Cada once minutos muere una persona en la lista de espera de la dependencia

46.671 personas fallecieron el año pasado esperando una prestación por dependencia. Son unas 128 al día, aproximadamente una cada once minutos. Es el recuento que hace la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha hecho este viernes balance de 2021 tras publicar el IMSERSO los datos de diciembre relativos al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). Hay algunas señales que apuntan a una mejora de la cobertura y una reactivación del sistema tras el colapso en el que ha estado sumido durante años, pero aún así no ha llegado a cumplir con el objetivo de reducción de lista de espera que se marcaron el Gobierno y las comunidades autónomas.

Las personas fallecidas “en el laberinto burocrático de la ley” comprenden a aquellas que están en el llamado “limbo de la dependencia” (28.192), que son aquellas a las que se les ha reconocido que tienen derecho a la prestación, pero aún no se les ha concedido; y otras 18.479 personas que han presentado una solicitud pero están pendientes de valorar, es decir, aún no están calificadas en uno de los grados posibles.

El balance de 2021 deja también un descenso de las listas de espera, que en otros ejercicios se han incrementado, pero no llega al nivel que fijaron como meta el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas el 30 de abril, como parte del Plan de Choque que acordaron. Las medidas estaban encaminadas a reducir “en 60.000 personas” la lista de espera, en concreto el llamado “limbo de la dependencia” antes de 2022, pero finalmente se ha reducido en 38.807 personas al pasar de las 232.243 de finales de 2020 a las 193.436, un 16,7% menos.

Catalunya, Canarias y La Rioja aumentan el limbo de la dependencia

“A las personas que fallecieron el año pasado el Plan de Choque no les llegó a tiempo”, denuncia la asociación, que reclama “medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país” porque “a este ritmo se tardaría un lustro en lograr plena atención”.

La asociación alude a “la burocracia en los procedimientos” y los datos de tres comunidades autónomas, en las que ha crecido el número de personas en el “limbo de la dependencia” como las responsables de que “no se haya logrado el objetivo”. Son Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y Cataluña (+7%).

Por otro lado, hay comunidades que han cumplido con el objetivo y reducido notablemente la lista de espera: en Madrid hay hasta un 62,9% menos y un 42,2% en Aragón mientras que Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía rebasan el 30% de reducción. Aún así, sin comparar con un año antes, las comunidades con menor cantidad de personas pendientes de recibir la prestación a la que tienen derecho son Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, de acuerdo con la publicación de la asociación.

Si al “limbo de la dependencia” se le suman además otras categorías que aglutinan a personas que tampoco han visto todavía su derecho reconocido, son 392.690 a la espera de procedimiento, denuncia la asociación: las 193.436 del limbo, 124.596 pendientes aún de resolución, 30.000 personas que han presentado solicitud, pero aún no han sido “grabadas” en el sistema y otras 44.658 a las que se les ha valorado, se les ha concedido una prestación concreta, pero todavía no es efectiva.

Hay algunos datos positivos que avalan que “el sistema se reactiva”, cree la asociación, entre ellos que aumenta el número de personas beneficiarias con prestación en 97.912, un 8,71% más que en 2020; y en algunas comunidades como la Comunitat Valenciana, Madrid o Asturias se han incrementado más de un 14%. Pero aún así, la asociación reclama un mayor esfuerzo y que la activación no se produzca en base a servicios “de bajo coste” para dependientes de menor gravedad. Y es que las plazas de residencias y centros de día todavía no han recuperado los niveles previos a la pandemia.

“El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento”, pide la asociación.