María lleva ya casi cinco años usando el punto de encuentro de Albacete. Tiene dos hijos, una sentencia que fijó unas estrictas condiciones de visita para el padre y un problema: el punto de encuentro la fuerza a dejar el servicio porque, dicen, lleva ya demasiado tiempo usándolo. “Tuve una orden de alejamiento, el padre me acosaba, me seguía, me hostigaba. A veces su familia me ha esperado a la puerta del punto. Y ahora me dicen que tengo que ponerme de acuerdo con él para que recoja a nuestros hijos”, cuenta indignada María, que prefiere ocultar su verdadero nombre por temor a represalias.
Fue hace tres semanas cuando la directora del centro habló con ella. “Me dijo que llevaba ya muchos años usándolo, que esto es algo temporal y que si es que quería seguir viniendo aquí teniendo hijos ya mayores. Yo le dije que sí, que es lo que pone en mi sentencia. Entonces me advirtió de los recortes que están haciendo y de que la cosa estaba muy mal”, recuerda. La directora del punto de encuentro le ofreció, entonces, una solución. Según María, le instó a firmar un documento en el que su exmarido y ella acordaban dejar de usar el servicio y fijaban un nuevo régimen de visitas. Ella lo rechazó: “¿Qué quieren, que firme mi sentencia de muerte?”.
Es la misma situación que denuncia Laura, el nombre ficticio de otra usuaria, también víctima de violencia de género. Después de cuatro años usando el punto de encuentro, la invitaron a firmar un documento para modificar su régimen de visitas: “De buenas a primeras me vienen con este papel. Mi propia abogada me desaconsejó firmarlo. Desde entonces, el trato ha sido patético, he tenido que poner hasta una reclamación”.
Las normas de funcionamiento interno de los seis puntos de encuentro de Castilla-La Mancha incluyen una que dice que la intervención “tendrá una duración máxima de 15 meses, salvo circunstancias excepcionales”. También que los puntos elaborarán informes periódicos sobre cada caso en función de los cuales podrá modificarse el régimen de visitas, salvo sentencia en contrario. “Digo yo que para saber cómo está la situación y si tengo o no riesgo, tendrán que hablar conmigo; y a mí nadie me ha preguntado nada”, se queja Laura.
Los centros dependen de la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la comunidad. Fuentes de la consejería insisten en que estos servicios son “recursos limitados en el tiempo” y que siempre han funcionado así. “No se puede estar a perpetuidad”. ¿Y qué pasa si la situación de riesgo para las mujeres aún existe? Las mismas fuentes aseguran que se estudian todos los casos y que, si el riesgo permanece, “igual se puede derivar a otro servicio social”.
La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista y concejala en el ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver, rechaza estos argumentos: “Es una barbaridad, muchas mujeres están quedando desamparadas. Se puede llevar años usando un punto de encuentro y que no haya desaparecido el riesgo. Hay que estudiar cada caso individualmente, y eso solo puede hacerse con un equipo profesional multidisciplinar, no a simple vista en función del tiempo que cada persona lleva usándolo”. Varios letrados han puesto el caso en conocimiento del Colegio de Abogados de Albacete para que este valore si es preciso tomar alguna acción al respecto.
Oliver asegura que el personal del punto de encuentro se ha reducido en un 50% y denuncia el deterioro del servicio, que hace unos meses cambió de sede. “Es parte de los recortes en igualdad que se están llevando a cabo en Castilla La Mancha”, señala la viceportavoz, quien subraya que en los últimos meses se han cerrado servicios de acompañamiento a mujeres maltratadas y se ha reducido el número de profesionales de los centros de la mujer, entre otras medidas.
En 2013, el presupuesto para Asuntos Sociales se redujo un 14% respecto a 2012. Los programas de atención a la infancia y la familia cayeron un 2% y los programas sociales básicos, un 45,8%.
Las usuarias confirman el deterioro del punto de encuentro: “Cuando se mudaron, un día nos juntaron a maltratadores y maltratadas en el mismo espacio. Tuvimos que entrar todos por la misma puerta. A nosotras nos metieron en una sala de espera enfrente de la puerta y ni siquiera nos dejaban cerrar la puerta”, explica Laura. De momento, tanto María como Laura siguen usando el punto de encuentro, aunque no saben hasta cuándo. “Como rechacé el acuerdo, me dijeron que me llamarían para ver qué pasaba. Aún estoy esperando”, dice María.