ONG y médicos denuncian que la nueva ley de Sanidad no corrige las “lagunas” que permiten la exclusión sanitaria

Más de 300 organizaciones sociales, sociedades científicas, colectivos y 1.400 profesionales sanitarios han pedido este jueves al Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, que “ponga fin definitivamente” a la exclusión sanitaria que “viven miles de personas en España y que comenzó hace justo 10 años con la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012”.

En una concentración frente a la sede del Ministerio, en la que han leído un manifiesto, han denunciado que la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuyo anteproyecto aprobará próximamente el Consejo de Ministros, “no corrige muchas de las lagunas y deficiencias de la norma reguladora que hay vigente”, por lo que piden una “vuelta urgente” al modelo de sistema sanitario universal previo a 2012.“

En la protesta, diferentes personas que han sufrido casos de exclusión sanitaria en España han contado su caso, acompañados de Pablo Iglesias, portavoz de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y técnico de Incidencia Política de Médicos del Mundo, y Marta Pérez, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, quienes han pormenorizado las reivindicaciones del manifiesto.

El documento cuenta que en España el acceso a la atención sanitaria pública estaba garantizado a toda la población con la Ley General de Salud Pública de 2011. En el caso de las personas extranjeras, este acceso se les reconocía con el único requisito de que vivieran en España, independientemente de cuál fuera su situación administrativa. “España se situaba así a la cabeza de Europa con un sistema sanitario público plenamente universal, a pesar de contar con uno de los gastos sanitarios más bajos de nuestro entorno”, han apuntado los portavoces.

Sin embargo, culpan al Real Decreto-Ley 16/2012, aprobado en la etapa del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, del “cambio profundo” en la configuración del sistema sanitario y su cobertura poblacional, “quitando este derecho a miles de personas de manera injustificada”.

“La evidencia muestra el impacto negativo de esta medida sobre la salud de las personas excluidas en relación a mayor morbilidad, dificultad de seguimiento en el embarazo, y mortalidad evitable, así como en el conjunto de la sociedad en términos económicos, de bienestar y cohesión social y de salud pública, produciendo graves desigualdades en salud y exclusión social”, han denunciado.

Las mejoras y las carencias

Aunque reconocen que en 2018 el Gobierno socialista “intentó corregir esta injusticia” mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018, lamentan que esta reforma “fue claramente insuficiente”. “La nueva normativa no recupera la lógica previa a 2012 de vincular el derecho a la atención sanitaria al hecho de vivir en España, y aunque mejora la situación de algunas personas sin permiso de residencia, también cuenta con importantes carencias y lagunas que siguen provocando múltiples situaciones de exclusión”, han explicado.

Como consecuencia, han defendido que “la exclusión sanitaria en España sigue siendo un hecho incontestable, cuya magnitud es difícil de cuantificar porque no existen registros oficiales”. De hecho, organizaciones como REDER han documentado más de 5.000 casos de personas excluidas en los tres años de vigencia del RDL 7/2018, “representando la punta de un iceberg cuya dimensión real es mucho, mucho mayor”

Ahora, el Ministerio de Sanidad está elaborando el Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del SNS, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado 8 de noviembre. Estas entidades critican que “en lo concerniente al acceso universal continúa sin abordar algunas situaciones de exclusión sanitaria”.

Ante la inminencia de que el Gobierno apruebe el texto definitivo de este Anteproyecto, han resaltado que “este es el momento de garantizar un SNS plenamente universal”. “Es urgente recuperar el modelo de sistema sanitario universal previo a 2012: esto es lo que exigimos, ni más ni menos”, han reivindicado.

Por todo ello, han solicitado al Gobierno que recupere la titularidad de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos para todas las personas con nacionalidad española y para las personas extranjeras que se encuentren en España y que hayan declarado este territorio como su residencia, sea cual sea su situación administrativa.

Asimismo, instan a “eliminar la exigencia de un tiempo mínimo de permanencia en España para poder acceder a la atención sanitaria”. “Esta exigencia está suponiendo retrasos de semanas y meses para recibir asistencia, con el consiguiente impacto negativo sobre la salud de las personas y en algunos casos poniendo en riesgo su vida. El temor infundado al llamado 'turismo sanitario' no justifica esta medida, para el cual ya existen otros mecanismos de control”, han asegurado. También insisten en que es necesario garantizar “en todo caso” la asistencia pública personas menores de dieciocho años, embarazadas, solicitantes de protección internacional y apátridas, víctimas de trata, situaciones de salud pública y atención de urgencia.

Otro de los puntos importantes es que se promuevan las modificaciones legislativas necesarias para que “las personas ascendientes que llegan a España a través de un proceso de reagrupación familiar tengan derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos”. Y solicitan eliminar el requisito de acreditación de la no exportación del derecho. “Este requisito, de facto, es imposible de cumplir, sobre todo para las personas que están en situación más vulnerable, y en muchas ocasiones no existen los cauces burocráticos para poder certificar esta no exportación”, han detallado.

Las más de 300 organizaciones firmantes incluyen a sociedades científicas como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyc); ONG como Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Amnistía internacional, CEAR, Oxfam Intermón, la Red Acoge o Kifkif, Asociación de Migrantes y Refugiados LGTBI; y colectivos sociales como Yo Sí Sanidad Universal, la Red Solidaria de Acogida, la Red Solidaria Popular Latina Carabanchel, la Red Interlavapiés, la Asociación Apoyo, CP San Carlos Borromeo, Coordinadora de Barrios, Valiente Bangla o la Asociación Colectivo Territorio Doméstico.