El pasado domingo Pedro Sánchez hizo hincapié en la “disciplina ciudadana” como apéndice al estado de alarma para frenar los contagios de coronavirus en España: “Cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos y más protegeremos la salud de todos y a nuestros seres queridos”. Limitar las reuniones sociales al máximo no es solo una recomendación, sino que forma parte de las restricciones que han aprobado varias comunidades autónomas y que reciben el amparo legal del decreto de alarma. Sin embargo, estas no aplican a los eventos empresariales, reuniones laborales y citas institucionales.
El último ejemplo ha sido la entrega de premios de un medio de comunicación que ha sembrado la polémica por reunir a cuatro ministros y a varios presidentes autonómicos entre otras decenas de personalidades empresariales y políticas. Tan solo un día después de decretar un estado de alarma nacional y de proclamar nuevas medidas que limitan las libertades de la población, como el toque de queda nocturno, algunos de sus impulsores se encontraron con casi un centenar de personas en el Casino de Madrid.
Muchos de los allí presentes habían recomendado activamente establecer “grupos burbuja” sociales y practicar un confinamiento voluntario ahora que la incidencia del virus está disparada, entre ellos el ministro de Sanidad, Salvador Illa, o José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de la ciudad donde se celebró la gala. “Pido a los madrileños que salgan lo menos posible”, advirtió el último hace unas semanas. Estas palabras tomaron un cariz apremiante e incluso impositivo con la declaración del estado de alarma, que derivó en una cascada de cierres perimetrales y restricciones más drásticas en todo el país.
Tanto Illa como Almeida han salido a dar explicaciones. El primero se ha pronunciado ante el Congreso: “Muchos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas y las distancias, pero tienen razón. Hasta los actos en los que se cumplen los requisitos es mejor evitarlos. La mejor distancia es no estar”, ha indicado el ministro. El alcalde, por su parte, ha aprovechado las disculpas para recordar que la fiesta era “totalmente legal”.
Es cierto que el estado de alarma exime a eventos como el anterior de las normas aplicadas a las reuniones en el ámbito público y privado. “No estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales e institucionales”, aclara el último Boletín Oficial del Estado. Pero, fuera del papel, esto genera desconcierto a nivel social e incongruencia a nivel epidemiológico: mientras que los gobiernos autonómicos pueden limitar a 6 personas o menos el ámbito privado, el empresarial apenas se ha visto afectado.
“El virus no cambia si el evento de 150 personas es empresarial o familiar”, dice Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). “Ni si reúne a políticos, a empresarios o a personas jóvenes”. En su opinión, una fiesta de estas características no se diferencia de las particulares o de los botellones porque “todas incluyen actitudes no favorables, como la movilidad relajada entre personas, donde se come, se bebe y por momentos hasta se está sin mascarilla”, enumera el experto. En su opinión, lo tiene todo para desvelarse como un “evento supercontagiador”.
Respecto a la excepción que hace el estado de alarma, Gullón prefiere remitirse al documento aprobado por el Consejo Interterritorial solo tres días antes. “Mientras debatimos la medida de moda –el toque de queda– se nos olvida que se recomienda restringir y hasta prohibir este tipo de eventos sociales incluso en los niveles de riesgo más bajo”, incide el epidemiólogo.
El semáforo que estableció Sanidad para describir tres niveles de alerta posibles incluía una propuesta de actuación ante distintos escenarios, pero dejaba en manos de cada autonomía decidir si lo aplicaba o no. En el punto que se refiere a congresos, reuniones de negocio o encuentros profesionales, el Nivel 1 de riesgo (el más bajo) indica que no debe superarse el 75% del aforo ni los 50 asistentes; el 2 lo mismo pero con el 50% del aforo y 30 asistentes y el Nivel 3, en el que se encuentra Madrid, insta a que se celebren telemáticamente. La gala a la que asistieron decenas de políticos el lunes no cumplía ninguno de estos supuestos.
Además, el documento califica este tipo de celebraciones como de “riesgo medio”, es decir, en los que debe garantizarse una buena ventilación si es que no pueden ser al aire libre, un contacto controlado y actividades que sean compatibles con el uso de la mascarilla. “Nada de eso se cumplía allí, así que la posibilidad de que el virus se transmita si había una persona positiva, es muy alta”, describe Gullón. “Lo peor no es que vayan políticos, porque es su decisión, sino que haya unas personas trabajadoras que no eligen estar allí y a las que también se expone”, dice.
Aunque no esté prohibida, cree que la presencia de los miembros del Gobierno y de los dirigentes autonómicos “da la sensación de que los responsables del control de la pandemia son otros”. “En términos de cumplimiento de las medidas ciudadanas no sé si afectará, pero seguro que va a perpetuar esta ola de descrédito hacia la labor política y hacia la capacidad que tienen las administraciones para hacer frente a la emergencia sanitaria”, asevera.
Para los epidemiólogos, las medidas tienen que ser proporcionales para que la sociedad las acepte. “La comunicación en Salud Pública es difícil, por eso debe ser muy rigurosa y coherente con lo que se predica”, defiende Gullón. En ese sentido, mientras se están aprobando medidas “muy duras” destinadas a frenar la transmisión en “la parte ociosa” de la vida del país, “el 13% de los brotes se producen en el ámbito laboral y las normas ahí son mucho más laxas”, cuenta el experto.
Esto se solucionaría de dos formas, en su opinión: “Garantizando el riesgo cero mediante inspecciones y evitando cualquier situación que no sea necesaria como ocurre en muchos casos con las reuniones o con el trabajo presencial”. El teletrabajo ha vuelto a quedar en un segundo plano en el decreto del estado de alarma, que no contempla nuevas medidas laborales que se añadan a las ya existentes. De hecho, el ámbito laboral está excluido de las limitaciones sanitarias de movimiento, tanto por la noche como entre comunidades perimetradas, y figura como una salvedad a la restricción general de las reuniones de un máximo de seis personas.
Bien es cierto que que “el trabajo a distancia al 100% no vale para todas las empresas, porque requiere una cultura muy trabajada y deliberada de trabajo en remoto”, como indica Eva Rimbau, profesora de Recursos Humanos en los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y especialista en esta fórmula. Pero sostiene que con fórmulas de organización con un 30% de la jornada semanal a distancia las empresas “no tienen que cambiar prácticamente nada, se pueden adaptar bastante fácilmente”. Aún así, muchas personas de nuestro país son obligadas a asistir en persona al trabajo en plena ola de rebrotes pese a tener la capacidad de hacerlo desde casa y haberlo hecho durante varios meses en el confinamiento.
El “fomentar al máximo el teletrabajo” vuelve a ser una mera recomendación en el plan de “respuesta coordinada” del Consejo Interterritorial, como en el caso de los eventos y congresos empresariales. “Hay mucho miedo a tocar ámbito de lo productivo, están siendo demasiado cautelosos limitándose a las recomendaciones en lugar de legislar sobre ello”, opina Gullón. Aunque el presencialismo está a la orden del día, “las empresas siguieron funcionando a distancia durante el primer estado de alarma”, confirma, por lo que no tendría por qué ser diferente en este segundo escenario epidemiológico.
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