Obligaciones, alguna prohibición y reparto equitativo de alumnos: los frentes de batalla de la concertada y la nueva Ley de Educación

Como ocurre prácticamente cada vez que se habla de cambiar la normativa que atañe a los conciertos educativos, las patronales de los centros privados sostenidos con fondos públicos se revuelven contra la LOMLOE y han empezado una campaña de protesta en las calles, con concentraciones frente al Congreso, y en las redes. La nueva ley educativa, en trámite estas semanas en el Congreso, “es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, que es clave en una sociedad democrática”, denuncia la plataforma Más plurales, que agrupa a los propietarios de escuelas concertadas por todo el país y creada ad hoc para esta batalla.

Es incontestable que la LOMLOE trae cambios para la escuela concertada. Eliminar el concepto “demanda social” como eje sobre el que se vertebra la programación de plazas educativas; prohibir segregar al alumnado por sexo y ceder suelo público a los centros concertados; garantizar un reparto “equilibrado y transparente” del alumnado por los centros para evitar guetos; priorizar la creación de plazas públicas; y garantizar la gratuidad de todo el sistema son algunos de los principales cambios que propone la ley –según la redacción actual y las enmiendas pactadas por el Gobierno– que afectan directamente a la escuela concertada y que previsiblemente serán aprobados en el Congreso porque el Gobierno parece contar con los apoyos necesarios para ello. El Ejecutivo también le da a la concertada, aunque esto no va vía LOMLOE sino Presupuestos, un aumento del 5% en el precio que paga por módulo concertado.

Para cada uno queda la interpretación que se haga de estos cambios y si suponen o no una amenaza para la misma existencia de este tipo de centros, tal y como asegura Más plurales. Fuentes parlamentarias socialistas explican que “no se había modificado nada respecto a los conciertos desde la LODE (1985) hasta la LOMCE (2013), que es cuando se invirtió todo” y que esta nueva ley no supone una vuelta de tuerca a nada, sino volver a lo que había prelomce. “El debate no es sobre la titularidad pública o privada sino sobre la función social que ha de tener la educación sostenida con fondos públicos, que ha de regirse por la excelencia, la equidad, la igualdad y la inclusión, haciendo efectivo el derecho a una educación de calidad para todos”.

Añaden estas fuentes que “la ley plantea que ambas redes deben prestar el servicio público” y que “en ningún sitio se ha dicho jamás que la educación concertada sea subsidiaria de la pública, ni siquiera en la LOMCE. Es un invento”. El objetivo de la LOMLOE, añaden, es que todos los centros (públicos y concertados) “tengan las mismas obligaciones”.

El derecho a la educación ¿pública? y la “demanda social”

Más plurales protesta porque la LOMLOE “se inventa un derecho a la educación pública” que, afirman, no existe. “El único derecho existente es el derecho a la educación”, aseguran. En todo el articulado de la ley no aparece la expresión “derecho a la educación pública”. Fuentes parlamentarias explican que “la ley refuerza el carácter de la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo” y que se pretende “priorizar la creación de plazas públicas, y eso tiene un sentido: corregir el déficit que se ha producido por años de recortes y las medidas que aparecían en la LOMCE sobre demanda social y suelo público”. Los datos dicen que en 2008 había en España 1.946.678 alumnos en la escuela concertada, un 26,1% del total. Diez años después, último año con estadística consolidada, estas cifran eran de 2.102.403 (una subida del 7,9%) y el 25,5% (una caída del 2,3%), respectivamente.

Es en este apartado de la ley, sin embargo, donde se concentran algunos de los cambios que más ampollas están levantando. El artículo 109 de la LOMLOE, en concreto, relativo a la programación de la red de centros, sufre algunas modificaciones. Así, en el punto 1, donde la LOMCE decía “las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales...” se explicita que esta garantía será “mediante una oferta suficiente de plazas públicas”, aspecto que en la Ley Wert no aparecía.

