Los obispos españoles, que no investigan los abusos a menores, ven “falta de rigor” en el informe entregado al Papa

Se han negado sistemáticamente a investigar los abusos a menores cometidos en la Iglesia española, y cuando una institución ajena, en este caso, El País, lo hace, y consigue que el mismo Papa ordene una investigación, la critican. Los obispos españoles han pedido al diario “mayor rigor” en sus “acusaciones”, cuyo contenido, “de carácter muy dispar, hace difícil extraer conclusiones que puedan servir a una posible investigación”.

En una nota enviada por whatsapp a algunos medios, la Conferencia Episcopal admite que “todas las iniciativas de instituciones y medios que ayuden a acabar con la lacra de los abusos sexuales cometidos contra menores o personas vulnerables en la Iglesia o en la sociedad son, en principio, una buena colaboración”.

Sin embargo, la de El País, no lo es, pues “faltan nombre de los acusados, años en que ocurrieron los abusos, o se refiere a personas fallecidas”. Fallecidos, los posibles victimarios, no los supervivientes de abusos, en un dossier, de 385 páginas, entregado a Bergoglio el pasado 2 de diciembre. El periódico añadió ayer su intención de poner a disposición de la investigación ordenada por Doctrina de la Fe todos los datos, siempre que fuera posible en virtud de la Ley de Protección de Datos. La misma, por otro lado, que argumentan los obispos para no hacer públicos sus propios datos, si es que los tienen.

“Es necesario que esa misma información se entregue también a las oficinas de protección de menores y prevención de abusos que están en las diócesis y en las congregaciones religiosas para poder realizar la investigación que fuera procedente en función de la información recibida”, añade la nota, que evita preguntarse por qué las víctimas prefieren ponerse en contacto con los medios de comunicación antes con las instituciones eclesiásticas, que durante años han dado la callada por respuesta.

“La Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales que mejor se adecúen a su voluntad”, finaliza la nota.

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