¿Paso adelante o un ejercicio de gatopardismo? Después de meses de peticiones de distintos ámbitos, los obispos españoles han anunciado la contratación de una auditoria externa a la Conferencia Episcopal para evaluar “las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica española”.
Una auditoría que el Episcopado español ha encargado a Cremades y Calvo Sotelo, y que presentarán, de hecho, mañana mismo en la sede del bufete, el presidente de la CEE, Juan José Omella, y Javier Cremades. Muchos de los miembros del bufete (incluido el mismo presidente) son personalidades cercanas al Opus Dei, que ha podido estar detrás de una decisión que no viene directamente del presidente Omella, sino del secretario general, Luis Argüello.
“El despacho profesional –se lee en la nota– abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias, revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto”.
El anuncio deja muchas preguntas en el aire. La fundamental, si ésta es la 'respuesta' episcopal a la petición del Gobierno de sumarse a su propuesta de comisión de investigación liderada por el Defensor del Pueblo. Como adelantó elDiario.es, y salvo sorpresa mayúscula, la CEE se sumará a esta iniciativa, aunque en lugar de ofrecer la apertura de sus archivos ofrecerá los resultados de esta auditoría. ¿Se investigarán los casos del pasado o, como parece sugerir la nota, sólo se revisarán “los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas? ¿Se darán a conocer los procesos que únicamente se han abierto por el derecho canónico?
El escrito deja caer que el bufete (no la Conferencia Episcopal) “ofrecerá su colaboración para ayudar a esclarecer los hechos”, pero no delimita el marco temporal, lo que ha generado suspicacias entre las asociaciones de víctimas que, además, temen que, una vez más, se les deje fuera de las 'tripas' de la investigación, en una postura muy distinta a lo ocurrido en Francia, Portugal o Alemania, donde las víctimas han formado parte de los comités asesores y han conocido, antes que nadie, los resultados de la investigación. De hecho, las víctimas piensan que la auditoría encargada por la CEE se ceñirá a colaborar con los casos recabados por la Fiscalía General del Estado (apenas 68 en toda España), y los que puedan ser susceptibles de tener un recorrido jurídico.
Según ha podido saber este diario de fuentes directas, la comisión tiene como modelo la investigación encargada a un bufete de abogados en el caso de la diócesis de Múnich (aunque en esta ocasión la vinculación del bufete con la Iglesia parece evidente). En cuanto al marco temporal, no habrá límites, y se investigarán todos los casos que le lleguen, independientemente de la fecha. Dichas fuentes también han apuntado que se quiere contar con las víctimas desde el primer momento, aunque sin especificar si participarán activamente, o no, en la investigación y el análisis de los datos.
La breve nota, culminan las víctimas consultadas por elDiario.es, no hace ninguna referencia a la posibilidad de ofrecer indemnizaciones por parte de la Iglesia a los supervivientes de los abusos, ni si se conocerán los datos nombres, fechas y resolución de las causas canónicas de los abusadores. Según ha podido saber elDiario.es, por el momento los obispos no se han planteado ningún tipo de reparación económica con carácter general, ni han decidido si se publicarán los resultados íntegros del informe (que se demorarán meses, si no años), como sucedió en el caso de los abusos en la diócesis de Múnich, que acabaron salpicando al mismísimo Benedicto XVI.
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