El ministro Wert ya puede respirar tranquilo. Su proyecto más ambicioso, la LOMCE, ha superado ya su trámite parlamentario. La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa con el único apoyo del PP. El texto ha contado con el rechazo de PSOE, UPyD, CiU, PNV, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y la abstención de Foro de Asturias.
Ya sólo queda que la refrende la mayoría del PP en el parlamento, pues al tratarse de una ley de carácter orgánico es de obligado cumplimiento que también sea aprobada por el Pleno del Congreso antes de ser remitida al Senado. Esta aprobación se producirá, previsiblemente, en el Pleno del jueves próximo. Después se enviará directamente a la Cámara Alta para dar el sí definitivo entre finales de noviembre y comienzos de diciembre.
La Ley de Mejora de la Calidad Educativa ha salido de la Comisión de Educación con la aceptación de 36 enmiendas parciales de las 770 que se habían presentado. Al dictamen de la normativa se incluyeron en fase de ponencia las 42 presentadas por Grupo Popular, así como otras 13 propuestas de Foro Asturias, BNG y UPN. A ellas habría que sumar 21 pactadas con UPyD, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. Durante la votación no se ha aprobado ninguna de las enmiendas parciales de PSOE, CiU y PNV.
Entre los cambios más polémicos está el que refuerza el papel del castellano en la enseñanza y especifica su carácter de lengua vehicular. El texto anterior se limitaba a mencionar que se garantizara el derecho de todos los alumnos de educarse en castellano. El acuerdo ha sido criticado especialmente por los partidos nacionalistas. Isabel Sánchez (PNV) ha opinado que fijar en la reforma el castellano como lengua vehicular tiene un “claro componente ideológico”, y el diputado Martí Barberá (CiU) ha hablado de modelos lingüísticos “anteriores a la democracia”. El diputado popular Eugenio Nasarre ha afirmado que el actual modelo lingüístico catalán es perjudicial para el conjunto de la sociedad de Cataluña, especialmente para las clases más modestas y trabajadoras.
Otra de las enmiendas clarifica el papel del Gobierno en la evaluación final de primaria en el sentido de que le corresponderá establecer los criterios de la misma y las características de las pruebas para que sean comunes en toda España. Sobre estas 'reválidas', el PNV ha asegurado que “responden a un intento de privatizar, relegando a las autonomías y centros a meras instancias de consulta”.
Otros de los acuerdos alcanzados entre PP y UPyD establece que la elección de los directores de los centros se haga a través de una evaluación en la que se tenga en cuenta, entre otros factores, los resultados de las pruebas a los alumnos realizadas durante su mandato.
Con Foro y Coalición Canaria, los populares han pactado una enmienda sobre el apoyo administrativo a la enseñanza en las poblaciones dispersas, y con el primero de los partidos citados que también desde las administraciones educativas se refuerce el apoyo a los alumnos con déficit de atención o a los de altas capacidades.
“Se puede estar en contra de una ley, pero como partido se puede intentar minimizar daños o intentar mejoras”, ha destacado el portavoz de Educación de UPyD, Carlos Martínez.
El Partido Popular propone incluir la libertad de enseñanza y la de elección de centro por los padres como principios fundamentales de la educación, entre las cuarenta enmiendas parciales que ultima en el Congreso al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Según fuentes parlamentarias consultadas por Efe, se plantea que se incorporen en el artículo uno, sobre principios y fines de la educación.
Los diputados de PSOE, IU, CiU y PNV han vuelto a leer su compromiso conjunto de derogar la LOMCE en una próxima legislatura, como acordaron el pasado mes de julio.