Buena parte del dinero que mantiene pujante el negocio de la sanidad privada sigue llegando desde las arcas públicas. Inexorablemente, mientras los Gobiernos destinan menos recursos a la sanidad pública, el sector privado crece y se nutre, en buena parte, de dinero de los impuestos que se trasvasa hacia centros de empresas privadas.
El volumen de negocio de las clínicas privadas no ha sufrido merma por la crisis económica con crecimiento. En 2012 la facturación ascendió a 6.125 millones de euros, un 0,4% más que el año anterior. 1.702 millones procedieron de conciertos con las administraciones públicas, un 27,8%. Pero no se queda ahí la financiación pública de las compañías sanitarias, ya que la facturación de las contratistas a las que alguna comunidad autónoma, como Madrid o Valencia, cede la asistencia en hospitales o centros de salud añadió otros 800 millones, un incremento del 10% respecto a 2011. Así, el sector se embolsó 2.500 millones de las haciendas públicas, un 37,7% de todos sus ingresos.
Esta situación de “marcada dependencia” según explica la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), es delicada incluso para esta patronal, ya que “sólo el 11% de las facturas se abonan en 30 días”, cuentan. Incluso aseguran que un tercio de clínicas acumula más de un millón de euros adeudados. Y eso que la FNCP calcula que los conciertos han disminuido “un 15%”.
La Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública analiza, en cambio, que este proceso sigue la lógica de un plan que parte del Gobierno y se apoya en las empresas del sector. Entre otros aspectos, destacan “la generalización de la atención sanitaria de funcionarios mediante acuerdos con aseguradoras privadas o la privatización de recursos con la gestión de centros por parte de contratistas”.
Estos aspectos están desde hace mucho tiempo en las agendas de las empresas sanitarias y de algunos dirigentes políticos. El 23 de mayo de 2012, en el hotel Hesperia de Madrid, se produjo un encuentro especializado en Gestión de Clínicas. Se habló de “la visión del nuevo Gobierno sobre el papel que debe desempeñar la sanidad privada en el sistema sanitario” o de “nuevas líneas de actuación en la participación público-privada”. A 1.150 euros por asistente y patrocinada por Asisa, la inauguración corrió a cargo de José Ignacio Echániz, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y secretario del sector del Partido Popular. Entre los ponentes aparecía el director de Colaboración Público-Privada de Deloitte, el de Servicios Hospitalarios de Acciona, del Grupo Quirón… El cierre fue reservado para el director General de Hospitales de Madrid, Antonio Burgueño.
Reformas más colaboración privada
La sanidad privada insiste en participar en el diseño del sistema sanitario español. Una agrupación denominada Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) reclamó en su barómetro 2013 que se cuente con ellos en la “planificación estratégica”. El IDIS tiene entre sus patronos a IDCSalud, Sanitas, Unilabs, Asisa o Adeslas. Su presidente, Iñaki Ereño, considera que el éxito de las “reformas pasa por la colaboración y complementariedad con el sector privado”.
Estas demandas no caen en saco roto. Se producen luego de decisiones por parte de los responsables políticos que abundan en estas peticiones. De no ser por la suspension cautelar que los jueces han impuesto, la aportación pública a las cuentas de resultados del negocio sanitario privado habría experimentado un gran empujón.
El plan privatizador de la Comunidad de Madrid que preveía ceder a contratistas seis hospitales públicos tenía asignados unos 559 millones de euros anuales para las empresas adjudicatarias (Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo). Los presupuestos del presidente regional Ignacio González y el consejero Javier Fernández-Lasquetty (PP) incluían en el programa 750 partidas (de la 252BO a la 252HO) pensadas para la privatización. Ese dinero supone un incremento del 69,8% de golpe de la aportación al sector mediante la concesión de servicios (que ascendió a 800 millones en 2012).
No es la única manera de incidir en esa estrategia. En 2012, la Comunidad de Madrid fue aumentando hasta llegar a un 55% su presupuesto para “asistencia con medios ajenos”, de 627 a 972 millones. La patronal de las clínicas admite que “el 70% de los centros privados tiene algún tipo de concierto tanto para las listas de espera como para las pruebas diagnósticas”.