El punto dos del citado artículo de la LOMCE contiene la ínclita expresión acerca de que la “demanda social” se tomará en consideración a la hora de programar los centros necesarios si hay necesidad de crear plazas públicas o concertadas (antes de la ley Wert no se podían concertar colegios no existentes, era necesario un proyecto ya en funcionamiento). Esta expresión, la “demanda social”, inexistente antes de Wert, se traducía en que si en una determinada zona las familias pedían mayoritariamente matricularse en un centro concertado, se entendía que había demanda de este tipo de educación (y al revés). El PSOE argumenta que se utilizó en algunas administraciones (siempre con el ojo en Madrid) para favorecer a la concertada con un mecanismo sencillo: si en un barrio determinado no hay escuela pública, las familias se apuntan a la concertada y se crea esta sensación de que es eso lo que quieren. La pescadilla que se muerde la cola. “La demanda social ha servido para propiciar que en determinadas zonas de nueva población no exista oferta educativa pública, o esta se encuentre saturada”, argumentan fuentes parlamentarias socialistas.

Para corregir esta situación, la LOMLOE elimina la expresión de la ley y se añade un tercer punto al artículo 109: “En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población”. El punto 4 acaba de completar el artículo 109 sobre la programación de centros: “Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”.

Libertad de elección y distribución del alumnado equitativa

“No aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias”, explican desde Más Plurales. “¿No es más igualdad que la familia elija el centro que crea el mejor para su hijo, en lugar de hacerlo la Administración?”, se preguntan. Fuentes parlamentarias socialistas replican: “Al restablecer la programación general de la enseñanza, aumentará la libertad de las familias que demandan escuela pública y que no tenían la opción de elegirla en lugares donde no se invertía en pública”. Cuestión de puntos de vista.

El apartado sobre admisión en los centros educativos, a partir del artículo 84 de la ley, es uno de los que más pretende cambiar el Gobierno y que más critican los defensores de la educación concertada, que ven peligrar la “libertad de elección de las familias” que, afirman, se desprende del artículo 27 de la Constitución. Este dice, en su apartado 3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Y da pie a la patronal de la concertada a afirmar que “la pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. La identificación de las familias con el proyecto educativo elegido favorece una mayor implicación en la educación de sus hijos, y las evidencias demuestran que una mayor implicación familiar está relacionada con un mejor rendimiento escolar, especialmente de los más desfavorecidos”.

El Gobierno replica: “La LOMLOE no altera el mecanismo de elección y preferencia de centro que expresan las familias. Pero sí refuerza las garantías de una distribución equilibrada del alumnado mediante la programación general de la enseñanza, reforzando el papel de las Comisiones de Escolarización para garantizar un reparto equilibrado y transparente de la demanda y la matrícula escolar, evitando sesgos de selección y exclusión en la creación y asignación de plazas”.

¿Qué dice la LOMLOE? El punto 1 del artículo 84 mantiene “la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales” como principio rector de la elección de centro, pero añade como novedad que “se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza”. También se añade otro punto, el 7, que primará en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que también recogía la LOMCE, pero no priorizaba: “Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género”, dice la LOMLOE.

Asimismo, y esto también es novedad, el artículo 86 establece que las administraciones tendrán que crear “áreas de influencia” para los centros, públicos o privados concertados, que “permitirán garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea”. Este mismo artículo añade que las comisiones de garantías de admisión, que deben intervenir cuando un centro tenga más demanda de plazas que oferta y que ya existían, deberán “evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza, y propondrán a las Administraciones educativas las medidas que estimen adecuadas. Particularmente, velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación”.

Una 'amenaza' que sube la financiación

Aunque esto no es estrictamente de la LOMLOE porque aparece en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno va a subir (más) la financiación de la escuela concertada. Lo hará en un 5,62% respecto a 2018, en concreto, “un incremento derivado de las subidas salariales acumuladas”, aclaran fuentes socialistas. No es la única novedad con la financiación de los módulos de los conciertos.

“La LOMLOE ha recogido diversas demandas de los centros educativos concertados y de las administraciones autonómicas para la determinación de los módulos económicos de los conciertos a través de la creación de una mesa en la Conferencia Sectorial”, una reivindicación histórica del sector que nadie ha atendido hasta ahora. La voluntad está ahí, falta ver que de verdad se ejecuta.

