Murcia y Comunitat Valenciana amenazan con una batalla por el agua contra el Gobierno alentada por los regantes

El agua da votos. Y más con unas elecciones autonómicas a seis meses vista. Ha bastado que el Ministerio de Transición Ecológica aprobara un trasvase del Tajo-Segura que no ha satisfecho los anhelos de los regantes murcianos y alicantinos para desatar una tormenta: los agricultores amenazan con “acciones de guerrilla”. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), alienta ese estado: “Se han basado en una mentira”, ha dicho este jueves y el presidente socialista de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, anuncia en Les Corts que recurrirá en los tribunales la orden del gobierno de su partido.

El Ejecutivo ha autorizado que se envíen 7,5 hm en noviembre del Tajo al Segura. Es agua destinada al consumo urbano, no para regadíos. La ministra Teresa Ribera ha argumentado que ha seguido el dictamen técnico de la Comisión Central de Explotación del Tajo-Segura que recomendaba esa cantidad porque, esencialmente, el volumen de agua embalsada en el Segura cubre el consumo de noviembre en la cuenca.

López Miras ha acusado a Ribera de actuar por “ideología. El Gobierno de España tiene un plan claro: cerrar el Tajo-Segura”. El valenciano Puig ha dado orden a sus servicios jurídicos para ver si pueden batallar legalmente la orden. El murciano se ha explayado más: “El Gobierno de la Región de Murcia va a estar al lado de los agricultores y los regantes. Y a su disposición para todo. Vamos a emprender todas las acciones jurídicas que estén en nuestra mano”.

La realidad es que este trasvase está detalladamente regulado por ley y Real decreto que establecen los volúmenes de agua que marcan cada nivel de estado del sistema y sus reglas de explotación: con tanta agua tantos hectómetros se trasvasan automáticamente. Solo incluye un escenario en el que los embalses de Entrepeñas y Buendía no están muy boyantes, pero puede soportar cierto bombeo y se hace según el criterio del Gobierno con unos límites mínimos y máximos. Ese tipo de autorización es la que han anunciado López Miras y Puig en sus regiones que planean recurrir.

Lo cierto es que desde que el responsable del trasvase es el Ministerio para la Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera, la ministra ha firmado seis órdenes para trasladar agua del Tajo al levante: en julio se trasvasaron 38 hm como  establece la ley por estar la cuenca emisora en nivel 2 (con más recursos acumulados). El resto de las autorizaciones se han realizado en nivel 3 “situación excepcional”, según la define la norma que otorga al Ministerio la capacidad de dar luz verde “discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de hasta 20 hm/mes”. En agosto, septiembre y octubre se permitió llevar el máximo de 20 hm, a pesar de las protestas en Castilla-La Mancha.

En todos estos casos, las órdenes hacen referencia a los informes de la Comisión Central de Explotación (un organismo técnico) para sustentar la decisión de trasvasar esa cantidad de agua. Esta Comisión ha propuesto en noviembre “por mayoría”, según recoge el Boletín Oficial del Estado, que este mes el trasvase sea de 7,5 hm, los asegurados para “el consumo urbano”. Los 12,5 hm restantes que se venían bombeando iban a los regantes.

La Comisión ha expuesto dos motivos: que las lluvias torrenciales han deteriorado las infraestructuras en la zona receptora “que necesitan reparaciones por valor de 3,8 millones de euros y durarán dos meses”, asegura el Ministerio. Y, en segundo lugar, que la cuenca del Segura dispone actualmente de recursos suficientes para cubrir el consumo mensual en noviembre: los embalses tienen 16,32 hm cuando el consumo está en 16,29.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha despachado esta argumentación este jueves asegurando que el Ministerio “miente. No tendrían que motivar el cierre del trasvase. Pero lo han motivado y han engañado”. Lo cierto es que trasvase sí hay (de 7,5 hectómetros) y la norma pide que se motive la decisión.

Tras la salida en tromba desde Levante, el Ministerio ha reaccionado asegurando que “el Gobierno está comprometido con Murcia, Almería y la Comunidad Valenciana, zonas especialmente vulnerables, para las que es necesario hacer una gestión responsable”.

Reacción sin justificación

“No hay justificación para una reacción así”, asegura Nuria Hernández-Mora doctora en Geografía y experta en gestión del agua. “Los trasvases no son un derecho de los regantes. Son una posibilidad que debe gestionarse según la legislación vigente”, explica. El presidente de los empresarios murcianos, José María Albarracín y el del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, han afirmado que están ante “un robo claro a los regantes levantinos”.

Hernández-Mora cuenta que los dictámenes de la Comisión Central “tratan de cuestiones técnicas en las que se evalúan la situación –lo que determina finalmente si el sistema dispone de más o menos recursos–.

Sin embargo, el Círculo por el Agua de Murcia, Alicante y Almería (los regantes) han amenazado al Gobierno con “acciones de guerrilla que irán en crescendo, en función de cómo evolucione la situación y la postura del Ministerio”. El Círculo asegura que solo el trasvase asegura “el fin del éxodo rural” en sus comarcas. El sureste levantino es el núcleo de la agricultura intensiva de regadío. Concentra así una industria muy demandante de agua en la zona más vulnerable de la península ibérica a la escasez y la desertificación.

La responsable de la campaña de Agua de WWF, Eva Hernández, entiende que “en algún momento tendrán que ajustarse a la realidad”. Se refiere a que “habrá que empezar a gestionar la cuenca sabiendo que el trasvase no va a ser eterno, si no, un día se abrirá el grifo y no saldrá agua”.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha reiterado en varias ocasiones que el nuevo escenario creado por el cambio climático (que reducirá entre un 20 y un 30% el agua disponible) impondrá un nuevo modelo de gestión hidrológica en la que la disposición de recursos marcará el consumo posible y no al revés. Eso implica crear un nuevo marco legal que el Gobierno ha denominado “ley de transición hidrológica”. Hernández se lamenta de que, una vez más, el agua “sea un arma política en lugar de objeto de una política”. En todo caso, tiene claro que no van a ser lo políticos los que clausuren el acueducto entre el Tajo y el Segura: “El trasvase lo va a cerrar el cambio climático”.