Debajo de todo el ruido hay una ley. Una norma, la ley Celaá o Lomloe, que aunque pueda no parecerlo por momentos habla de más cosas que de la escuela concertada y el castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Que trasciende la presencia o no de Religión en la escuela y también habla de Educación. Entre la comunidad educativa, con todos los matices que tiene hablar de un grupo tan grande y heterogéneo, y dejando fuera a todo lo que queda bajo el paraguas de la plataforma Más plurales (que centran su atención en esa parte en la ley), la Lomloe parece haber traído una doble sensación: una cierta alegría de que se haya derogado su predecesora, la Lomce de José Ignacio Wert, y una cierta frustración por el texto aprobado, que deja fuera elementos nucleares para el profesorado en su día a día en las aulas, con la bajada de las ratios a la cabeza. “Es un desprecio a lo que los profesores que sí ejercemos la enseñanza venimos reclamando, como la urgencia de disminuir el número de alumnos por aula, que también esperará 'a mejor ocasión”, lamenta en este sentido Alberto Royo, profesor de Música en un instituto navarro.
Como toda buena ley educativa que se precie –y en España tenemos la experiencia previa de la aprobación de otras siete antes de esta–, la norma ha generado lecturas de todos los colores.
Por ejemplo, respecto a la oportunidad de la norma justo en este momento o la manera en que ha sido redactada primero y tramitada después. En cuanto a lo primero, Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Granada, duda de la necesidad de realizar los cambios cualitativos que afectan a elementos más puramente educativos (y no de organización del sistema o reparto del alumnado) a través de una ley orgánica. “En la mayoría de los países, para cambiar el currículum no hace falta cambiar la ley”, explica.
Respecto a la segunda cuestión, organizaciones dispares como el sindicato de profesores Anpe o la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes Canae coinciden en criticar las formas con las que el Ministerio de Educación de Isabel Celaá ha sacado adelante la norma. “Han hecho esta Ley sin contar con nosotros, no la han consensuado con la comunidad educativa, y este es el error que han cometido todas las leyes educativas hasta la fecha”, lamenta Andrea G. Henry, presidenta de la Confederación de Estudiantes.
Aunque no todas, la mayoría de las patronales de escuelas concertadas y la principal de familias católicas, Concapa, han dejado clara su postura en las calles estas últimas semanas y han disparado a la ley con todo lo que tienen, menores incluidos, en la campaña de Más plurales. La principal asociación de familias de la escuela pública, Ceapa, apoya un texto que pone las bases para avanzar hacia un modelo de educación “más moderno, plural, equitativo y de igualdad de oportunidades”.
¿Y las ratios?
Las organizaciones sindicales educativas están entre las más satisfechas por la derogación de la Lomce. “Entendemos que el nuevo texto tiene como objetivos el éxito de todo el alumnado, a través de la mejora continua de los centros y una educación más personalizada, desde los principios de atención a la diversidad de todas las personas y de coeducación; así como reforzar la equidad, la calidad y la capacidad inclusiva del sistema, cuyo eje vertebrador es la educación comprensiva”, valora CCOO. Stes celebra “la eliminación de los aspectos más lesivos de la Lomce: segregación del alumnado, eliminación de competencias a claustros y consejos escolares, calificación de la materia de Religión, reválidas”.
UGT también realiza una lectura positiva, pero introduce un elemento en la ecuación que brilla por su ausencia en la ley y que probablemente sería el que cambiarían la mayoría de los profesores si pudieran escoger uno: “Es un primer paso en la dirección correcta, para abordar una reforma en profundidad en nuestro sistema educativo”, concede el sindicato, “aunque seguimos echando en falta otras demandas, que creemos pueden incluirse todavía en el trámite parlamentario, como son la rebaja de las ratios”.
La palabra mágica: ratios. CCOO y Stes, además de cualquier docente al que se le pregunte, también incluyen esta demanda en su lista de “debes” de la ley. “La mejor apuesta curricular y metodológica se puede ver arruinada por un aula masificada, como las que ahora mismo seguimos teniendo en determinadas etapas educativas”, explican desde CCOO. Un elemento que se ha visto más relevante aún, si cabía, durante el confinamiento y la obligatoriedad de dar clases a distancia. “Todos los motivos por los que denunciábamos el exceso de las ratios se han incrementado ahora”, explica Guadalupe Jover, profesora de Secundaria en Madrid. “La educación a distancia requiere una personalización aún mayor, estamos multiplicando el tiempo de dedicación a los chicos y aún nos queda la sensación de no llegar”.
