Ofensiva en el Parlamento Europeo contra el plan del Gobierno andaluz de indultar los regadíos de Doñana

Salvar Doñana. Es lo que está detrás de la ofensiva que han iniciado los grupos progresistas en la Eurocámara para intentar parar el plan del Gobierno andaluz de indultar los regadíos ilegales en el entorno de ese Parque Nacional que atraviesa un momento crítico. Juan Manuel Moreno Bonilla ha desafiado a la Comisión Europea al mantener la tramitación de la polémica proposición de ley que presentaron PP y Vox en el Parlamento regional y que conllevó una dura carta de Bruselas en la que advertía que poner en peligro esa zona protegida conllevaría multas multimillonarias para España. Ante esa situación, los grupos del Parlamento Europeo se están movilizando.

Los socialistas y demócratas, mandatados por Iratxe García, están organizando un viaje de eurodiputados para que conozcan de primera mano la situación. Se trataría de una misión extraoficial (no las que se organizan dentro de las comisiones parlamentarias, que después emiten resoluciones) dado que, según explica García a elDiario.es no da tiempo dada la urgencia de la situación. Por ahora ha contactado a Los Verdes, la Izquierda y los liberales de Renew. “Deberíamos parar el proyecto antes de que se convierta en ley. Nuestro objetivo es que se pueda parar y hay que usar todos los medios posibles”, declara la jefe de los socialistas y demócratas. Por ahora no hay fecha ni integrantes de la misión, pero fuentes socialistas dicen que la intención es que sea “lo antes posible” y que viajen parlamentarios de “distintas nacionalidades”.

El plan de PP y Vox, que toma forma a las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo, choca de pleno con los objetivos medioambientales de la UE. Bruselas está siguiendo el tema de cerca después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) condenara a España por el expolio del agua en Doñana. Aquella sentencia no conllevó sanciones económicas y con eso es con lo que amenaza la Comisión Europea tras la iniciativa parlamentaria de la derecha andaluza. “La Comisión no dudará en tomar todas las medidas necesarias para que España cumpla debidamente la sentencia del TJUE”, señalan fuentes del gobierno comunitario.

“En un momento en que UE legisla sobre protección de humedales y que la biodiversidad es un tema prioritario en la agenda europea, evidencia que es una salvajada lo que estamos hablando”, dice la jefa de los socialistas y demócratas sobre el proyecto de Moreno Bonilla. Su intención es, además, reunirse con el vicepresidenta de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, y con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius.

Pero la movilización no sólo viene de los socialdemócratas. IU denunció este martes la situación ante la Comisión Europea y reclamó que actuara para frenar la proposición de ley que el Parlamento andaluz admitió a trámite este miércoles. No es la primera vez que el partido hace una queja de este tipo. Además, va a solicitar que se reabra la última solicitud que llevaron a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara sobre los acuíferos y que el organismo que preside la conservadora Dolors Montserrat cerró. Esa se suma a la que se abrió en 2013 sobre el almacén de gas, que también incluyó una misión de los eurodiputados a la zona y que concluyó en una censura de la situación.

La oposición al indulto a los regadíos ilegales de Doñana viene de distintos frentes. “El conocimiento científico y técnico disponible que tenemos aporta evidencias sólidas sobre los efectos adversos de la sobreexplotación del agua subterránea en los ecosistemas de Doñana”, ha reiterado este jueves el portavoz de la Comisión Europea Tim McPhie, que no ha querido aventurar qué pasos dará el gobierno comunitario y se ha limitado a recordar que la fase actual es la de analizar las “observaciones” que hizo España a raíz del caso abierto por la condena de Luxemburgo.

Bruselas advierte de una “violación flagrante”

Además, ha recordado en respuestas a los periodistas que le han preguntado sobre la futura legislación andaluza que la normativa europea “exige un uso sostenible de los recursos naturales, lo que incluye el agua en particular y que las actividades económicas sean compatibles con la conservación de los espacios de la red Natura 2000”. No obstante, los portavoces del gobierno comunitario sostienen que sólo se puede actuar sobre las leyes que están en vigor y ese punto aún no ha llegado en el caso del indulto a los regadíos.

Sin embargo, la Comisión Europea ya ha dejado clara su oposición a la norma que defiende el Gobierno andaluz y ha advertido de que su aprobación supondría una “violación flagrante” de la sentencia del TJUE. En una carta remitida al Ejecutivo con motivo del anuncio de la proposición de ley de PP y Vox, recordó que impulsaría multas si persiste el incumplimiento.

Además del cuestionamiento desde Bruselas, de los grupos parlamentario y las movilizaciones de las organizaciones ecologistas, el Gobierno ha anunciado que pedirá al Tribunal Constitucional la paralización de la norma en cuanto sea aprobada. “Doñana no se toca”, expresó este miércoles Pedro Sánchez.