Es la nueva fase de gestión de la pandemia: sin aislamiento obligatorio generalizado. Tras varias semanas de descenso de los contagios y los hospitalizados, el Ministerio de Sanidad considera que ha llegado el momento de poner sobre la mesa la nueva estrategia para vigilar y controlar la COVID-19, sobre la que ya se empezó a hablar en pleno pico de la sexta ola. La Ponencia de Alertas, integrada por técnicos del Ministerio y de las comunidades autónomas, ha cerrado ya el primer documento a fecha 24 de febrero, al que ha tenido acceso elDiario.es.
Se trata de una “estrategia de transición tras la fase aguda de la pandemia” que centra las actuaciones y la vigilancia en las personas y ambientes “de mayor vulnerabilidad” así como en los casos graves, frente al enfoque actual basado en reducir la transmisión del virus en toda la población. El documento es una especie de paso intermedio antes de saltar a una vigilancia a través de redes centinela, como las que se usan en la gripe, y todavía está en fase de borrador. El próximo martes se empezará previsiblemente a debatir en la Comisión de Salud Pública, donde podría modificarse por las alegaciones de las comunidades, según han confirmado varias fuentes a elDiario.es.
El texto provisional justifica que los “altos niveles de inmunidad” han disminuido “drásticamente” la letalidad y los enfermos de gravedad para introducir cambios profundos a varios niveles. Saltar de fase supone un “punto de inflexión” que implica también “gestionar los riesgos”, advierte el borrador, que admite que es tiempo de “evaluar qué niveles de riesgo residual son aceptables para la sociedad sopesando el impacto social de las medidas de control y la disminución observada en la gravedad”. En las últimas semanas, este asunto ha sido el nudo gordiano del debate entre diferentes sociedades médicas y científicas.
Los cambios que desglosamos en las líneas que siguen, en todo caso, no se pondrían en marcha según recoge el documento hasta que haya un nivel bajo de riesgo en la ocupación hospitalaria y de UCI a nivel nacional, al menos la mitad de las comunidades estén en esta situación y los indicadores hayan registrado una tendencia descendente durante dos semanas. Los últimos datos nos acercan mucho a esta coyuntura. Aún no hemos llegado a ella pero es previsible que suceda pronto teniendo en cuenta la evolución de la sexta ola. La Ponencia de Alertas, en todo caso, debe constatar que se cumplen los indicadores y comunicarlo a la Comisión de Salud Pública antes del cambio de estrategia.
De aislamientos obligatorios a recomendados en casos leves. Este es uno de los grandes cambios que acercan a España a la normalidad. Los contagiados o las personas con síntomas ya no tendrán que guardar aislamiento durante siete días como hasta ahora “por motivos de salud pública”.
La nueva estrategia transforma la obligación en una recomendación de “quedarse en casa hasta que desaparezca la fiebre o se presente mejoría de síntomas”. Receta teletrabajo en estas situaciones “siempre que sea posible”, usar “de manera constante la mascarilla”, reducir interacciones sociales, evitar ver a personas vulnerables y no acudir a eventos multitudinarios durante los diez días siguientes al inicio de síntomas. La estrategia incluye, asimismo, que se avise a los contactos estrechos, aunque estén exentos de cuarentena.
La excepción de los trabajadores de residencias, centros sanitarios o cuidadores. Hay varias salvedades a esta norma general. Las personas que trabajan en entornos vulnerables (entendiendo como tal los centros sanitarios, sociosanitarios, penitenciarios o de día) o son cuidadores no desempeñarán su función en los cinco días siguientes al diagnóstico o al inicio de síntomas. Antes de volver y siempre que lleven un día sin sintomatología se les hará un test de antígenos. Si son negativos se podrán reincorporar; si no, se les repetirá la prueba cada 24 horas.
El documento especifica que en las residencias de mayores solo se hará test a los “trabajadores en contacto directo” con los mayores, el resto retornarán a su puesto cinco días después sin necesidad de prueba. En centros educativos se aplicará la estrategia general. No se prevé ninguna medida diferente.
Con el seguimiento de esta población, Sanidad busca no solo proteger a los más vulnerables al virus, sino evaluar el nivel de circulación, ver cambios en la gravedad y detectar aumentos estacionales –por ejemplo, en invierno– si los hay, según recoge el borrador de la nueva estrategia.
Positivos separados en hospitales y residencias. El manejo de los casos positivos en estos entornos cambia menos. La estrategia indica el aislamiento de los residentes positivos durante cinco días al menos y siempre que hayan finalizado los síntomas, además de estudiar todos los contactos estrechos para impedir que se extienda. En estas situaciones, a los contactos se les prescribe prueba diagnóstica entre los tres y los cinco días.
En los hospitales se mantienen también los dos circuitos: los contagios “deberán estar aislados durante su estancia en el hospital” hasta que tengan una PCR negativa o positiva pero con cargas virales bajas. Tras su alta, no se les indicará aislamiento pero se recomienda que permanezcan en casa “si la clínica se mantiene”.
