Una nueva sentencia pone en peligro las exhumaciones de víctimas del franquismo

Después de años de pleitos y de espera, la exhumación de los restos mortales de las víctimas del franquismo enterradas en Cuelgamuros sigue pendiente de una decisión judicial. Tres meses y medio después del arranque de los trabajos forenses, un juzgado de Madrid ha decidido anular la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, abriendo la puerta a que el proceso vuelva a paralizarse. Fuentes del caso explican a elDiario.es que al menos uno de los demandantes, el mismo que ya consiguió congelar la licencia de forma cautelar durante meses, tiene intención de solicitar la paralización de las obras y trabajos de exhumación, aunque la sentencia no sea firme. La Abogacía del Estado recurrirá.

El pleito arrancó con varios recursos, entre ellos los de la Fundación Franco y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y empezó con una decisión cautelar del juzgado de lo contencioso número 10 de Madrid que en noviembre de 2021 paralizó la licencia. Una suspensión cautelar que no levantó el Tribunal Superior de Justicia hasta junio del año siguiente y que no ratificó en firme el Tribunal Supremo hasta el pasado mes de marzo.

Con esa decisión firme en la mano, Patrimonio Nacional puso en marcha los trabajos preparatorios y poco después, en julio de este año, las primeras víctimas eran identificadas y sus restos entregados a sus descendientes. Los republicanos Valerico Canales, Emilio Caro, Floja Labajos y Román González, fusilados en 1936, fueron los primeros identificados: “Mi anhelo era abrazar los huesos de mi padre”, explicó uno de los familiares.

Con las exhumaciones en marcha, el juzgado de lo contencioso seguía deliberando para dictar sentencia sobre el fondo del asunto y, tal y como adelantó ayer La Razón, la decisión ha sido anular la licencia. Una decisión que todavía es recurrible primero ante el Tribunal Superior de Justicia de la capital y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo, pero que abre la puerta a su ejecución y la paralización de los trabajos.

Esa es, al menos, la intención de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, según fuentes de su entorno. En los primeros días de la semana que viene acudir al juzgado y solicitar que, aunque la resolución no sea firme y sea recurrible por la Abogacía del Estado, se ejecute y las obras queden paralizadas hasta conocer el criterio de instancias superiores.

Según la magistrada Eva María Bru, el informe del arquitecto municipal aportado al expediente adolece de “falta de motivación” y se limitó, según la sentencia, a “reproducir la normativa municipal y los datos existentes en el proyecto”, dando por buena la calificación de Patrimonio Nacional. Lo califica, en definitiva, de un “copia y pega”. La resolución concluye que hay “relevantes omisiones” en el informe técnico que llevan a su nulidad.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática explican que la Secretaría de Estado recurrirá esta sentencia. “El Gobierno reafirma su compromiso con la localización y recuperación de los restos de las víctimas, tal y como desean sus familiares”, explicaban estas fuentes. Es previsible, por tanto, que si hay una petición de paralización cautelar por la nueva sentencia, la Abogacía del Estado también se oponga.

Años de espera de las víctimas

Las exhumaciones del anteriormente conocido como Valle de los Caídos han tenido que pelear, desde el principio, contra recursos de asociaciones franquistas o directamente de la familia del dictador, y han tenido que esperar meses o años hasta que han podido llevarse a cabo. La extracción de los restos de Franco, por ejemplo, permaneció paralizada de forma cautelar por el Supremo durante meses hasta que se ejecutó en octubre de 2019 y los restos mortales del dictador abandonaron Cuelgamuros en un helicóptero con destino Mingorrubio.

En el caso de los descendientes de las víctimas del franquismo ejecutadas y enterradas en el Valle, la espera ha sido mucho más larga y podría sufrir una nueva paralización si los tribunales ejecutan esta última sentencia. En su caso, ya en 2016 una sentencia reconoció el derecho de los hermanos Lapeña a recuperar a sus seres queridos y siguen a la espera.

No tuvieron que esperar tanto las exhumaciones y traslado de los restos mortales de destacadas figuras de la dictadura y del bando golpista como el general Gonzalo Queipo de Llano o el falangista José Antonio Primo de Rivera. El primero fue exhumado en noviembre de 2022 de la Basílica de la Macarena mientras Paqui Maqueda, presidenta de la Asociación Nuestra Memoria, gritaba: “¡Honor y gloria para las víctimas del franquismo!”.

El segundo, fundador de Falange, fue exhumado del Valle de Cuelgamuros el pasado mes de abril, recibido por decenas de fascistas en el madrileño cementerio de San Isidro. Las víctimas del franquismo se han llegado a dirigir al Defensor del Pueblo para denunciar dos velocidades en la exhumación de restos mortales de Cuelgamuros.

Una hipotética decisión de volver a suspender las obras y trabajos del Valle de forma cautelar hasta que esta nueva sentencia sea firme podría paralizar los trabajos durante, al menos, un año más si el proceso tiene que llegar hasta el Tribunal Supremo pasando antes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.