La geografía sí importa. Un paisano puede ser el guía en senderos ignotos, pero también la clave para moverse en los entresijos del poder económico y político local. El poseedor de un conocimiento fundamental para tejer redes de connivencia entre cargos públicos y empresarios. En el caso de la operación Púnica –o por lo menos lo que de momento se sabe de ella–, la clave madrileña parece estar más en el radio de acción del empresario David Marjaliza y en la influencia de su amigo Francisco Granados que en los colores políticos, el tamaño de los municipios o el carácter de los contratos y adjudicaciones que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Con la excepción de Collado Villalba, todos los alcaldes detenidos pertenecen a localidades del sur de la Comunidad, fronterizas o cercanas a Valdemoro (71.500 habitantes), centro de operaciones de Marjaliza y hogar de Granados, que fue su alcalde de 1999 a 2003, cuando dejó el cargo para formar parte del Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre.
Echando un vistazo rápido al mapa, se ve que Casarrubuelos (3.300 habitantes), Torrejón de Velasco (4.200) –ambos gobernados por el PP–, Serranillos del Valle (3.800) –cuyo regidor es del partido independientemente UDMA– y Parla (125.600) –todavía feudo del PSOE– se encuentran en un radio de pocos kilómetros. También Pinto, donde se han realizado allanamientos en sedes empresariales.
Con el ascenso de Granados en la Puerta del Sol –acabó disputándose la preferencia de Aguirre con Ignacio González– y como secretario general del PP de Madrid desde 2004, la influencia de este yuppie con ambiciones políticas se afianzó. Y aparentemente no se apagó ni siquiera cuando lo hizo su estrella en el mundo del PP. Quizá, por el contrario, encontró entonces más espacio y más libertad para moverse como baquiano en las tierras que mejor conocía. Porque los alcaldes detenidos no son, ni mucho menos, viejas glorias. Todos ellos, salvo el socialista José María Fraile, llevan en el poder apenas tres años, desde las elecciones municipales de mayo de 2011.
Esperanza Aguirre, la sorprendida presidenta del PP de Madrid, se deshizo de Francisco Granados precisamente en 2011. Tras los comicios quedó claro que la 'lideresa' no contaba con él para el nuevo Gobierno. También perdió, poco después, su cargo en la dirección del Partido Popular de Madrid. El enfrentamiento con Ignacio González, materializado en la llamada Gestapillo, el escándalo de espionaje en el seno del Gobierno de Madrid, hizo estragos en su prometedora carrera.
A partir de entonces, Granados se dedicó a su rol de senador y de diputado raso de la Asamblea de Madrid. Pero era evidente que ese trabajo le dejaba mucho tiempo libre; un tiempo precioso, quizá, para aprovechar el know how de su vida anterior a la política, la de bróker. “Para lo que hago, que es sólo apretar botones...”, deslizó para restarle importancia a su salida definitiva del mundo político. Fue en febrero, cuando trascendió que había llegado a acumular 1,5 millones de euros en una cuenta en Suiza. Precisamente este dinero es, al parecer, el origen de esta macrooperación.
Valdemoro, el epicentro
El alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, uno de los detenidos que ya se encuentran en dependencias de la Guardia Civil, se labró una carrera en el PP de la mano de Granados. Él mismo recordó en su discurso de investidura a Granados como “el responsable de que yo me hiciera en política”. Aunque no siempre lo hizo en Valdemoro.
En realidad, ganó la alcaldía en las elecciones de 2011 'importado' desde Ciempozuelos, otra localidad cercana. De hecho, una de las primeras acusaciones que cayeron sobre él fue, precisamente, la de llegar a alcalde sin ni siquiera ser vecino. Él siempre negó este supuesto, pero lo cierto es que en su currículum figura que fue concejal de Hacienda en Ciempozuelos bajo el mando de su cuñada, María Ángeles Herrera García (PP).
La familia no se libra de escándalos. Hace apenas unos días trascendía la compra de una bandera para el Ayuntamiento de Ciempozuelos por casi 22.000 euros. La alcaldesa atribuyó buena parte del importe, denunciado por la oposición, “al IVA y los gastos de instalación”. En su paso por Ciempozuelos, Boza conoció a quien después se convirtió en su jefe de Gabinete, Alfredo Ovejero. En 2012, poco después de tomar posesión, el flamante alcalde protagonizó otra polémica por subir el sueldo a sus más estrechos colaboradores en plena marea de recortes. En concreto, el salario de su mano derecha se incrementó un 50%, según se publicó entonces.