PCR y antígenos restringidos a mayores de 65 años, inmunodeprimidos, embarazadas o ámbitos vulnerables. Únicamente se someterán a pruebas diagnósticas estos grupos de población si tienen síntomas compatibles con la COVID-19, de acuerdo con el borrador de la nueva estrategia, aún susceptible de sufrir cambios, con el objetivo de “recuperar el funcionamiento del sistema sanitario” y “garantizar la adecuada asistencia a la población”. Varias sociedades médicas han planteado en los dos últimos meses que la nueva estrategia debía tomar estos derroteros para evitar el colapso de la Atención Primaria.
También se hará una PCR o antígenos a las personas que hayan estado en los últimos 14 días en una región donde circule una variante nueva que no tenga transmisión comunitaria en España y a los migrantes que llegan en situación irregular, concreta el texto, además de aquellas personas que requieran ingreso en el hospital.
Desde finales de diciembre ya existen en España ciertas restricciones a las pruebas diagnósticas. Solo se realizan PCR a personas vulnerables, por edad o enfermedades. Entonces se tomó la decisión por el desborde que el gran número de contagios generó en los centros de salud y fue un primer paso que acercó a España al punto de inflexión que supone esta nueva estrategia. A partir de ahora, se va a economizar el uso de todas las pruebas y los test de antígenos caseros no se contabilizarán en las estadísticas.
La notificación de casos a Sanidad pasa a ser semanal. La nueva estrategia exime a las comunidades autónomas de la exigencia de reportar diariamente todos los casos al Ministerio de Sanidad. Los positivos seguirán siendo de “declaración obligatoria en todos los niveles”, pero se enviarán semanalmente. El borrador de la estrategia, al que ha accedido elDiario.es, precisa que no se considerarán los resultados de los test de autodiagnóstico. Por otro lado, todos los hospitales comunicarán semanalmente sus niveles de ocupación también y los laboratorios públicos y privados continuarán remitiendo información de cada prueba.
Para ver la tendencia de casos leves, la información se tomará de las redes centinela que ya vigilan las enfermedades respiratorias (códigos IRA), entre ellas la COVID-19 “en las comunidades que puedan disponer de estos datos de forma automática”, precisa el texto.
La vigilancia se basará, cuando se apruebe el documento, en “la notificación de casos confirmados de personas con factores de vulnerabilidad o asociadas a ella y de casos graves”, aunque se pide estudiar las bajas laborales (llamadas técnicamente IT) y las aguas residuales como “información complementaria”. El impacto en la mortalidad se estudiará a partir del Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (MoMo),
Los brotes solo se comunican en entornos vulnerables. Solo se notificarán a nivel central los brotes con tres o más casos que se den en centros sanitarios, asistenciales, hospitalarios, sociosanitarios, penitenciarios y de día. A efectos de intervención, se considerará que hay un brote con un solo caso en residentes o tres entre trabajadores, dice el texto provisional de la estrategia.
Un nuevo semáforo para medir los niveles de riesgo. La nueva estrategia incluye también cambios en el semáforo que mide en qué nivel de riesgo frente al virus se encuentra cada territorio. Para establecer el peligro que supone la COVID-19 en una zona concreta se han cruzado desde el inicio de la pandemia las estadísticas de la incidencia de la enfermedad con la presión asistencial de los hospitales. La última versión, aprobada en noviembre, dejó de incluir las restricciones asociadas a cada escalón por el desacuerdo de las comunidades, que ya entonces eran reacias a tomar medidas en la hostelería. Esto sucedió antes de la sexta ola.
El borrador de la nueva estrategia incluye modificaciones en el semáforo, aunque el propio texto provisional advierte que los umbrales están en revisión. Lo que en este momento figura en el documento tampoco incluye restricciones y no cambia sustancialmente los umbrales de hospitalización ni de UCI.
Sin embargo, sí varían mucho los relacionados con la incidencia acumulada. Se pasa solo a considerar primordialmente el nivel de transmisión entre los mayores de 65 años y los niveles se vuelven mucho más laxos. Si hasta ahora se consideraba riesgo muy alto una incidencia de más de 250 casos por cada 100.000 habitantes en este grupo de edad, ahora esa misma transmisión supone un riesgo bajo. Y el muy alto escala hasta los 2.500 casos. Unas cifras que anticipan que se asumirá en el futuro y con la nueva estrategia un mayor nivel de circulación del virus, siempre que se tenga controlado que los vulnerables no enfermen gravemente ni mueran. El nuevo objetivo de esta etapa.
Más esfuerzo para detectar nuevas variantes. El documento asegura que no podemos dar por hecho que ómicron será la última variante de preocupación. “Durante 2022 y los próximos años podrían surgir otras con diferentes características de transmisibilidad, escape inmunológico y gravedad”, dice el borrador, que indica que el muestro seguirá siendo aleatorio. Sin embargo, la nueva estrategia es más ambiciosa que la anterior y marca secuenciar el 100% de las muestras si la circulación es muy baja y el 20% si es alta. En la sexta ola se estaban secuenciando de media un 5% de las PCR para identificar variantes.
Una estrategia “reversible” si la situación empeora. En esta fase transitoria se indica a las comunidades que conserven el despliegue “extraordinario” para la vigilancia y control de la COVID-19 y que garanticen que “se puede reactivar” si la situación empeora. “Es importante esta reversibilidad de la estrategia”, incide el documento, “ya sea por una peor evolución de los indicadores de gravedad o por la aparición de nuevas variantes”.