El prior Santiago Cantera se ha convertido, por mérito propio, en uno de los grandes protagonistas del casi año y medio que lleva el Gobierno de Pedro Sánchez intentando cumplir su anuncio de junio de 2018: sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Aliado incondicional de la familia del dictador, la máxima autoridad de la basílica en la que Franco ha descansado los últimos 44 años ha opuesto toda la resistencia posible a las intenciones del Ejecutivo socialista, dejando en evidencia las estrechas relaciones de una parte de la Iglesia católica con el régimen y sus simpatizantes.
Con la salida de Francisco Franco de Cuelgamuros, este jueves, se abre un nuevo capítulo en el que la principal incógnita será qué hacer con el hasta ahora mausoleo franquista, y qué presencia deben tener allí quienes se han erigido públicamente en defensores de la memoria del dictador: los monjes benedictinos. La idea del Gobierno es clara: quiere sacar a los monjes del Valle.
Por el momento, el Ejecutivo en funciones no tomará ninguna medida más allá de la salida del dictador. Pero confían en que un futuro Ejecutivo constituido tras las elecciones se centre en exhumar a víctimas enterradas contra su voluntad en Cuelgamuros y trabajar en la resignificación del monumento.
La Comisión encargada de definir el futuro del Valle apostó, en 2011, por convertirlo en un memorial de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. El futuro de Cuelgamuros no se decidirá a corto plazo, pero entre las líneas que el Gobierno tiene definidas está, por ejemplo, la reubicación de los restos de Primo de Rivera. El fundador de la Falange sí fue un caído en la contienda, por lo que tiene derecho a permanecer en el Valle. Por eso se plantea la posibilidad de que sea reinhumado en una capilla lateral, o en todo caso en una zona no tan preeminente como la actual.
No está sobre la mesa del actual Consejo de Ministros la desacralización de la basílica de Cuelgamuros, ni mucho menos el desmontaje de la inmensa cruz. Sí se planteará, y mucho más después de la actitud obstruccionista demostrada tanto por el prior Cantera como por el conjunto de la comunidad benedictina, el futuro de su presencia en la abadía. Para ello es preciso replantear a fondo el régimen jurídico de todo el conjunto del Valle, lo que comporta una negociación con la Iglesia.
Un acuerdo franquista de 1957
La existencia de una comunidad de benedictinos en Cuelgamuros se reguló en función de un Decreto-Ley, con fecha de 23 de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En uno de sus puntos, se confiaba la custodia de la misma a una congregación religiosa, los benedictinos, procedentes de Silos y de la Abadía francesa de Solesmes.
No hay datos exactos de cuántos monjes viven en Cuelgamuros, pero cifras extraoficiales hablan de una veintena. En el artículo quinto del decreto se establecía que la abadía benedictina tendría “carácter independiente” y debería contar “con un mínimo de 20 monjes profesos con el correspondiente Noviciado”, algo que en la actualidad, y pese a que en las dos últimas semanas han entrado dos nuevos postulantes, no está claro que esté cumpliéndose.
El acuerdo firmado por el franquismo deja sentadas, en cualquier caso, una serie de ventajas económicas que siguen tan vigentes como entonces. Los monjes reciben 340.000 euros anuales que les llegan por transferencia de Patrimonio Nacional. Cobran del Estado por dar misa, hacer ejercicios espirituales o “seguir el pensamiento social”. En concreto, utilizan el dinero para comprar comida, pagar el teléfono, contratar a la “limpiadora” y la “lavandera”, hacer excursiones con los niños de la escolanía, comprar velas para las misas o renovar los hábitos benedictinos cuando se desgastan.
Según los deseos del dictador, los benedictinos debían “mantener el culto en todo su esplendor”, “recopilar la doctrina de los pontífices” y “rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”. Una nueva era para el Valle de los Caídos se antoja implanteable sobre la base de este acuerdo.
Carlos García de Andoin, ex-secretario de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos, opina que ni Cantera ni los benedictinos “pueden ser pieza en el proceso de resignificación tras oponerse a la exhumación de Franco con tanto ardor, contra la decisión del Estado en sus tres poderes y contra la posición de la propia jerarquía católica de España y del Vaticano”.
Pero para quitarlos de la ecuación es necesario un replanteamiento del régimen jurídico del Valle, y para ello se barajan, al menos, dos vías. La primera, que Patrimonio Nacional sea el que se ocupe directamente del lugar. La segunda, modificar los estatutos de la Fundación del Valle, y que un nuevo patronato público asuma la gestión, de modo que la presencia de los benedictinos sería innecesaria.
En cuanto al templo, no está sobre la mesa su desacralización, sino que la opción más plausible pasa por mantener la basílica como lugar de culto, pero bajo la tutela de la Archidiócesis de Madrid, que es a la que pertenece territorialmente. El máximo responsable de la gestión del culto en Cuelgamuros sería, entonces, el cardenal Carlos Osoro, una persona con la que el Gobierno tiene un diálogo fluido y que ha sido objeto de ataques de grupos ultraderechistas en los últimos días.
Hasta ahora la Conferencia Episcopal se había mantenido al margen del conflicto entre la abadía y el Gobierno, porque en realidad no tiene autoridad alguna sobre el prior, que responde solo ante el abad de Solesmes (Francia) y el Vaticano.
De hecho, fuentes eclesiásticas deslizan que la intención del Gobierno no es instar directamente a la comunidad benedictina a abandonar el Valle, sino esperar a que sea Roma la que dé un paso en ese sentido, conscientes de la incomodidad vaticana con la actitud del prior falangista Cantera y su pléyade de monjes nostálgicos de la dictadura. Uno de ellos llegó a afirmar recientemente en una entrevista en la SER que “la Iglesia son los miles de españoles que quieren que las cosas estén como quiso Franco”.
El futuro del prior, en el aire
En cuanto a Cantera, –que ha provocado un serio conflicto en las relaciones Iglesia-Estado y entre el Gobierno y la Santa Sede– es probable que su cerrazón le pase factura. No se descarta que en breve abandone el Valle –entre bromas, él mismo habló de la posibilidad de ser enviado a Guinea– y no se descarta que el Vaticano, a través de la Congregación para la Vida Religiosa, le abra un expediente canónico.
El prior, que ha sido elegido por la familia Franco para bendecir el cuerpo cuando se abra la sepultura y para oficiar junto al hijo del golpista Tejero la misa de la reinhumación en Mingorrubio, ha denunciado este martes a la Guardia Civil por “coacciones” al impedirle el acceso a la basílica mientras se ultiman los detalles de la exhumación.
Sus declaraciones y su actitud beligerante podría llevar aparejadas penas canónicas, como la pérdida de sus 'oficios' eclesiásticos y, por lo tanto, la imposibilidad de que pueda volver a ser elegido prior o abad. En un caso extremo, incluso, la expulsión de la orden.
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