Actualmente en el mundo se está trabajando en 269 vacunas diferentes contra la COVID-19 y todas se han desarrollado desde cero. Ninguna entidad pública o privada ha podido apoyarse en el trabajo de los sueros que ya se están inyectando a la población para impulsar la vacunación porque su composición está sujeta a la propiedad intelectual: a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha creado un mecanismo voluntario para compartir ese conocimiento científico, nadie lo está utilizando.
La foto de la inequidad de la vacunación a nivel mundial se resume en dos datos: el 86% de todas las dosis administradas se han inoculado en países de ingresos altos y solo un 0,1% en países de ingresos bajos. “Tenemos un gran problema —explica Carlos Mediano, presidente de Medicus Mundi Internacional, una red mundial de onegés dedicadas al desarrollo sanitario—, estamos discutiendo mucho la distribución de la vacuna pero no tanto la producción”. No hay suministro suficiente para conseguir vacunar en un plazo lo suficientemente rápido, dado que hay que ganar a la carrera a la mutación del virus, a los 3.700 millones de personas que se calcula que nos haría vivir, a la población mundial, en condiciones más o menos seguras.
“Podríamos aumentar muchísimo la producción de las vacunas si las patentes se liberalizaran”, dice Mediano. Su organización calcula que hay hasta 43 potenciales fabricantes de sueros que podrían ponerse a trabajar si se levantara el blindaje.
El tradicional argumento de las farmacéuticas en defensa de las patentes que habla de la necesidad de mantener los altos costes estructurales de sus empresas está puesto en cuestión recientemente, tanto por investigaciones como la de Olga Gurgula de la Universidad de Oxford como por el el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. De hecho, la Casa Blanca “sopesa” levantar el blindaje intelectual de la vacunas, según publicó el 26 de marzo pasado la cadena estadounidense CNBC. Esta postura llegó como respuesta a una carta dirigida, precisamente, por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en la que pedía que se valorara esta opción tras recibir las peticiones de varios compañeros. La carta “no se ha hecho pública”, aseguraba CNBC.
De hecho, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha dicho este lunes en rueda de prensa que está “totalmente de acuerdo en que liberalicen lo máximo posible todas las patentes” una vez que se garantice que “las empresas que invierten en conseguir estos fármacos no vayan a dejar de hacerlo y por tanto obtengan un beneficio razonable”. “En un momento determinado, a partir de un cierto beneficio, plantear la liberalización de las patentes me parece razonable”, ha dicho Simón, recalcando que era una opinión “personal”.
La vacuna como bien de consumo o como bien común
Las organizaciones que vigilan la igualdad social están exigiendo que se suspendan temporalmente las patentes para que la producción pueda llevarse a cabo por más empresas farmacéuticas. “Se está intentando utilizar las mismas normas de siempre de propiedad intelectual y patentes en una situación excepcional como es esta”, dice Miriam Alía, experta en vacunación de Médicos Sin Fronteras, desde Camerún. “No se entiende que se consideren las vacunas como un bien de consumo cuando se han producido más de 2.700.000 muertes. Tampoco se entiende que se haya comprometido la sociedad civil, las organizaciones, los ministerios de salud, los empresarios y todo el mundo con medidas de salud pública excepto las farmacéuticas, con la complacencia de, por ejemplo, la Unión Europea”.
En mayo de 2020, la OMS estableció un mecanismo de acceso mancomunado a tecnología contra la COVID-19 (denominado C-TAP) para que las empresas pudieran compartir datos y conocimientos de manera voluntaria. Por ahora, ni una sola empresa farmacéutica ha contribuido al C-TAP y muy pocos países se han adherido a este programa. “El C-TAP no ha funcionado”, señala Carlos Mediano. Ha contado con el apoyo de unos 40 países, entre ellos Países Bajos, Bélgica, Noruega y Portugal “pero los países con industrias farmacéuticas más potentes han permanecido en silencio, como Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos”, señala Marta Mendiola, portavoz de Amnistía Internacional. “Nuestra principal petición es que las empresas se unan y compartan su conocimiento y tecnología. También pedimos que los estados promuevan licencias abiertas y no exclusivas, y que condicionen la financiación pública de estas empresas a que se unan a iniciativas globales como la C-TAP, porque las empresas también tienen la obligación de respetar los derechos humanos”. Para la portavoz de Amnistía “es pronto para considerar que el C-TAP ha sido un fracaso” y, en opinión de Miriam Alía de Médicos sin Fronteras “si no es un fracaso, desde luego no es funcional”, es más “en la última reunión de los responsables tanto de BioNTech-Pfizer como de AstraZeneca decían que ni siquiera estaban familiarizados con la plataforma”.