Unas ratios más bajas, explican los docentes, son unos alumnos mejor atendidos. Una medida cara porque implica contratar más profesorado, conceden, pero que “rinde beneficios al día siguiente de aplicarla”, según Javier, profesor de la ESO. De momento se quedan como están: las ratios máximas son de 25 de alumnos por aula en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, según están ahora mismo. Las comunidades autónomas tienen la capacidad de bajarlas.
De repetición y exigencia
Anpe es el sindicato de nivel nacional más disconforme con la norma. A sus quejas por lo que entienden ha sido falta de diálogo en la tramitación de la ley añaden lo que valoran como “una quiebra de los valores de esfuerzo y mérito” por “la búsqueda de promocionar y titular de manera semiautomática al alumnado”, en alusión a que la Lomloe establece que la repetición será algo “excepcional” y que no podrá ocurrir más de una vez en Primaria y dos veces en total en toda la etapa obligatoria, sin vincularlo definitivamente a un número de asignaturas suspendidas.
Royo pone voz a los que coinciden con esta visión. Este profesor de Secundaria critica “la incuestionable rebaja en la exigencia que este Gobierno va a imponer, con la insistencia en evitar la repetición de curso (que cualquier profesor ha considerado siempre excepcional, pero de ninguna manera se ha de condicionar, pues su conveniencia debe basarse en la adquisición o no de los contenidos mínimos por parte de un alumno y no de otras cuestiones subjetivas y difíciles de valorar) o con la posibilidad de pasar de curso sin importar el número de suspensos”. Cree este especialista en Música que esta medida “perjudica a todos, pero muy especialmente a los alumnos con dificultades (porque sin exigirles, no se podrán detectar sus dificultades) y a los desfavorecidos, porque si en la escuela no se les proporciona conocimientos, no podrán encontrarlos en otro sitio”.
Fernando Trujillo, profesor de Didáctica en la Universidad de Granada, disiente de Royo. “No veo rebaja de la exigencia”, señala. “Veo un ejercicio de confianza en el profesorado y los claustros para que hagan lo que saben: decidir en qué medida se ha desarrollado un alumno en un curso, qué competencias ha desarrollado y conocimientos ha adquirido. Y si todo eso, y no haber adquirido unos ciertos aprendizajes, le permite seguir avanzando o le supondrá un problema en el futuro”, argumenta. Bolívar se alinea con Trujillo y argumenta que “todos tienen derecho a la educación, y la escuela [en su acepción más amplia] no puede quitar ese derecho por la familia en la que has nacido”, en alusión a que el origen socioeconómico de un alumno marca buena parte de su futuro desempeño académico.
Estos profesores ejemplifican la diversidad de visiones respecto a esta medida. Royo cree que no deben obviarse el número de suspensos y que las cosas cuantificables son más fáciles de medir que las subjetivas. Trujillo sostiene que “es hora de dejar atrás esa visión cuantitativa de la promoción”.
La docencia
Otra de las novedades que incorpora la ley es que permitirá la agrupación de asignaturas por ámbitos. Que se pueda dar, por ejemplo, Matemáticas y Física de manera conjunta si ambas materias están relacionadas. Es novedoso que una ley lo recoja, pero no tanto que se practique: se realizaba de manera informal en ciertos sitios como la Comunidad Valenciana y el confinamiento le dio un pequeño impulso. La Lomloe le da respaldo legal ahora.
“Las ciencias de la Educación lo vienen estudiando hace años”, se muestra favorable Trujillo. “Nuestro currículum está excesivamente fragmentado. Hay contenidos de Físicas que aparecen un año después en Matemáticas. La integración es una tendencia en el mundo, la vida no funciona separada”, expone. Desde CCOO también se muestran favorables: “Es necesario dar un paso más hacia las finalidades educativas, poniendo el foco en los aprendizajes por encima de las asignaturas. Hace falta un currículo que parta de las finalidades globales de los enfoques y objetivos del sistema, y que se desarrolle en ámbitos, núcleos temáticos y proyectos de trabajo”, valoran.
