La gestión del agua, de las infraestructuras hidráulicas, ha creado a lo largo de los años una maquinaria opaca en la que el carácter de “interés general” del acceso de la población a este recurso ha asegurado que se pasara por encima de muchos controles a la hora de programar, adjudicar y pagar obras que se cuentan por miles de millones de euros. El último ejemplo está en la investigación que la Audiencia Nacional lleva a cabo sobre las desaladoras de Acuamed.
Las plantas para producir agua potable a partir del agua del mar atraen grandes inversiones de dinero público. El sistema de desaladoras del Mediterráneo ha captado 1.700 millones de euros. El propio Francisco Correa, en su confesión a eldiario.es, hablaba de estas obras civiles entre los proyectos en los que buscaba comisiones. Incluso cifraba la comisión: “Hasta del 4% en algunas obras públicas, como depuradoras y desaladoras”.
Uno de los negocios que el todavía diputado Pedro Gómez de la Serna trató de engrasar fue una desaladora en Argelia. Concretamente se investigan posibles pagos realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relación con dos contratos de obra denominados La Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta por 250 millones de euros.
El expresidente del Gobierno José María Aznar pactó una comisión del 1% con la empresa Abengoa para tratar de convencer al entonces líder libio Muamar el Gadafi de que adjudicara a la sociedad andaluza el contrato para cuatro desaladoras. El objetivo: 950 millones de euros.
Añadido al volumen de fondos que las administraciones destinan al sistema hidráulico, se ha impuesto una dinámica de funcionamiento de filosofía público-privada: una serie de sociedades públicas encargadas de la contratación de empresas que construyen presas, conducciones, tuberías o plantas desaladoras. Proyectos calificados como imprescindibles por la Administración. “Un engranaje que ha reforzado el 'lobby' oscuro del agua”, cuenta el diputado de Podemos y experto en economía del agua Pedro Arrojo. “Las desaladoras pueden tener más elementos tecnológicos pero la mecánica es la misma”, explica Arrojo.
En 1996 –el año en el contactaron Correa y el extesorero del PP, Luis Bárcenas– el Gobierno de José María Aznar creó el campo legal para aplicar los criterios empresariales privados al sector público hidráulico. Así fue naciendo una red de 13 empresas públicas encargadas de construir, ejecutar o explotar las infraestructuras. Entre ellas, Aguas del Júcar S.A. (1998), Aguas del Segura S.A. (1999) o Acuamed. Esta última absorbió en 2010 a las dos anteriores. Destinada a gestionar el trasvase del Ebro, una vez caído ese proyecto, se encargó del Plan AGUA que recibió los fondos para desarrollar el programa de desaladoras en la España seca.
Grandes proyectos estratégicos
Las desaladoras fueron una apuesta específica de la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero para compensar el parón a los trasvases entre ríos. Las plantas en el arco mediterráneo han recibido una inversión de 1.700 millones de euros. Tanto es así que tres de ellas han sido calificadas como “grandes proyectos” financiados por fondos Feder de la Unión Europea con más de 54 millones de euros. La tecnología para producir agua potable a partir del agua del mar es un nicho económico potente.
Con la misma dinámica también se crearon en ese tiempo sociedades estatales diseñadas para lanzar y ejecutar obras específicas: Depuradora Baix-Llobegrat S.A. (1998), Canal de Navarra S.A. (1999) y Canal Segura-Garrigues S.A. (1999). “El problema es que, con la excusa de agilizar los trámites, a lo largo de los años, esta estructura de empresas públicas ha provocado que los controles sobre la contratación sean mucho más laxos”, analiza Santiago Martín Barajas, experto en agua de Ecologistas en Acción.
El sistema se completa con la etiqueta de “interés general” normalmente aparajeda a los proyectos relacionados con el agua. Esa marca sirve para acelerar los plazos, limpiar el camino de trabas burocráticas y ahorrarse pasos en los trámites ambientales. Pedro Arrojo cuenta que “la gestión bajo régimen privado –aunque accionarialmente sean sociedades públicas– hace que se escapen al control y fiscalización públicos”.
Desviaciones millonarias del presupuesto
La operación contra Acuamed se centra, básicamente, en sobrecostes de las obras. Desviaciones del presupuesto inicial que no se justifican adecuadamente. Arrojo no duda en calcular que en las obras hidráulicas “las desviaciones son la norma. Ocurre sistemáticamente. Desviaciones del 100%, del 200%...”. A día de hoy, sobrecostes ocurren constantemente y por valor millonario. No faltan ejemplos recientes.
En septiembre de 2015, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tuvo que sacar a concurso dos obras de 'parcheo' para una presa todavía no completamente operativa: la Loteta. Se presupuestaron 1,8 millones de euros para terminar la impermeabilización del embalse. Pero es que una año antes, en julio de 2014, la misma CHE licitó otro 1,9 millones para empezar a solventar esas mismas filtraciones. El proyecto nació para aportar “agua de alta calidad” a Zaragoza porque el Ebro aporta líquido excesivamente salino.
El pasado 16 de enero, casualmente también en Zaragoza, se reiniciaron las obras de la presa de Mularroya. El proyecto fue paralizado por la justicia por haberse saltado los trámites medioambientales. El Gobierno ha movilizado durante meses una batería de órdenes ejecutivas para librar al embalse de todas esas exigencias. Se da el caso de que Mularroya se justifica para dar agua a los regantes del Alto Jalón. Los mismos regantes que sirvieron para explicar, a finales de los 90, el proyecto “de interés general” de bombear agua hacia otra presa, La Tranquera. Se gastaron unos 12 millones de euros. No se ha utilizado.