Los grupos de la oposición en el municipio también denunciaron en 2013 contrataciones fraudulentas entre los propios miembros del Gobierno local. En total, 40 contratos municipales adjudicados a dedo a las empresas que administraba el propio Ovejero, troceados de tal manera que ninguno superara el importe que exige un concurso público.
Pequeños satélites
Gonzalo Cubas Navarro (PP), alcalde de Torrejón de Velasco, es el más joven de los ediles detenidos en la operación Púnica. Tiene 32 años. Se consagró en las elecciones de 2011 consiguiendo 8 de 11 concejales para el PP. En una entrevista concedida poco después de ese triunfo, el flamante regidor presumía de honorabilidad. “Hay políticos corruptos, pero la mayoría son gente de bien que dedica su tiempo a los demás, y los 'chorizos' deben estar fuera de la política automáticamente”.
En el caso de David Rodríguez Sanz (PP), la obtención del bastón de mando de Casarrubuelos resultó un poco más trabajosa y enrevesada. Era un pequeño bastión de IU desde 1995. Pero con la muerte del histórico alcalde se produjo una escisión en el partido, y la edil que lo reemplazó, María Soledad Lavín, formó otra fuerza política: la Agrupación Vecinal de Casarrubuelos (AVC). Los cuatro concejales del PP y los dos de la AVC protagonizaron en 2012 una moción de censura que quitó el poder a Álvaro Sánchez Vara (IU).
En la justificación pública de esa moción hablaban de la deuda de la localidad, de 3.400 habitantes, que alcanzaba a principios de 2012 los 8,8 millones de euros, según sus datos. Aunque es un municipio pequeño, la edad dorada del ladrillo no se olvidó de este Ayuntamiento limítrofe con Toledo: en 2007 el Gobierno local aprobó un PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) por el que Casarrubuelos casi triplicaría su tamaño: pasaría de tener 600 viviendas a 1.600.
Antonio Sánchez Fernández del Valle, de Unión Demócrata Madrileña (UDMA), dirige Serranillos del Valle con el apoyo de la única concejal del PSOE. Como es un Ayuntamiento tan pequeño, muchos de sus servicios se gestionan a través de la Mancomunidad de Municipios del Suroeste, a la que también pertenecen Casarrubuelos y Torrejón de Velasco –además de Arroyomolinos, Batres, Cubas de la Sagra, Griñón, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio y Torrejón de la Calzada–.
Parla, lo que queda del cinturón rojo
La excepción a esta colección de pequeños pueblos sureños es Parla, que con sus más de 125.000 habitantes es uno de los ayuntamientos más grandes de la zona. Y lo que queda (junto con Fuenlabrada) de aquel tesoro de votos socialistas llamado 'cinturón rojo de Madrid'.
José María Fraile, el alcalde, es el heredero político y una persona muy cercana al actual secretario general del PSM, Tomás Gómez. Llegó a la alcaldía de Parla en 2008 como reemplazo de Gómez, que cambiaba el sur por la plaza de Callao para dirigir a los socialistas madrileños. Actualmente Fraile está procesado por un caso de prevaricación. Por, supuestamente, despedir de manera irregular al jefe de la Policía Local en 2009. Hace un mes anunció que no se presentaría como candidato a las elecciones municipales de 2015, aunque desvinculó esa decisión “personal” del caso judicial.
“El mío no es un caso de corrupción. Fue una decisión administrativa por retirar del servicio a un funcionario (el jefe de Policía) que consideraba que no estaba haciendo bien su trabajo. Es cierto que estoy inmerso en un juicio, pero creo que la decisión fue acertada porque la situación policial de la ciudad ha mejorado”, señaló Fraile.
El color político de Parla no fue un impedimento para adjudicar contratos a las empresas de David Marjaliza. De hecho, según consta en su propia página web, Cofely consiguió en julio de 2013 con Fraile uno de sus mayores negocios: 54,7 millones de euros por “servicios energéticos para diversas instalaciones municipales”.
Si el histórico signo socialista del municipio no supuso un problema para Marjaliza, sí constituyó, curiosamente, el empujón definitivo para su amigo de la infancia Francisco Granados. Precisamente, la existencia de ese cordón de izquierdas otrora inexpugnable fue lo que le encumbró. Esperanza Aguirre lo recordó este lunes en la rueda de prensa en la que pidió perdón por haberle dado puestos de responsabilidad. “Era el único que había ganado una elección en la zona sur, y nos pareció correcto en el PP contar con alguien que tenía una gran formación y que había nacido y se había criado allí”.
Una vez más, mera cuestión de geografía.