Nueva victoria para los investigadores María Zambrano, y de momento van 2 a 1: el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) obliga a la Universidad del País Vasco a pagar con su propio dinero las cuotas patronales de estos científicos. Ese dinero –que puede ascender hasta los mil euros al mes– no puede detraerse de los fondos de la convocatoria, dice la Justicia: pertenece a los investigadores.
Centenares de investigadores contratados en los últimos años bajo dos nuevas figuras –María Zambrano y Margarita Salas– que creó el exministro de Universidades Manuel Castells para “atraer talento” llevan meses en guerra con las universidades por el pago de las cuotas patronales asociadas a los contratos. La convocatoria que redactó en su momento el Ministerio era ambigua al respecto y la inmensa mayoría de universidades optaron por hacérselas pagar a los investigadores con el dinero que en teoría tenía que ir a sus nóminas: solo cuatro centros –de un total de 48– pagan a estos científicos la ayuda íntegra que les da el Ministerio, según un recuento de este diario; el resto detrae la cuota patronal.
Y los investigadores han ido denunciando lo que consideran un “engaño”: estaban ingresando hasta un tercio menos de los 4.000 euros brutos mensuales prometidos. De momento tienen dos sentencias a su favor, esta del País Vasco y una del TSJ de Castilla y León en la misma línea, además de una resolución de la Inspección de Trabajo de la Comunitat Valenciana respecto a la Universidad Politécnica de Valencia y la UV. Las universidades ganaron en Murcia y en Catalunya el tribunal no se pronunció respecto al fondo.
Este diario ha preguntado a la UPV por la sentencia y confirma que la recurrirá ante el Tribunal Supremo. Desde la universidad defienden que “el Ministerio dejó claro que con esa subvención la universidad podía pagar todos los gastos derivados de la contratación de la persona investigadora, incluyendo la cuota patronal”, e insisten en que el centro “no se ha quedado ningún euro de la subvención recibida, porque se ha utilizado para abonar el salario bruto de la persona investigadora más la cuota patronal”. Además, sostienen que las condiciones contractuales del personal investigador contratado con estas ayudas “fijan unas condiciones salariales punteras a nivel estatal”.
Un tercio menos de salario
El TSJPV argumenta su fallo remitiéndose a la convocatoria del Ministerio: “El importe mensual de las ayudas María Zambrano para la atracción de talento será de 4.000 euros brutos. Las universidades beneficiarias podrán complementar dicha cuantía”, estableció Universidades. “De la literalidad de esa frase deducimos que en esa normativa reglamentaria estatal ya se prevé que el beneficiario obtenga esa cantidad. Las universidades pueden 'complementar' la ayuda, no detraerla”, concluye el tribunal, e insta a pagar “como mínimo” esa cantidad cada mes a los trabajadores.
El TSJ argumenta su fallo a favor de los científicos en base a la Ley General de la Seguridad Social 8/2015, que prohíbe expresamente el pago de los costes patronales por el trabajador por cuenta ajena y le recuerda a la UPV que ella eligió esa modalidad de contratación (el Ministerio daba libertad a los rectorados). Además, indican en el auto, los contratos laborales posdoctorales “no son norma de excepción” a esta prohibición y las ayudas “no van destinadas a incrementar el patrimonio de la concreta Universidad”.
El jarro de agua fría para los investigadores vino porque el auto no establece que la retribución salarial vaya a tener un carácter retroactivo: “Sin que proceda la condena al abono al personal afectado de las diferencias salariales generadas por ello en el año anterior”, reza el texto. “El juez indica que las personas podrán reclamar las cantidades retraídas, pero individualmente”, aclara Jorge Revuelta, delegado sindical de CCOO en Euskadi. “Es normal que vayan con cautela. Estamos hablando de que se les debe unos 11.000 euros anuales por persona desde que empezaron a trabajar. Si se replica a todo el Estado es muchísimo dinero, pero esperemos que se devuelva”, augura Revuelta.
Consultado por este diario, el Ministerio de Universidades adjunta un comunicado en el que se indica que los centros “tienen la libertad para decidir tanto la forma jurídica de la vinculación como la posibilidad de complementar las ayudas asumiendo costes asociados al instrumento de vinculación elegido”. Y añaden: “Si este instrumento de vinculación es un contrato, las condiciones de este han de venir especificadas en la convocatoria y quedar claramente de manifiesto en el momento de la firma del mismo por el interesado”. Y sí, la UPV recogía en su convocatoria que se detraerían los costes patronales del salario de los científicos. Según lo recogido en el juicio, la universidad defendió que su práctica se atiene a la legalidad e incluso solicitó la suspensión del juicio. Para CCOO y en base a la resolución del juicio, “definir las condiciones del contrato no significa que puedan violar la Ley de Seguridad Social y actuar como les plazca”.
En el caso vasco, la denuncia se dirigía solo a los Zambrano porque otro sindicato había denunciado antes la situación de los Margarita Salas en el extranjero y los demandantes prefirieron no interferir con ese proceso. “Los María Zambrano no estaban tocados por ningún tribunal. Ahora iniciaremos procesos de denuncias individuales para todos los beneficiarios de la Margarita Salas. Con una sentencia favorable es más sencillo. En la otra demanda no argumentaban igual el conflicto”, explican desde CCOO.
El veredicto beneficia a 18 investigadores. Los María Zambrano son los científicos mejor cualificados y con más experiencia laboral, que en muchos casos vienen de universidades extranjeras. Ante la detracción de la cuantía por los costes patronales, muchos abandonaron sus plazas en búsqueda de otro contrato con mejores condiciones. Otros lamentan también su “poca planificación de futuro y la perpetuación de la inestabilidad laboral en el personal”.
Fuentes del colectivo investigador afectadas celebran la sentencia favorable, aunque “temen” que la UPV recurra y opinan que “será un camino largo”. También desean que esta denuncia sirva como precedente para todos los beneficiarios de estos contratos. Entre ambas ayudas suman un total de 3.914 plazas repartidas en todo el Estado y se estiman, aproximadamente, unos 3.500 afectados.
A expensas del Supremo
El conflicto lleva camino de enquistarse. Las universidades creen que tienen derecho a pagar esas cuotas con los fondos de la convocatoria, aunque algunas están rectificando: la Universidad de Córdoba anunció tras la primera publicación de este diario de la sentencia de Castilla y León que pasaría a cubrir los gastos patronales de la Seguridad Social con sus fondos propios, a falta de ver el encaje jurídico específico que le da. Fuentes universitarias explican que dependerá básicamente de cuántos investigadores tienen contratados bajos estas figuras y el esfuerzo económico que les suponga –y el estado de salud de sus fondos–.
El secretario general del Ministerio de Universidades, José Manuel Pingarrón, afirmó en una rueda de prensa que “personalmente” no veía mal descontar el coste patronal del salario de los investigadores si así se indicaba en la convocatoria de la Universidad ofertante. La CRUE, que aglutina a las universidades públicas, emitió un comunicado hace unas semanas en el que al mismo tiempo que dice que las universidades “apuestan por el desarrollo de la carrera del personal investigador en las mejores condiciones” defiende que les quiten mil euros de sus nóminas.