- “Vagos, violentos, sucios” son algunos de los estereotipos que acompañan a este tipo de ocupación, pero “poner en marcha un centro social lleva mucho trabajo”, afirma Marina, del espacio recién desalojado La Morada
La cerradura del número 83 de la madrileña calle Amparo, en el barrio de Lavapiés, se rompía en 1985 para inaugurar el inicio en la capital de un movimiento que hoy tiene decenas de expresiones en todo el territorio. Fue el primer centro social autogestionado y “la primera vez que esa okupación se realizaba con unos fines y un discurso político que iba mucho más allá de buscarse un techo”, afirmaban en mayo de 2015 los organizadores de la Semana de Lucha por la Okupación.
31 años después los centros sociales okupados han renovado su imagen mediática y encuentran más apoyo ciudadano. Los vecinos del barrio barcelonés de Gràcia han defendido tras el desalojo del Banc Expropiat el papel que cumplía el espacio. Algo que también ha experimentado el Patio Maravillas, que se ha encontrado con que cuatro de sus activistas, entre ellos el concejal Guillermo Zapata, se sentarán en el banquillo por un delito de usurpación. Pero, ¿cómo funciona un centro social okupado?
La lucha contra los espacios vacíos
La okupación de centros sociales cuenta con dos objetivos. Por un lado, la recuperación de inmuebles y edificios vacíos para contar con un espacio de encuentro en el que diferentes colectivos desarrollen sus actividades. Por otro, es un fin en si mismo. A pesar de que no es un movimiento monolítico, “tenemos la misión común de protestar contra la especulación y corrupción que se lleva a cabo en espacios vacíos públicos y privados, es un gesto de protesta”, afirma Marina G, que forma parte de La Morada, desalojada de un edificio en el madrileño barrio de Chamberí el pasado 20 de abril.
La misma visión comparte Ángel Méndez, que participa junto a decenas de jóvenes en el centro social okupado La Atalaya, situado en Vallecas. En noviembre de 2014 varias personas decidieron instalarse en un instituto abandonado desde hacía tres años por la Comunidad de Madrid. “Pedíamos espacios a la Junta Municipal del Distrito y a Delegación del Gobierno y no había respuesta”, sostiene Méndez. Marina asegura que se trata de una forma de otorgar a los espacios y terrenos “su función real: ser aprovechados y utilizados”.
“Vagos, violentos, sucios”
En opinión del investigador y activista Miguel A. Martínez la imagen mediática dominante de la okupación “sigue cargada de muchos estereotipos, prejuicios, falsedades y ominiones”. Algo que ha cambiado tras el 15M, nutrido de activistas que se reunían en espacios de este tipo y propulsor de colectivos que comenzaron a hacerlo en ellos. En el libro Okupaciones en movimiento (M.A Martínez, M.Domínguez y E. Lorenzi), los expertos desgranan cómo la prensa ha asociado la palabra “okupa” a imágenes de “vagos, violentos y sucios”.
Al margen de conductas individuales, esta sigue siendo parte de la idea que copa el imaginario colectivo. Sin embargo, “poner en marcha un centro social okupado lleva mucho trabajo”, explica Marina. Cuando los jóvenes de La Atalaya entraron al edificio lo primero que hicieron fue arreglarlo y limpiarlo. “No quedaba nada, estaba lleno de basura, en una situación de abandono total, sin ventanas y con la grifería y la fontanería rotas”, recuerda Méndez. A romper con este imaginario ha contribuido el Patio Maravillas, que desde el principio se propuso “demostrar que es un espacio para todas y todos en el que se realizaban actividades sociales y culturales necesarias para el barrio y la ciudad”, dice Lucía Lois, integrante del patio.
Una intención que aparece entremezclada también con el debate sobre legalidad y legitimidad y que desgrana cuestiones como si pueden ser justificables o no determinadas acciones de desobediencia civil. Y es que la ocupación está recogida en el Código Penal en el artículo 245.2, que contempla multas de tres a seis meses para aquel que “ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular”. El desalojo de La Morada ha llevado a 35 activistas a estar imputados y La Atalaya espera día de juicio.
La autogestión, una pieza fundamental
La forma de organización de un centro social es la democracia directa y la horizontalidad. Esto significa que las decisiones se toman en asamblea y de forma colectiva. Además, todas las personas implicadas en el proyecto son responsables de cuidar y limpiar el espacio. Es decir, se autogestionan y no existe la intermediación de agentes públicos o privados.
En el Patio Maravillas, que este próximo mes de julio va a cumplir nueve años y que comenzó en un edificio de la Calle Acuerdo para pasar después a la Calle Pez, cada colectivo que utilizaba el espacio debía limpiarlo antes y después de la actividad, explica Lois.
Además, los integrantes del centro social son los encargados de hacer que se realicen distintas actividades, ponen en marcha y mantienen la página web y son responsables de la comunicación. “Es diferente a la estructura tradicional de los partidos, que es vertical, es una forma de hacer política que el Estado teme porque quiere una política dirigida en base a al pensamiento único”, afirma el abogado de Legal Sol, Endika Zulueta.
Huerto urbano, taller de bicicletas, conciertos...
Los centros sociales okupados suelen albergar diferentes colectivos sociales y son sede de actividades, tanto periódicas como puntuales. El Patio Maravillas, por ejemplo, era sede de Yo Sí Sanidad Universal, un grupo cuyos integrantes acompañan a inmigrantes sin sanidad pública a los centros de salud para ser atendidos, No Somos Delito, que centra su batalla en la oposición a la llamada Ley Mordaza o Juventud Sin Futuro, entre otros muchos.
“Mantener vivo el barrio” es uno de los objetivos de La Atalaya, sostiene Méndez, para lo que han puesto en marcha actividades abiertas a todo el público como un taller de arreglo de bicicletas, de teatro o de autodefensa feminista. “Cine, grupos de consumo, inglés, tango, flamenco, huerto urbano, despensa solidaria, club de lectura...”, enumera Marina.
El debate sobre la cesión de espacios
Uno de los debates tradicionales que alberga el movimiento okupa es el de si negociar con las instituciones la cesión de espacios puede suponer la pérdida de la intención reivindicativa del movimiento. Martínez, Domínguez y Lorenzi diferencian en su estudio entre dos discursos: aquellos que están a favor de la legalización de los centros y los que no, por considerar que supone aceptar las reglas del poder.
El Patio Maravillas lleva un año intentando negociar con el Ayuntamiento de Madrid la cesión de un espacio, sin embargo, aún no se ha materializado a pesar de que el colectivo ha pedido al consistorio “que acelere el proceso”. Para Lois es una buena opción “por una cuestión de realidad”. Y es que las amenazas y los desalojos pueden provocar que las actividades que se realizan en los centros pierdan continuidad y no sean estables.
Marina argumenta que, en su opinión, “son dos formas que pueden coexistir” y asegura que “por muchas cesiones que se pudieran conseguir, la okupación seguiría existiendo porque es una reivindicación política necesaria”. Aún así, los centros sociales insisten en que aunque el espacio sea propiedad pública y haya intermediación del Ayuntamiento la autogestión sigue siendo la forma de organización preponderante. “Las instituciones no entran en la toma de decisiones”, dice Lois.