El camino de la Ley Trans parece más despejado que nunca después de que la Comisión de Igualdad respaldara la norma y tumbara la enmienda del PSOE para introducir cambios en la autodeterminación de género de los menores. Todavía puede haber cambios porque aún restan varios pasos para su aprobación definitiva, pero los socialistas ya han adelantado que no volverán a presentar la propuesta. “Nos hemos quedado solos”, ha dicho el ministro de la Presidencia Félix Bolaños mientras el Ministerio de Igualdad celebra el resultado de la votación.
La intención del PSOE era que los menores de entre 14 y 16 años requirieran aval judicial para modificar su sexo legal, tal y como la ley contempla para los que tienen entre 12 y 14, pero finalmente se quedará como salió del Consejo de Ministros: para esa franja de edad solo será requisito el consentimiento de sus progenitores y a partir de 16 años no habrá condiciones. Pero la Comisión de Igualdad sí dio el visto bueno a algunas otras enmiendas, en total una veintena.
Varias de ellas hacen referencia a cuestiones técnicas o modificaciones en definiciones. Otras apuntan a cambios de más calado. Entre ellas, las impulsadas por el PSOE relativas a la violencia intragénero, la que se da entre parejas del mismo sexo, que sí han sido respaldadas. Lo que hacen es eliminar del texto cualquier referencia al respecto y suprimir la previsión que establecía que las víctimas de esta violencia tendrían los mismos derechos laborales y de la Seguridad Social que las víctimas de violencia de género.
Finalmente, la nueva redacción estipula, en general, que las víctimas de violencia doméstica podrán solicitar “la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica o el cambio de centro de trabajo”, aunque las empresas no estarán obligadas a la concesión. El PSOE argumenta que la actual regulación de la violencia doméstica y de género ya “da cobertura a todos los supuestos”, mientras que regular la intragénero “genera un plano de protección superpuesto que induce a confusión”.
También a petición de los socialistas se han incorporado medidas para prevenir el sinhogarismo entre personas LGTBI, promover el turismo LGTBI, fomentar campañas en el ámbito rural y abordar el fenómeno conocido como sexilio, el abandono de los pueblos de origen de personas LGTBI por esta causa. Así, en el plazo de un año desde la aprobación de la norma, se recabarán datos sobre esta migración interior, y teniendo en cuenta esta información, se barajará contemplar el sexilio como “causa de despoblación” en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno para intentar frenarla.
Además, las empresas de más de 50 trabajadores estarán obligadas a contar con medidas y recursos para lograr la igualdad LGTBI, contando con un protocolo contra el acoso por LGTBIfobia. Y estipula un plazo: 12 meses desde la aprobación de la ley.
Varias enmiendas transaccionales pactadas in extremis fueron también incluidas a la norma. Una, a petición de Junts, contempla un nuevo artículo con el objetivo de prohibir “las subvenciones, recursos y fondos públicos” concedidos tanto directa como indirectamente a personas físicas o jurídicas que “cometan, inciten o promocionen LGTBIfobia, incluyendo la promoción o realización de terapias de conversión”.
A petición de Ciudadanos, salió adelante la obligación de que el Consejo de Participación de las Personas LGTBI, que es el órgano de interlocución de las organizaciones sociales con la Administración Pública, esté obligado a presentar una memoria cada seis meses sobre su actividad y reuniones. Además, los grupos acordaron retirar del articulado el mandato de que quienes causen discriminación por LGTBIfobia otorguen una indemnización a las víctimas para “reparar el daño causado”.
No fueron apoyadas, sin embargo, la enmienda conjunta de Unidas Podemos con los aliados habituales del Gobierno para reconocer a las personas no binarias, por lo que las Administraciones Públicas no deberán “garantizar” que la documentación y los formularios se adecúen a la diversidad, “incluidas las personas no binarias”. Tampoco se articularán medidas para “omitir, a petición de la persona interesada, la mención relativa al sexo en los documentos oficiales”.
Tampoco contó con el apoyo suficiente la propuesta de Más País-Equo que pretendía castigar con penas de prisión a quienes lleven a cabo terapias de conversión con personas LGTBI. La redacción actual contempla que se trata de una infracción muy grave, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros. Los de Iñigo Errejón proponían convertirlo en delito y castigar a las personas que las realicen con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.
Los socialistas no han logrado tampoco que su propuesta sobre la reversibilidad fuera respaldada. Con ella aspiraban a que quienes cambien su sexo legal y quieran después recuperar el anterior requieran autorización judicial, algo que la norma actual establece para el tercer cambio. Las enmiendas pueden aún seguir manteniéndose vivas y se votarán en, al menos, otras dos ocasiones.