El Gobierno reacciona ante la cruzada contra la memoria histórica que encabezan PP y Vox. La idea es llevar al Tribunal Constitucional a las comunidades que deroguen las leyes ya aprobadas, como ha hecho Aragón y pretenden hacer la Comunitat Valenciana y Castilla y León, lo que supone un retroceso en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta fue una de las medidas estrella de los pactos rubricados entre el PP y Vox para gobernar, una exigencia que la extrema derecha ha llevado hasta sus últimas consecuencias pero que también los populares han enarbolado históricamente.
El modus operandi está siendo el mismo en todos los casos: las derechas defienden que las normas vigentes reabren heridas, “dividen en bandos” a la sociedad y promueven “una visión sesgada” de la historia, tal y como rezan las proposiciones de ley presentadas en la Comunitat Valenciana y Castilla y León, con las que PP y Vox pretenden sustituir la memoria democrática por leyes “de concordia”. Con la derogación de la norma en una fecha tan simbólica como el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, Aragón se convirtió en la punta de lanza de esta ofensiva, aunque en su caso, de momento, la alternativa no ha pasado de un plan “de concordia” que aún no ha sido aprobado.
Para el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha elevado este martes al Consejo de Ministros un informe jurídico que analiza las legislaciones, lo que está ocurriendo es producto de “una imposición” de Vox mientras que el PP “se deja llevar” por la ultraderecha y “es sumiso a ella”.
Sin embargo, la aproximación que la formación ha hecho habitualmente a la memoria histórica ha distado mucho de mostrarse comprometida con ella. Al contrario, la han cuestionado y tergiversado hasta el punto de equiparar el franquismo y la Segunda República u obviar en múltiples ocasiones que lo que se produjo en España fue un alzamiento militar contra un régimen establecido democráticamente. Más allá de los posicionamientos públicos, Mariano Rajoy llegó a derogar de facto la primera Ley de Memoria Histórica, de 2007, al destinarle en los presupuestos cero euros durante sus siete años en La Moncloa.
Sí es cierto que en los últimos años los populares no han movido ficha con las leyes autonómicas –incluso las han impulsado en algunos territorios– y no ha sido hasta que han requerido los votos de Vox para gobernar cuando han materializado el retroceso. De hecho, en Castilla y León, el actual decreto de memoria democrática fue aprobado por el último Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera (PP) mientras que la norma aragonesa, de 2018, “contenía artículos con enmiendas que el PP propuso en su día”, ha detallado el ministro. Así, los populares intentan echar balones fuera cuando se les pregunta por los pasos atrás en un intento, de nuevo, de hacer equilibrios para contentar a distintas facciones ideológicas.
Promesas de derogación
Con Alberto Núñez-Feijóo como presidente del partido, la derogación económica de Rajoy se convirtió en la promesa de un borrado efectivo de la ley. El plan con el que se presentó a las elecciones generales del pasado 23J incluía la derogación de la ley estatal de memoria democrática, que entre otras cosas declara ilegal la dictadura, justificándolo en que la norma “impide recuperar la concordia y el acuerdo”. En su caso, Feijóo proponía sustituirla por otra “consensuada que refuerce los principios y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición”.
Es la línea que en su momento ya propuso el expresidente popular Pablo Casado, que a finales de 2020 anunció la presentación de una Ley de Concordia en sustitución de la de Memoria Democrática que, según defendió, provoca “la sectaria reescritura de la historia que arroja paladas de rencor sobre la sociedad española”. De nuevo, el argumento era el mismo: en la Transición “no hubo ocultación ni sometimiento”, solo “grandeza moral y reconciliación”, dijo Casado obviando las cuestiones pendientes por las que Naciones Unidas ha llamado la atención a España, como las miles de fosas que siguieron sin abrir, los símbolos de exaltación franquista o los crímenes no juzgados.
Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) e impulsor en el año 2000 de la primera exhumación con métodos científicos, la extrema derecha ha supuesto un claro revulsivo “y ha añadido algunas cosas que el PP no se atrevería a hacer” por si solo, pero coincide en que el corpus ideológico “es bastante similar”: “Coinciden en que hay que buscar a los desaparecidos porque es algo humano. Ante el conocimiento de los crímenes y la aparición física, social y política de las víctimas de la dictadura en los últimos años, hay cosas que tienen que aceptar, pero quieren seguir escondiendo los nombres de los verdugos, manteniendo homenajes y calles a los golpistas y equiparando la dictadura a la República”.
Equiparar etapas
Así lo hacen tanto la propuesta de ley valenciana como la castellanoleonesa, que hacen un esfuerzo por evitar palabras como dictadura o golpe de Estado. “La Guerra Civil llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores. Por toda España se extendieron los asesinatos masivos, las represalias socioeconómicas, los atropellos de derechos fundamentales y los desplazamientos forzosos de población”, rezan ambos textos. “España ha vivido profundas crisis, pero sobre todo, una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico”, equipara la norma valenciana.
Y algo así han sostenido también los líderes populares: según Pablo Casado, que se refirió en 2015 a la izquierda como “carca” por estar “todo el día con la guerra del abuelo”, defendió unos años más tarde, en 2021, que la Guerra Civil fue “un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”, omitiendo que fue un conflicto derivado de un alzamiento militar contra el Gobierno legítimo de la Segunda República, surgido de las urnas.
Poco después, evitó cuestionar en una charla a Ignacio Camuñas, exministro de Adolfo Suárez, que afirmó que “el principal responsable de la Guerra Civil fue el Gobierno de la República” para después asegurar que “lo que pasó en 1936 no fue un golpe de Estado”. Casado, sentado a su lado, no solo no hizo ningún ademán por corregir tales expresiones, sino que cuando terminaron las intervenciones espetó “¡Qué lujo de discursos!”. No solo fue Casado. Ya como líder del PP, Feijóo hizo su particular interpretación de lo que ocurrió hace más de 80 años, que redujo a algo así como una riña familiar: “Nuestros abuelos y bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron”.
Leyes “de impunidad”
Tras la “concordia” y la “reconciliación” a la que se refieren PP y Vox hay una intención, según creen las asociaciones memorialistas. También el Gobierno, para el que el impulso de estas legislaciones supone “blanquear el franquismo”, según el ministro Torres, que ha defendido que las leyes de memoria y las exhumaciones “son para todas las víctimas”, pero las que no han sido exhumadas son “las del bando vencido” de la guerra mientras que “los vencedores fueron exhumados y sus familias compensadas y homenajeadas con Franco vivo”.
“Cuando hablan de concordia están repitiendo el contenido de lo que el discurso oficial llamó en la Transición reconciliación, que en realidad lo que supuso fue que las víctimas de la dictadura se quedaran con el daño y todas sus consecuencias y los verdugos con sus privilegios”, sostiene Emilio Silva, que piensa que las derechas “aceptan la búsqueda de desaparecidos”, pero pretenden “que todo lo simbólico y cultural que hay alrededor de los crímenes cometidos quede oculto, como hasta ahora”.
El sociólogo y periodista explica que la reconciliación es un término que “incluso están abandonando los grandes organismos de derechos humanos del mundo” porque “suena maravillosamente pero suele estar vacía”. “No hay duda de que la mejor reconciliación posible es la justicia, algo que nadie ha permitido que obtengan las víctimas de la dictadura”, considera el presidente de la ARMH, que insiste en que la concordia, tal cual la usan los populares y la extrema derecha, significa “preservar la impunidad, dejar las placas a los caídos por Dios y por España, no contar la historia de quiénes eran los golpistas y los que se beneficiaron de la corrupción política y económica de la dictadura y mantener la ignorancia de ese pasado”. “Las legislaciones de concordia son leyes de impunidad del franquismo”, zanja.