En el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama (entre Madrid y Castilla y León), muchas actividades son susceptibles de una adjudicación y muchas de las actuaciones que se acometen parecen pensadas para utilizarlo como atractivo económico. El parque padece las consecuencias de esta forma de gestión medioambiental: adjudicaciones a empresas que se tienen que anular e indemnizar, infraestructuras pagadas con dinero público al servicio de la industria turística o renuncias de las contratistas a desempeñar el servicio para el que concursaron antes de empezar el trabajo.
Las cumbres de Guadarrama son el parque nacional más joven. Se unió a la red más exclusiva de ecosistemas protegidos en 2013. Y desde su nacimiento soporta esta mezcla de privatización de servicios y reclamo para turistas. El parque nacional supone un flujo de dinero público ya que la Unión Europea y el Gobierno central financian muchos de los proyectos, que adjudican los corresponsables: la Comunidad de Madrid y Castilla y León.
La proliferación de concursos deja episodios rocambolescos. La Comunidad de Madrid alquiló un monte público a una empresa mediante un concurso exprés de diez días en 2014. La contratista quería montar un centro privado para dar cursos y seminarios a empresas además de degustaciones culinarias. Fue calificado como “servicio del parque a su visitantes”. Superó los filtros a base de los informes favorables del director general de Medio Ambiente, Ricardo Riquelme, y del codirector del parque Pablo Sanjuanbenito. Ahora esa concesión es considerada nula por la propia Administración.
El siguiente director general, Mariano González Sáez, inició la revisión de oficio del expediente por “defectos de forma”, como confirma el Gobierno regional. La Consejería de Medio Ambiente ha tenido que sacar 200.000 euros destinados a programas de ayuda a corporaciones locales y mejoras de vertederos y maquinaria para poder indemnizar a la empresa Ednya a la que adjudicó el contrato, según consta en la orden de transferencia que ha visto eldiario.es.
“El proceso aún no está resuelto definitivamente”, explica el Gobierno. Mientras se culmina, la actividad de la empresa continúa. En medio, el alto cargo que inició la revisión del proceso ha sido sustituido por el exconcejal de Medio Ambiente de Ana Botella en Madrid Diego Sanjuanbenito, primo del codirector del parque que dio el visto bueno al proyecto.
Infraestructuras para coches
Uno de los problemas que conlleva erigir un parque nacional en polo de atracción de turismo masivo es la presión humana sobre el espacio. Más si algunas actuaciones muy recientes han sido diseñadas para permitir la llegada en automóvil privado a las cercanías del espacio. Y con un éxito cuestionable.
La gestora del parque nacional ha utilizado un convenio de financiación (5,2 millones de euros que pone el Ministerio de Medio Ambiente) firmado con el Organismo Parques Nacionales del Ministerio para facilitar el acceso privado a una zona ya presionada por una gran afluencia.
La memoria oficial del proyecto que ha revisado eldiario.es justifica la obra al calificar el valle de la Fuenfría como “una de las entradas más demandadas” al parque. Además añade que en la zona hay “una piscina natural o un parque de aventuras lo que también supone un reclamo turístico”. Ninguna de esas dos atracciones está ni pertenece al Parque Nacional.
El proyecto se planeó en los terrenos de un hospital público de enfermos crónicos y cuidados paliativos. De hecho, cuenta con el visto bueno por escrito del que fuera director general de Hospitales, Antonio Burgueño. Sin embargo, el camino de entrada previsto al parking de 163 plazas era inaccesible. Atravesaba el recinto sanitario con dos cuellos de botella.
Así que con el trabajo acabado se está esperando a que se abra otro acceso a través de una parcela particular adyacente cuyo propietario ha cedido terreno, según ha confirmado a eldiario.es el alcalde de la localidad de Cercedilla (municipio donde se ubica la infraestructura).
Un espíritu parecido ha presidido otro proyecto asignado al convenio con el Gobierno central (el que paga): la “adecuación ambiental y acondicionamiento para uso público del puerto de Navafría”. La memoria del expediente repite que “se ha detectado un problema de ordenación del aparcamiento (…) por la elevada afluencia a la pista de esquí de fondo”. Así que una buena parte del presupuesto de la “adecuación ambiental” (138.000 euros) ha ido a otro aparcamiento. Este dentro del Parque Nacional.
El expediente al que ha accedido este medio reseña que “además no existe una zona para que el autobús que presta servicio desde la población de Lozoya al Puerto pueda dar la vuelta con seguridad”. El autobús es, en realidad, una lanzadera “de uso exclusivo para clientes” puesta por la empresa adjudicataria de la estación de esquí. En la subida al paso de Navafría ya existían otras dos zonas de aparcamiento pero se consideraron inadecuadas en el documento por no tener un firme apto para limpiarse de nieve.
“Intereses ajenos a la conservación”
María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, es muy crítica con la gestión de la Sierra del Guadarrama. Para Nieto el problema es que “se gestiona para beneficiar intereses ajenos a la conservación ya sean empresariales o políticos”. La ecologista cree que las empresas privadas “ejecutan las decisiones de la Administración” y pone el foco en la direcciones políticas de Espacios Protegidos y Medio Ambiente.
En la Comunidad de Madrid han incluido las cumbres de Guadarrama en su Estrategia de Turismo 2016-2019 porque consideran que se puede “conocer el parque en profundidad de un modo respetuoso”. La presidenta Cristina Cifuentes dijo sobre sus planes de turismo en la región que no sería “a cualquier precio, sino de modo sostenible”.
Así que la administración privatizada de la sierra lleva dejando capítulos curiosos desde su inicio: dos filiales del grupo ACS ganaron en 2015 el contrato de mantenimiento general del parque nacional por 2,8 millones de euros. El 67% del presupuesto venía de la UE y el Ministerio. También incluía la conservación e incluso investigación. Renunciaron antes de empezar a trabajar porque no le salían las cuentas. No tuvo penalización.
El funcionamiento de los centros públicos de visitantes se cedió a la empresa pública Gedesma mediante una encomienda de gestión directa. Gedesma, a su vez, licitó el encargo entre empresas privadas. En abril de 2016, el trabajo se encargó directamente (sin concurso) a Tragsa. Nueve meses y 489.000 euros. Ahora, los centros vuelven a subastarse por más de medio millón de euros. Más de la mitad de todos esos contratos los pone Europa.
La Comunidad de Madrid ha exhibido desde el arranque del parque las cifras millonarias de visitantes como un éxito. Tanto que este Gobierno autonómico enarbola el guarismo de los “3,5 millones de visitantes al año”, para decir que este espacio es el más visitado de España. La verdad es que esto difiere con los datos que ofrece el Organismo Parques Nacionales: 2,9 millones y segunda posición tras El Teide.