El coronavirus se expande y España se asoma a una segunda ola epidémica. Pero más allá del debate conceptual y médico todo apunta a otro tipo de ola que sí parece segura: la segunda gran crisis de conciliación desde que comenzó la pandemia. O quizá la primera nunca llegó a terminar. Las dudas sobre la apertura de los centros educativos y la incertidumbre sobre cómo se desarrollará el curso y qué sucederá si hay cuarentenas aviva un problema estructural que ha dejado exhaustas a miles de familias. “Es un problema sistémico, que no es nuevo, que ya estaba ahí: el hecho de que los trabajos de cuidados sean mayoritariamente invisibilizados, feminizados y devaluados y que se den por hecho”, resume Pilar Goñalons Pong, profesora de Sociología en la Universidad de Pensilvania y especialista en género, familia y política social.
A días de empezar el curso, el debate es ineludible y el Gobierno asegura que estudia una ampliación de las incapacidades temporales para amparar a quien tenga que confinarse con sus hijos, pero las declaraciones son aún inconcretas y distintas en función de qué parte del Ejecutivo hable. ¿Qué pasa con las madres y padres que tengan que confinarse porque la clase de sus hijos está en cuarentena?, ¿trabajarán con ellos en casa?, ¿cómo?, ¿y si no pueden?, ¿habrá bajas remuneradas?, ¿permisos sin sueldo y, por tanto, solo para quien pueda permitírselo?
“Lo primero es que no puede ser que todo se prepare en la primera semana de septiembre”, señala la profesora de Sociología de la UNED y experta en conciliación y mercado laboral Teresa Jurado. “Menos titulares y más previsión” es la consigna con la que resume la necesidad de una planificación más anticipada para que quienes tienen hijos pudieran tratar de organizarse mejor y saber a qué atenerse.
Los efectos de esa primera ola que no pareció terminar nunca ya son palpables. “El resultado es que ha aumentado la brecha de género. La incompatibilidad de esta situación con el trabajo remunerado está siendo más fuerte para las mujeres y está empeorando su situación a nivel de salarios, paro y horas efectivas de trabajo”, señala Pilar Goñalons. En el fondo, con o sin pandemia, los cuidados tienden a desaparecer de la ecuación.
“Se da por supuesto que madres, hermanas o tías, generalmente mujeres, se van a responsabilizar de las personas dependientes y el sistema económico y las políticas públicas no abordan lo fundamental que son estos trabajos. Gobiernos, empresas y mayoritariamente hombres se 'desresponsabilizan' de este trabajo”, afirma la experta de la Universidad de Pensilvania.
Bajas médicas o no
Trabajo se reúne este viernes con los agentes sociales y el asunto se colará en el encuentro. Tanto Yolanda Díaz como el vicepresidente, Pablo Iglesias, han hablado de ampliar las bajas para madres y padres con hijos confinados pero que no estén contagiados, aunque hace unos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó lo contrario. En el ministerio de Seguridad Social e Inclusión se muestran prudentes y hablan de estudiar posibles opciones.
Detrás de la decisión también está el dinero: si se trata de una baja laboral las empresas tendrían que hacerse cargo del abono de los primeros días. Por otro lado, no se trataría de una baja médica per se porque no habría enfermedad propia, aunque son médicas y médicos de cabecera quienes las conceden. Si la decisión es desvincularla de las bajas tradicionales, entonces, serían las arcas públicas quienes sufragarían el gasto.
De momento, el Gobierno remite al Plan MeCuida, que contempla adaptaciones de jornada (sin menoscabo económico pero que deben ser aceptadas por la empresa, aunque el Ejecutivo reforzó en marzo su aplicación) y la posibilidad de reducirla hasta el 100%. El plan caduca el 21 de este mes y su prórroga está también sobre la mesa.
“Ya dijimos que esto iba a ser insuficiente para abordar todas las circunstancias que esta situación ocasionaría”, apunta la secretaría de Igualdad de CCOO, Elena Blasco, que recupera las propuestas que el sindicato hizo en su día. Por un lado, ayudas económicas para las personas que tengan que reducir su jornada laboral más de un 30% o que tengan que coger una excedencia temporal para cuidar. La cuantía de estas ayudas tendría en cuenta el nivel de renta de las personas beneficiarias: con salarios inferiores a 27.537 euros, las ayudas serían mayores, también para familias monoparentales. Por otro lado, el refuerzo de la adaptación de jornada con incentivos a las empresas.
Pilar Goñalons Pong propone “extender la lógica de la baja de maternidad y paternidad” para enfocarla en el hecho del cuidado. Serían bajas por cuidado remuneradas que cualquier podría asumir si una persona de su entorno familiar cercano necesita cuidados. “Con este tipo de medidas siempre hay el riesgo de que acentúen dinámicas de género y que mayoritariamente madres cojan las bajas y eso puede perjudicar sus perspectivas laborales, pero pueden diseñarse incentivos para la igualdad”. Aunque advierte: más allá de las soluciones cortoplacistas, el debate debería abordar qué hacer a medio y largo plazo con todos esos trabajos que nos sostienen pero casi no vemos.