Los obispos españoles darán “prioridad” al “plan de reparación integral” de las víctimas de abusos sexuales reconocidos por la Iglesia española. Esta ha sido la gran novedad de la pasada Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, celebrada este miércoles, la primera desde que tomó posesión la nueva cúpula comandada por Luis Argüello como presidente y el cardenal José Cobo como vicepresidente.
La reunión venía marcada por el escándalo desatado a raíz del informe Para dar luz II, elaborado por técnicos de la Conferencia. El dossier resultó ser un “corta y pega” de un informe previo con el que los obispos han intentado desacreditar su propia auditoría, la encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que hablaba de 2.076 víctimas reconocidas frente a los 806 casos recogidos en el informe. La noticia ha motivado la reacción de las asociaciones de víctimas, que llegaron a amenazar con romper el diálogo iniciado con los nuevos responsables episcopales.
Aunque este mismo jueves las víctimas se encontraron en Madrid con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y posteriormente con la cúpula de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), el organismo que aglutina a las congregaciones religiosas, la amenaza continúa latente.
Según ha podido confirmar elDiario.es, el cardenal Cobo, que presidió la reunión en ausencia de Argüello, logró arrancar el compromiso a la Ejecutiva de la Conferencia Episcopal de incluir a los supervivientes de los casos de pederastia en las comisiones que determinarán quiénes, cómo y con qué cantidades serán indemnizados, pero no pudo alcanzar un consenso en torno a la gran reivindicación de las asociaciones: que la Conferencia Episcopal se desvinculara públicamente de Para dar luz II y que asumiera, como instrumento de trabajo principal, el informe elaborado por el Defensor del Pueblo por orden del Congreso, y que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, presentó el pasado sábado en audiencia privada al Papa Francisco.
Cisma entre los obispos
El del trato con las víctimas es un tema que preocupa, y mucho, a la nueva cúpula episcopal, que parecía haber reconducido su relación con las asociaciones tras el gesto de Argüello y Cobo, que nada más ser elegidos al frente de la Iglesia española acudieron a saludar a los supervivientes apostados a las puertas del edificio de la calle Añastro, en Madrid. Entonces se concretó una reunión que tuvo lugar el Lunes Santo, pero las perspectivas de trabajo en común se vieron comprometidas tras la investigación de El País que prueba cómo el informe 'Para dar luz II' oculta casos juzgados e incluso reconocidos por diócesis y congregaciones religiosas como “no probados”.
Fuentes consultadas por elDiario.es apuntan a una “profunda división” entre la Ejecutiva acerca de las decisiones a tomar, después de que el propio presidente, Luis Argüello, hubiera afrontado la necesidad de un cambio de rumbo en la política de la Conferencia Episcopal respecto a las víctimas de abusos, y José Cobo, vicepresidente, hubiera apostado decididamente por incluir a los supervivientes en la toma de decisiones, incluyendo las indemnizaciones. Sin embargo, la mayoría del Ejecutivo no estaría dispuesta a entregar ninguna pieza e incluso sigue dando credibilidad a las tesis de las “denuncias falsas”.
A la espera del Congreso
“Es un informe rastrero y tramposo”, señalaban a elDiario.es las asociaciones de víctimas, que exigían “una reacción rápida de la nueva ejecutiva” episcopal antes de retomar las reuniones y una asunción de responsabilidad para los responsables del mismo. Las víctimas señalan dos nombres: el director de Comunicación de la Conferencia Episcopal, Josetxo Vera (autor del informe), y el director de Compliance (políticas de cumplimiento) de la Iglesia, Alfredo Dagnino, señalado por algunos como el topo de los obispos en la auditoría de Cremades.
Curiosamente, el Arzobispado de Pamplona, diócesis de origen de Vera –donde también ejerce como director de Comunicación– anunció esta mañana que, finalmente, sí participará en la comisión antiabusos del Gobierno foral lo que, para algunos, podría abonar la posibilidad de que, a nivel nacional, los obispos también decidan colaborar más activamente con el Defensor del Pueblo. Un buen momento para tomar esta decisión podría llegar cuando, al fin, el Congreso ponga fecha para la presentación en el pleno del informe Gabilondo, aspecto que tanto las víctimas como el Defensor esperan que sea “cuanto antes”.
Esta ha sido, de hecho, una de las prioridades expuestas en la reunión celebrada este jueves de las asociaciones de víctimas con el organismo, que buscan “que las recomendaciones sugeridas” a raíz del informe, que supuso la primera aproximación oficial –e institucional– al abuso sexual dentro de la Iglesia, “puedan llevarse a cabo cuanto antes”, tal y como apunta en un comunicado la Oficina del Defensor del Pueblo.
El encuentro ha tenido lugar en la sede de la institución y en él han participado Jesús Zudaire, Juan Arbizu y Fernando Aguado, de la Asociación Víctimas de Abusos de Navarra, y Ana Cristina Cuevas y Juan Cuatrecasas, de la Asociación Infancia Robada. “Ahora corresponde a la Mesa del Congreso de los Diputados fijar la fecha para ir a la presentación y debate con los parlamentarios. Y esto nos gustaría hacerlo lo antes posible”, ha señalado el Defensor del Pueblo.
Ya por la tarde, dichas asociaciones han mantenido un “fructífero encuentro” con los máximos representantes de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), con quienes se han reunido por espacio de tres horas.
“Hemos salido satisfechos, hay un camino que recorrer juntos y esperamos poder hacerlo con confianza y sin interferencias”, ha subrayado Cuatrecasas a la salida del encuentro. Desde CONFER, por su parte, recalcan que “ha sido un encuentro cordial y amable, de escucha y diálogo. Hemos puesto sobre la mesa el trabajo que estamos haciendo y les hemos manifestado nuestro compromiso con las víctimas. Para CONFER es necesario hacer este camino todos juntos y dar pasos en la justicia restaurativa”. Si es posible, también con la Conferencia Episcopal.
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