La educación privada se expande. En la última década, los llamados centros de iniciativa social están absorbiendo la mayoría del incremento del alumnado en las etapas postobligatorias (Bachillerato, Formación Profesional e incluso el primer ciclo de Educación Infantil), según datos de CCOO. El sindicato habla de “un notorio proceso de privatización”, según han denunciado este lunes en rueda de prensa el secretario general de la organización, Unai Sordo, y el responsable de la federación educativa, Francisco García.
CCOO sostiene, con datos en la mano, que ha habido un cambio de paradigma. Los centros privados, explican, han cambiado su modelo para buscar nuevos sectores en los que expandirse, una vez alcanzado lo que podría parecer un tope en las etapas obligatorias. “Durante los últimos diez años, y en particular desde la puesta en marcha de la LOMCE, hemos sido testigos de una corriente privatizadora. Habiéndose volcado durante muchos años en el crecimiento a través de la concertación de las enseñanzas obligatorias (de los 6 a los 16 años), centran su atención ahora, y en la última década, en buscar nuevas fórmulas privatizadoras en nichos diferentes”, exponen.
Este incremento de lo privado está pasando en todas las etapas no obligatorias y preuniversitarias, según el informe de principio de curso que ha elaborado CCOO a partir de datos del Ministerio de Educación. En realidad, aunque no era el objeto de la rueda de prensa, también está sucediendo en la Universidad: las privadas tienen cada vez más trozo del pastel.
Las administraciones no son ajenas a estos movimientos. Lo explican desde CCOO cuando aluden a los cheques guardería o Bachillerato implantados en algunas de ellas como fórmula para llevar a más ciudadanos a centros privados que no se pueden concertar, y lo corroboran los datos presupuestarios. España es, por ejemplo, uno de los países con más escuela concertada del mundo, y eso es una decisión política. El reparto de fondos públicos también muestra esta evolución: las partidas para la escuela pública acaban de recuperar el nivel de hace diez años mientras la que va a concierto crece sin parar. La educación es el último gran mercado para hacer negocio y el sitio más indicado para ello son las etapas no obligatorias.
Un 67% más en FP Superior
En el Bachillerato, desde el curso 2013-2014, el alumnado de los centros privados ha aumentado un 14%, lo que unido a un descenso del 6,5% en el caso de los públicos lleva la diferencia de crecimiento hasta los 20,5 puntos porcentuales.
En la FP, que vive un fuerte periodo de expansión, las distancias son mayores. En la de Grado Medio, la etapa equivalente al Bachillerato, los estudiantes que acuden a un centro privado son hoy un 25,7% más que hace ocho años, mientras que en los estatales han ganado un 4,7%. En la Superior, la alternativa a la Universidad, el alumnado privado ha crecido un 67% frente al 18,7% de los públicos. La FP Básica, una formación un poco particular que se enmarca en la etapa obligatoria (15 años) como alternativa a la vía académica para los alumnos que no acaban de funcionar en la ESO, no desentona: 27,4% más de alumnado privado por un 21,5% público.
El caso de la FP resulta especialmente sangrante para el sindicato, que denuncia que mientras ocurre esto decenas de miles de jóvenes se han quedado sin su plaza solo entre Madrid y Catalunya, aunque la Generalitat parece dispuesta a remediar esta situación.
Una situación similar se da en la otra etapa que no es obligatoria ni universitaria, la Educación Infantil, aunque el análisis es más complejo aquí por ser una etapa muy atomizada, con modelos de gestión de las escuelas muy diferentes y que en el último año ha sufrido un cambio brusco de tendencia motivado por la pandemia y el cierre de miles de centros privados por falta de alumnado. Pero en el primer ciclo –el segundo no es obligatorio, pero está universalizado y responde a las dinámicas de la Educación obligatoria, bastante asentadas en cuanto a reparto de alumnado en los últimos años– se observa que el alumnado de los centros públicos cayó hasta un 10% el año anterior a la pandemia, mientras el de la privada lo hacía un 3%.
“La privatización avanza como un cohete en la educación no obligatoria a través de cheques guardería, Bachillerato, etc.”, ha denunciado García en su intervención, mientras que Unai Sordo ha afirmado que “existe una oferta indisimulada” por la privatización de del sistema educativo, y ha advertido: “Las desigualdades de mañana se están gestando hoy y no hay mayor vector de integración social que la educación”.
La cuadratura del círculo
El informe de CCOO también repasa la situación del profesorado tras la decisión de ministerio y comunidades autónomas de volver a las ratios prepandemia este curso. Los cálculos del sindicato concluyen que este año se han contratado 21.439 profesores de refuerzo, un 35,66% menos que el anterior, y lamenta “la escasa ambición de las administraciones educativas por abordar los retos del sistema educativo y su propensión a ahorrar costes pasando página y volviendo a una vieja normalidad”, en palabras de García aludiendo a las ratios anteriores.
El desglose de los datos deja notables diferencias regionales, las que van desde Murcia (la única comunidad que no ha contratado un solo profesor extra) hasta la Comunitat Valenciana, que ha incorporado un 15% más de docentes que el curso pasado, y eso que ya estuvo entre las que más reforzó su Educación. Mención especial también para las Castillas, Catalunya, Euskadi y La Rioja, que han repetido las mismas contrataciones. El resto, menos.
El responsable de Educación de CCOO explica que para mantener esas cuotas de máximo 20 alumnos por profesor que tan bien funcionaron el curso 2020-2021 –según la opinión unánime de todos los actores educativos– haría falta contratar un total de 68.884 docentes más en toda España (para un total de 80.323).
García es consciente de que la medida tiene un coste económico importante que está detrás de la negativa de las comunidades a implementarla. Pero ha jugado con los números. Contratar el profesorado de refuerzo que pide el sindicato supone un gasto de 3.241 millones de euros. Ampliar las plantillas de la educación infantil para acercarse a su universalización añadiría otros 5.954 millones de euros de inversión. En total, algo más de 9.000 millones de euros anuales.
Y aquí es donde el sindicato cuadra el círculo. En 2009, el gasto público en Educación alcanzó su pico en la historia reciente con un 5,04% del PIB. A partir de ahí llegaron los recortes, que han desplomado la inversión hasta el 4,27% actual. Esa caída de 0,77 puntos porcentuales del PIB equivale –en términos absolutos y según el Producto Interior Bruto de 2020– a 8.638 millones de euros. Lo comido por lo servido.