Ante el fracaso del conocimiento compartido y de la idea de la vacuna como un procomún, tal y como consideró el investigador Jonas Salk la vacuna contra la polio que no quiso patentar, parece que la vía legal más efectiva para conseguir un reparto equitativo y una inmunización global es suspender el efecto de las patentes por un tiempo. Para Miriam Alía es algo “realista” porque “ya ha pasado una vez en la historia, con los antiretrovirales, lo que no parece fácil es que suceda pronto porque hace meses que se está intentando conseguir esta aprobación a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de momento hay dos bloques que parecen inamovibles: los países que apoyan la iniciativa y los países que están bloqueando, excepto cinco o seis que están dudosos”.
Calendario para conseguir una suspensión temporal de las patentes
El 2 de octubre pasado, India y Sudáfrica presentaron ante la OMC una solicitud de renuncia a la propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia. Ha sido copatrocinada por 58 países y apoyada por cien estados. Esta dispensa es legal y está reconocida por el Acuerdo de Marrakech por el que se rige la OMC, siempre y cuando haya unas circunstancias excepcionales. Para Médicos Sin Fronteras y otras muchas organizaciones, más de 300, que apoyan esta iniciativa, no puede haber otra circunstancia más excepcional que esta.
El proceso está todavía vivo en la organización. Primero se presentará en el Consejo de los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) a mediados de abril. El Consejo tiene 90 días para presentar un informe a la Conferencia Ministerial, el máximo órgano de toma de decisiones integrado por todos los miembros de la OMC, para que tome una resolución. No obstante, el pasado mes de diciembre se decidió ampliar ese plazo de 90 días. Afortunadamente, esta Conferencia Ministerial, que se reúne solo cada dos años, tiene convocatoria para este, en junio de 2021. Si no hay consenso entre los países, habrá una votación y una mayoría de tres cuartos sería suficiente para aprobarlo. No sería la primera vez que ocurre, en 2003 la OMC llegó a un consenso para una exención que permitiera a los países que producen medicamentos genéricos bajo una licencia obligatoria suministrar los medicamentos a otros países que carecían de la capacidad de fabricación necesaria para producirlos ellos mismos.
La Unión Europea no apoya la suspensión temporal de las patentes. “No se entiende —dice Miriam Alía— la postura de la UE cuando hay países dentro del Parlamento Europeo que están pidiendo que se apoye esta iniciativa, pero aunque en la UE los 27 países votan en bloque, en la OMC pueden votar por separado y ni siquiera haría falta que todos votaran a favor, sino que hubiera un país que fuera el embajador de esta iniciativa dentro de la UE y que consiguiese movilizar a otros países para que votaran a favor”. La postura de la Unión Europea tiene peso numérico, pero también simbólico: “Sería fundamental que la Unión Europea cambiase su rol porque entonces se quedarían en aislamiento el resto de países que están bloqueando. De hecho, es Estados Unidos quien está incorporando iniciativas legales para que se comparta la propiedad intelectual, antes que la Unión Europea, que se supone que está basada en unos valores mucho más en línea con lo que sería esta iniciativa”, remata Alía.
“No es el momento de anteponer los intereses comerciales al interés común”, recuerda el presidente de Medicus Mundi. “Estas empresas evidentemente deberían de ser indemnizadas, no se trata de que tengan que hacerlo gratis pero si los 43 potenciales fabricantes de vacunas del mundo pudieran hacerlo, tendríamos muchísimas más vacunas disponibles”.