencia de la violencia, ni que tengan en cuenta esa problemática para que la mujer lo pida”. La Fundación CERMI Mujeres critica asimismo la infrarrepresentación de mujeres y niñas con discapacidad en el diseño de políticas públicas.