La Iglesia católica reacciona a la regulación de la muerte digna en España. Los obispos dicen “no” a la futura ley de eutanasia, que se aprobará en los próximos días en el Congreso, al considerar que “instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado: de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida. También consideran que se trastoca ”la profesión médica“, y convocan una jornada de ayuno y oración contra la normativa para el próximo 16 de diciembre. Los grupos ultraconservadores están montando a su vez una campaña para acusar al Ejecutivo de crear una ”pena de muerte encubierta“.
En una nota publicada esta mañana, la Conferencia Episcopal denuncia la tramitación “sospechosamente acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin escucha ni diálogo público”. “Es una propuesta que hace juego con la visión antropológica y cultural de los sistemas de poder dominantes en el mundo”, constatan, echando mano tanto de la carta 'Samaritanus Bonus' del Vaticano como de su documento 'Sembradores de esperanza'. Por ello, “pedimos a cuantos tienen responsabilidad en la toma de estas graves decisiones que actúen en conciencia, según verdad y justicia”.
Frente a la eutanasia, “urgimos a la promoción de los cuidados paliativos, que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familias”. Un “cuidado integral” que “alivia el dolor, consuela y ofrece la esperanza que surge de la fe y da sentido a toda la vida humana, incluso en el sufrimiento y la vulnerabilidad”.
La Conferencia Episcopal ve posibles motivos de recursos en el reconocimiento del derecho a disponer de la propia vida: “La muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral”. Y añade que “frente a la muerte como solución, es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida. Esta es la verdadera compasión”, como se ha puesto de manifiesto, indican, a lo largo de la pandemia. “Acabar con la vida no puede ser la solución para abordar un problema humano”.
Los obispos atribuyen a una ley de eutanasia efectos colaterales perversos al expresar que “la experiencia de los pocos países donde se ha legalizado nos dice que la eutanasia incita a la muerte a los más débiles”. El texto episcopal abunda en que “al otorgar este supuesto derecho, la persona, que se experimenta como una carga para la familia y un peso social, se siente condicionada a pedir la muerte cuando una ley la presiona en esa dirección”.
“La falta de cuidados paliativos es también una expresión de desigualdad social. Muchas personas mueren sin poder recibir estos cuidados y sólo cuentan con ellos quienes pueden pagarlos”, denuncian los obispos, que concluyen subrayando que “la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza”.
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