Los obispos esperan instrucciones del Vaticano tras el demoledor informe de la Fiscalía sobre los abusos en la Iglesia
“Si no haces nada, te arriesgas a que alguien lo haga por ti”. La reflexión de un responsable de la Conferencia Episcopal (CEE), el órgano de gobierno de los obispos españoles, viene a cuento del informe que la Fiscalía General del Estado ha entregado al Ministerio de Justicia adelantado por El País en el que denuncia la “deficiente” respuesta por parte de la Iglesia española al drama de la pederastia, y la sugerencia de una comisión independiente que investigue todos los casos de abusos a menores por parte de eclesiásticos en nuestro país.
Algunas entidades religiosas, como Confer, Escuelas Católicas, jesuitas o claretianos sí han anunciado una política de 'puertas abiertas' y han comenzado a escarbar en sus archivos para encontrar todas las denuncias de abusos que hayan recibido. Sin embargo, desde la jerarquía se sigue esperando a las órdenes de Roma.
Esperando al Vaticano
“Estamos esperando el vademecum de la Santa Sede, que ha de estar al caer”, responde un eclesiástico cuando se le pregunta por la inacción del episcopado español, que se ha agudizado tras el fallecimiento, el 15 de mayo, del obispo de Astorga y presidente de la Comisión Antipederastia de la CEE, Juan Antonio Menéndez.
Desde entonces, la comisión no ha vuelto a reunirse ni, por el momento, ha nombrado a su sucesor. El portavoz de la CEE, Luis Argüello, es quien ha asumido las competencias por el momento. Esta semana se reúne la Comisión Permanente del Episcopado, que podría elegir a un nuevo responsable interino (en marzo de 2020 los obispos renuevan todos sus cargos, excepto la Secretaría General), aunque gana enteros la posibilidad de que Argüello mantenga las atribuciones, al menos hasta que lleguen las órdenes de Roma, que no tienen fecha concreta.
Mientras la Santa Sede no mueva ficha, la estrategia de la CEE -con la salvedad de diócesis como Astorga, Sigüenza o Burgos, que el propio informe de la Fiscalía valora positivamente- sigue siendo la de esperar. Ni siquiera ha creado, como ya exigió Roma en el plazo de un año, una oficina de atención a las víctimas, que pueda escuchar sus casos, investigarlos y, en su caso, indemnizarlas.
“Panorama deficiente”
“Es claro que el panorama es deficiente y está necesitado de un mayor impulso y de nuevas iniciativas en relación al establecimiento de mecanismos eficaces para la adecuada prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas en centros e instituciones religiosas, que impliquen a otras instituciones y perfeccionen los mecanismos de actuación”, propone el informe de Fiscalía, que fue solicitado por el Ministerio de Justicia en febrero pasado.
La intención de Justicia, una vez se conforme el nuevo Gobierno, es la de ponerse en contacto con las asociaciones de víctimas para conocer de primera mano sus reivindicaciones. También quiere reunirse con el Episcopado para entregarles los resultados del informe de la Fiscalía y las propias conclusiones del Ejecutivo, que irían en la línea de crear una comisión de investigación independiente, con la presencia de responsables de universidades -los profesores Josep Maria Tamarit y Gemma Varona ya elaboran una investigación por su cuenta-, víctimas, juristas, psicólogos y educadores, que exija a las instituciones eclesiásticas su colaboración para la entrega de los dossieres que puedan existir en sus archivos. Una exigencia que, por otro lado, no tendría rango de ley, pues en virtud de los Acuerdos Iglesia-Estado los archivos eclesiásticos están blindados.
El papel de las víctimas
Las víctimas, por su parte, abogan por una comisión “a la australiana”, pero recuerdan al Gobierno y a algunos medios de comunicación que “hemos sido nosotros, y no ellos, los que hemos mantenido abierta esta lucha durante años”.
El presidente de Infancia Robada y recientemente elegido diputado del PSOE por La Rioja, Juan Cuatrecasas, se ha mostrado de acuerdo con la petición de la Fiscalía General del Estado para la creación de una comisión independiente ante los “niveles de gran preocupación” por la actitud de la Iglesia católica española frente a los abusos a menores.
Eso sí, recalca “que nadie se apunte medallas”. “Pedimos lo mismo que en su día exigimos a los obispos: una comisión independiente, que aborde todos los casos que existan, sean actuales o de hace medio siglo. Que no quede ningún caso sin investigar. Y que se depuren responsabilidades”, asegura Cuatrecasas, que esta mañana ha abordado la cuestión con otro de los responsables de la asociación, el activista Miguel Ángel Hurtado.
En este punto, las víctimas abogan por un modelo similar al de la Real Comisión de Australia -ejemplo que aparece en el informe de la Fiscalía-, y reclaman formar parte, desde el comienzo, de la misma, y tener acceso a los archivos de las instituciones eclesiásticas, algo imposible a día de hoy.
“Pero también a los datos que manejen las fiscalías, porque tampoco es de recibo que el informe diga que no pueden saberse cuáles de los casos que están siendo investigados pertenecen a religiosos y cuáles no”, lamenta Cuatrecasas.
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