Royo, sin embargo, ve perjudicial “la consideración de los saberes como algo discutible y la intención de encaminar las diferentes disciplinas a una especie de batiburrillo gaseoso e interdisciplinar, cuando la necesidad de que el profesor disponga de una sólida cultura general no es incompatible (todo lo contrario) con el dominio de la materia de la que es especialista”. UGT se sube a este carro, aunque desde un punto de vista más corporativo, y muestra su “preocupación” por la enseñanza por ámbitos y se pregunta cómo puede influir en las plantillas docentes.
¿Hacia dónde van los currículos?
Otro de los aspectos en los que ha hecho más hincapié la ley –y la ministra Celaá subraya cada vez que tiene la ocasión– es el currículum. Aunque el detalle vendrá marcado por el desarrollo reglamentario posterior que ha de llevarse a cabo, el texto ya ofrece unas pistas acerca de la pretensión de rebajar la cantidad de contenidos de unas materias que, en esto hay más o menos consenso, son prácticamente inabarcables. “El currículum de la Lomce no era mantenible”, sostiene Bolívar, quien explica el caos que había organizado: primero el PP no quería el enfoque por competencias “porque pensaba que era socialista, pero luego se dieron cuenta de que era europeo”. Metieron los estándares evaluables de aprendizaje, una compleja fórmula para medir los conocimientos de un alumno, que ellos mismos quitaron, lo mismo que sucedió con las reválidas.
Para Trujillo los cambios son buenas noticias. “Que se diga en el artículo 6.2 que el currículo no es una carrera de obstáculos ya es un avance”, sostiene. “La cosa va de adquirir competencias, no contenidos. Algo no conseguido en 1º de Primaria se puede adquirir en 2º. El ejemplo claro de esto es la lectoescritura, que no es blanco o negro”, añade.
“Los inabarcables currículos son causa última de una sobredosis de información que produce ignorancia, de unos ritmos frenéticos que impiden la lentitud necesaria para el aprendizaje, de unas jornadas maratonianas que aún reclaman la prórroga de los deberes en casa”, escribe Jover. Royo podría estar de acuerdo en el diagnóstico, pero no en la solución que ofrece la Lomloe. “La manía de buscar una reducción del currículo (es decir, de los saberes), no en el sentido de racionalizar, matizar o mejorar, que sería lo sensato, sino de disminuir los contenidos, que la Ministra considera excesivamente 'memorísticos' (lo cual es falso) y 'enciclopédicos'”, critica.
La ley también entra (algo) en la metodología docente. El artículo 19.4, cita Trujillo, establece que “se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas”, lo cual traduce en el aprendizaje basado en proyectos, un planteamiento metodológico que implica la mezcla de varias disciplinas “que ha funcionado muy bien en otros países y aquí ha costado mucho incorporar”. Royo, sin embargo, cree con carácter general que las alusiones al cambio de enfoque metodológico que, según Celaá, requiere la enseñanza, “no es otra cosa que el intento de coartar la libertad metodológica del profesor, cuando, además, lo que un profesor debe tener es diversidad metodológica y flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, todo ello anclado en un profundo dominio de aquello que enseña”. Para este docente, lo que propone la ley supone “una intromisión”.
Además, el redactado de la ley está repleto de otras medidas, de mayor o menor calado, que para Trujillo suponen un avance. Destaca este profesor universitario entre ellas la recuperación de los ciclos en Primaria (la agrupación de cursos a modo de conjunto), la recuperación del carácter educativo de la etapa de Infantil que la Lomce laminó, que se especifique que en la enseñanza de lenguas extranjeras hay que utilizar esa lengua como vehicular y la propia como auxiliar, la mención de la educación no formal (la que ocurre fuera de los circuitos oficiales) como parte del proceso educativo continuo o la recuperación de los programas de diversificación curricular, una ruta alternativa y más flexible hacia el título de Secundaria para el alumnado de 2º de la ESO que no logra promocionar a 3º.