Santiago Cantera y los benedictinos no saldrán, por el momento, del Valle de los Caídos, pero el Gobierno sí les cerrará el grifo. Esta es una de las principales consecuencias de la futura Ley de Memoria Democrática que la Vicepresidencia Primera presentará el próximo martes en Consejo de Ministros, según ha podido saber elDiario.es. Una norma que busca una “resignificación” de Cuelgamuros y que eliminará el poder que los frailes conservan sobre el conjunto, al suprimir la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Según adelantó Infolibre, y ha podido confirmar este diario, la futura Ley de Memoria Democrática extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, “por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. ¿Qué supone esto? Que a partir de ese momento, la congregación dejará de percibir los 340.000 euros directos por transferencia anual de Patrimonio. Y, lo que es más importante: Cantera y los suyos no tendrán competencia alguna sobre la gestión del conjunto (basílica, Hospedería y entorno).
Sin competencias para las exhumaciones
El Gobierno no puede echar a los benedictinos de Cuelgamuros sin arriesgarse a un conflicto internacional con el Vaticano, pero sí puede suprimir los recursos que los frailes utilizan a través de la fundación, lo que complicará su supervivencia. Como ya informó elDiario.es, la intención del Ejecutivo es ceder la gestión de la basílica –y el osario– al Arzobispado de Madrid, con lo que los religiosos no tendrán ningún tipo de competencias en materia cultural ni en la cuestión de las exhumaciones.
De hecho, la futura norma explica que el Gobierno atenderá las reclamaciones de exhumaciones de los familiares. “Para el caso de imposibilidad técnica de exhumación, se acordarán medidas de reparación de carácter simbólico y moral”, prevé el escrito, que también deja claro que en Cuelgamuros sólo podrán reposar los restos de los fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil, y pone en cuestión el actual emplazamiento de la tumba de Primo de Rivera. De hecho, la ley apunta a “la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”. El “Panteón de Hombres Ilustres”, de hecho, pasará a denominarse “Panteón de España”.
El Valle de los Caídos será considerado “un lugar de memoria democrática” cuya “resignificación” irá destinada a dar a conocer “las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado”, expone la norma, que prohibirá los actos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.
Un millón en gastos sin justificar
¿Qué dinero reciben los benedictinos del Estado? La última cifra conocida data de 2018, cuando el Portal de Transparencia detalló que los monjes reciben 340.000 euros directos, por transferencia anual. Del mismo modo, todas las reparaciones, como los brazos de la cruz o la portada de la basílica, las paga también el Estado, así como los salarios de la Hospedería y el personal de seguridad del complejo, que supone una inversión de un millón de euros al año. Hasta el momento, este dinero estaba gestionado por la Fundación. Su hipotética desaparición haría que fuera directamente Patrimonio Nacional quien dispusiera del destino de esos fondos, y no los frailes.
En cuanto a los gastos ordinarios, el Gobierno ha pagado en un año 72.033 euros en combustible para la orden benedictina, 5.778 para libros, casi 10.000 euros en gastos de culto, otros 10.000 en vestuario y 8.441 euros en excursiones organizadas por los religiosos. En 2013, el Tribunal de Cuentas alertaba de la falta de un presupuesto serio para los gastos de la Fundación.
La situación de la Fundación de Valle ya fue planteada por la ley de Memoria Histórica de 2007, quien encargó a una Comisión de Expertos que, entre otros cometidos, debía “actualizar y definir tanto el régimen jurídico de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos como el estatuto de la Abadía Benedictina”. Entre sus conclusiones, la citada comisión llamaba a “convertir la actual Fundación en un Real Patronato” para que estuviera “bajo la estricta dependencia del Gobierno sin perjuicio de los oportunos convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas”, al tiempo que abogaba por generar un nuevo convenio con la Iglesia que diferenciara claramente “entre las obligaciones religiosas y las de culto y el resto de las obligaciones y competencias que supone la administración y gestión del Valle”.
El informe de la Comisión fue entregado el 28 de noviembre de 2011. Ocho días antes, otro 20-N, Mariano Rajoy arrasaba a Pérez Rubalcaba en las elecciones generales. La mayoría absoluta del PP y su estrecha ligazón con la Iglesia católica (Rouco en Madrid, Benedicto XVI en Roma) hicieron que la propuesta quedara relegada al olvido. ¿Hasta ahora?
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