Ni suelo público ni segregación en la concertada

Dos de las novedades más comentadas de la ley, aunque no serán, en principio, las que más impacto tendrán. La LOMLOE prohibirá ceder suelo público para la construcción de centros concertados, una práctica muy madrileña y que en el mejor de los casos obviaba la ley, al menos en su momento. No hay queja de la patronal concertada respecto a esta disposición, quizá porque no se considera afectada.

Esta medida relaciona con la ya explicada demanda social y la programación de la red de centros. “Ha servido para propiciar que en determinados zonas de nueva población no exista oferta educativa pública, o esta se encuentre saturada, mientras se cede suelo público y se garantizan los conciertos a centros privados con ánimo de lucro creados por empresas a las que se toleraba el cobro de cuotas ilegales y en ocasiones muy altas”, aclaran fuentes del PSOE, que también explicitan que esta práctica atañe sobre todo a la conocida como “nueva concertada”, en la que han entrado empresas con ánimo de lucro sin tradición en el mundo pedagógico y de la educación. “Generó una de las tramas de corrupción del caso Púnica que investiga la Audiencia Nacional (los autos judiciales señalan cómo Francisco Granados cobraba sobornos de 900.000 euros por cada colegio concertado creado al que se cedía suelo público para su construcción)”, añaden las fuentes.

Tampoco permitirá la LOMLOE otorgar conciertos a los centros que segreguen a su alumnado por sexo. La LOMCE establecía por primera vez en una ley que “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos”, lo que abrió la puerta a concertar estos centros. La LOMLOE retira la expresión e insta a concertar “preferentemente” los centros mixtos y con proyectos de coeducación, debiendo justificar los centros que ejecutan la llamada “educación diferenciada” cómo respetan la educación en igualdad entre hombres y mujeres.

Gratuidad y control de las cuotas

Bajo el axioma de que si están sostenidos con fondos públicos deben ejercer como escuelas públicas, la LOMLOE introduce algunos cambios en el artículo 88, sobre las garantías de gratuidad. Este artículo en la LOMCE de Wert tenía dos puntos, que aludían a que “en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica”, para luego excluir “las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario”.

La LOMLOE introduce un par de añadidos para reforzar esta idea, que no se acaba de cumplir (siendo generosos). “Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro”. Con esta medida se pretende poner coto a ciertas prácticas de algunos centros concertados, que cobran por estas actividades complementarias (refuerzos de lectura o idiomas, por ejemplo) y las incluyen a mitad de jornada escolar, dejando pocas opciones de rechazarlas a las familias, que se ven obligadas a pagar.

La modificación del artículo se completa con una obligación para las administraciones educativas: deben vigilar que no se paguen cuotas. “Las Administraciones educativas supervisarán el cumplimiento por parte de los centros educativos del presente artículo”, se lee.

Religión y Valores, en la diana

Aunque este apartado no atañe exclusivamente a la escuela concertada, las patronales han puesto su foco en las asignaturas de Religión y la creación (recuperación, si se quiere) de una asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos. “Uno de los objetivos tradicionales de los Gobierno de izquierda es su opción por el laicismo activo (...) y lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad”, expone el manifiesto de Más plurales respecto a la Religión, olvidando quién financia esos centros, sean o no de su titularidad. El principal cambio que trae la LOMLOE respecto a la materia es que dejará de contar para la nota media, elemento que introdujo la LOMCE, y no tendrá asignatura espejo (alternativa), lo cual promete crear más de un quebradero de cabeza a las direcciones de los centros, porque no se puede tener alumnos sin clase en mitad de la jornada escolar. Por lo demás, seguirá siendo, como hasta ahora, una asignatura de oferta obligatoria por parte de los centros y realización optativa para el alumnado.

La asignatura de Valores, que se cursará si nada cambia en 3º de la ESO. Dice el proyecto de LOMLOE: “En esta área se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor del respeto a la diversidad y al valor social de los impuestos, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia”. Para un conocimiento más detallado de los contenidos habrá que esperar al desarrollo del currículo de la asignatura, que llegará en una segunda fase legislativa. Pero en la concertada ya saben de qué va a ir la materia: “Otra Educación para la ciudadanía [la asignatura que creó Zapatero y que también le costó muchas protestas] no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento”.