Arranca el tercer curso Lomloe –en las aulas– y lo hace sin haber resuelto los problemas que se arrastran de ejercicios pasados, con la falta de plazas de Formación Profesional en algunas comunidades, con la amenaza de las renovadas protestas de las mareas verdes, que acabaron el pasado curso combativas en varias comunidades contra los recortes, y también con novedades: este año debuta el programa de refuerzos educativos que anunció el presidente del Gobierno y desembarca la nueva selectividad por competencias, con el supuesto efecto arrastre que debe acabar de implantar la Lomloe en el Bachillerato. Además, los sindicatos exigen al Gobierno que cumpla la ley y empiece a negociar el estatuto docente que articule todo lo relacionado con la carrera profesional del profesorado.
El plan de refuerzo
Será un año de novedades. Por orden cronológico, la primera que va a llegar a las aulas es el plan de refuerzo en matemáticas y lectura que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los malos resultados del alumnado español en la última edición del informe PISA. El plan tiene cuatro ejes de actuación: habilitar clases en horario extraescolar, reducir el alumnado por aula en estas materias, formar más a los docentes tanto en los contenidos de sus materias como en la didáctica asociada a ellas (cómo se enseñan) y dar medios a los centros para que los gestionen los equipos directivos como consideren.
Pero el programa debutará disminuido de recursos respecto a una dotación inicial que ya en su momento se calificó de “insuficiente”. La idea del Gobierno era empezar con 500 millones de euros (menos del 1% del presupuesto educativo), pero la falta de presupuestos del Estado le ha llevado a dejarlo en 95 millones por el momento. Esa partida es para 2024. En 2025 habrá “más dinero si no hay presupuestos y mucho más si los hay”, según un portavoz del Ministerio de Educación. El plan afectará a casi cinco millones de alumnos desde el último curso de Infantil hasta 4º de la ESO, toda la etapa obligatoria.
Una nueva Ebau
También debuta la selectividad (o Ebau, Evau, Pau) con un nuevo formato para adaptar la más famosa de las pruebas a la nueva ley. El modelo aprobado por Educación tendrá entre cuatro y nueve exámenes, unos criterios de corrección comunes en toda España para ganar igualdad y se valorará con hasta un 10% el estilo y la corrección ortográfica. Además, y sobre todo, se pasa a un modelo por competencias que –se supone– debe arrastrar al Bachillerato a enseñar también de esa manera, algo que de momento, cuentan los profesores, no está pasando.
La reforma también reduce la optatividad del alumnado, pero a cambio le permitirá –según decidan las comunidades autónomas– el uso de herramientas como calculadoras, diccionarios o tablas de fórmulas. Esta permisividad con materiales de apoyo sería la demostración de que la nueva selectividad busca que el alumnado “sepa hacer”; no se trata de que memorice la información, sino de que sepa cómo utilizarla.
Faltan profesores
Pero, además de estas novedades, con la misma fiabilidad que llega cada septiembre la vuelta al cole desembarcan también los problemas habituales del principio de curso: las comunidades autónomas gustan de apurar la convocatoria de los miles de interinos que deben completar sus plantillas, que acaban incorporándose el primer día de clase sin haber tenido tiempo de prepararse. Este año el ruido lo están haciendo los sindicatos aragoneses, pero es un problema transversal a todas las comunidades.
A estos problemas organizativos, que dificultan la tarea pero se acaban resolviendo, se unirá una creciente falta de profesorado en las disciplinas científicas. Sencillamente, no hay suficientes y se están derivando desde otras disciplinas, un problema que abarca a todas las vías académicas y formativas. El pasado curso hubo ciclos de FP en los que el alumnado estuvo semanas sin docente.
Y faltan plazas en la FP
No es el único problema que afronta la Formación Profesional, que va camino de morir de éxito. El impulso que se ha querido dar a esta etapa ha calado en la sociedad, que empieza a verla como una alternativa más que digna –hasta hace poco era la hermana pobre de la universidad– y la considera una buena salida educativa. Pero este impulso no se ha visto acompañado por la creación de las suficientes plazas públicas, de manera que desde hace unos cursos cada septiembre, recurrentemente, decenas de miles de aspirantes se quedan sin sitio, sobre todo en Catalunya y Madrid. En el caso catalán, la Generalitat ha admitido que hay 31.000 estudiantes que no han obtenido plaza ni en el grado superior ni en el medio.
Las mareas verdes, movilizadas
También promete ser un otoño caliente en actividad sindical. Tras unos cursos de calma, las mareas verdes retomaron la actividad reivindicativa hacia el final del pasado curso y, aseguran, no van a parar. En este caso las reivindicaciones van por barrios, aunque con un poso común: nuevas oleadas de recortes en las autonomías donde gobiernan Vox y PP y un aumento de la privatización (o de los fondos públicos que se dedican a los privados concertados).
En comunidades como Madrid (y Asturias hasta hace unos días) se pelea –también– por las horas lectivas del profesorado, un vestigio de los recortes de la anterior crisis que la mayoría de las comunidades ya ha revertido. Pero no la consejería madrileña, de las pocas que aún mantiene la subida de horas de clase semanales para el profesorado que aprobó el exministro popular José Ignacio Wert hace una década larga.
En Andalucía se batalla por las ratios de alumnos por clase; en la Comunitat Valenciana por el “ataque a la lengua” valenciana que muchos ven, incluida la Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la nueva ley que prepara la Generalitat. En Baleares también se ha salido a la calle por el catalán y en muchas comunidades (Madrid, la Comunitat Valenciana, Aragón, Baleares, La Rioja) se ha implantado el distrito único educativo ,una medida que según está demostrado favorece a las clases más pudientes.
¿Y el estatuto docente?
Con las banderas en alto, los sindicatos advierten a Educación del otro gran frente que esperar abrir este año: “Este debería ser el curso del profesorado. Es el gran debate educativo pendiente que queda, una vez aprobadas las leyes (Lomloe, LOSU, ley de FP, Enseñanzas Artísticas), que además estaba comprometido”, recuerda Francisco García, responsable de la federación de Educación de CCOO.
Tiene razón García. La disposición adicional séptima de la Lomloe establece que, “en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley” el Gobierno tenía que realizar una propuesta normativa “que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente”. El Ministerio de Educación cumplió con esta obligación sobre la bocina (unos días tarde, de hecho) con un documento que contenía “24 medidas relativas al acceso a los grados de infantil y Primaria, al máster de formación del profesorado, las prácticas del futuro profesorado y evaluación de los docentes, entre otras”.
Los sindicatos vieron en este documento –presentado hace dos años y medio y que no ha tenido continuidad– un mínimo del Gobierno para cumplir una autoimposición, y ahora exigen que se le dé continuidad. “Urge el debate sobre la profesión docente”, sostiene García. “Sobre el ingreso, la formación continua, retribuciones... Creemos que hace falta una regulación de la profesión que abarque desde la entrada hasta la salida”, coincide su compañera Maribel Loranca, de UGT.
El ministerio va a abrir el debate, asegura un portavoz. De hecho, explica, ya ha habido conversaciones “informales” previas y este mes de septiembre les trasladarán un calendario de reuniones para ponerlo en marcha definitivamente.