La ONU interpela a España por la aplicación del falso síndrome de alienación parental contra las madres

España se examina estos días ante la ONU en igualdad. Entre los asuntos sobre la mesa, la aplicación del llamado síndrome de alienación parental (SAP) –no reconocido por la Organización Mundial de la Salud y rechazado por el Poder Judicial– y los procesos en los que se ven envueltas las madres que denuncian abusos sexuales hacia sus hijos por parte de sus padres. Varios informes que la sociedad civil ha presentado ante el comité que examina a España documentan algunos de esos casos y denuncian sesgos en la justicia y desprotección. En la sesión celebrada este martes en Ginebra (Suiza), el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) interpeló específicamente a España por este asunto. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, reconocía que algunas madres “están criminalizadas por sustracción de menores o por desobediencia a la autoridad judicial”.

Una amplia delegación española, encabezada por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y otras trabajadoras del Ministerio junto con representantes de Justicia, Interior o Derechos Sociales, respondió este martes a las preguntas de la CEDAW. La sesión es uno de los elementos de ese examen, que se completa con un informe que España ha presentado por escrito y también con los documentos que el Comité recaba de distintas organizaciones de la sociedad civil. Se trata de un examen que tiene lugar periódicamente y que deben pasar todos los países que han ratificado la CEDAW.

En la sesión del martes, la delegación española tuvo que responder sobre la existencia o no de protocolos para evitar la aplicación del SAP en los procesos judiciales, la formación a operadores jurídicos al respecto, los criterios para otorgar las custodias de los menores y las medidas “para quienes juzgan desde los prejuicios sexistas”. El SAP fue ideado por el médico Richard Gardner en los años 80. Según su teoría, un progenitor (la mayoría de las veces, la madre) aliena a sus hijos contra el otro en el contexto de la disputa por su custodia. Esta idea ha sido rechazada tanto por sociedades científicas y la OMS como por el propio Poder Judicial, que la tilda de “pseudo-científica” y desde 2016 pide a jueces y juezas que no la apliquen.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, desgranó algunas de las medidas tomadas en los últimos años, como la eliminación del consentimiento paterno para que en los casos de violencia de género los menores puedan recibir asistencia psicológica o la obligación de escuchar a los menores en los procedimientos judiciales.

“Se han adoptado medidas sobre el principio de que un maltratador no puede ser un buen padre. Antes en el 3% de los casos de violencia de género se suspendían las visitas, y ahora la regla general es la suspensión de visitas e incluso la suspensión retroactiva en los casos en los que ya existían. El interés superior del menor se identifica con el derecho a una vida libre de violencia”, explicaba Rosell, que subrayaba que los cambios normativos buscan impedir “que planteamientos sin base científica, como el mal llamado SAP, puedan ser tenidos en cuenta por las autoridades, tanto judiciales como administrativas”. Rosell destacó que el Ministerio de Igualdad se ha reunido con las llamadas madres protectoras, víctimas de violencia vicaria e institucional, y las ha incluido en la nueva estrategia contra las violencias machistas.

Informes críticos

Uno de los informes presentados ante de la CEDAW es un extracto de la investigación elaborada por varias profesoras de la Universidad Complutense de Madrid junto al Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. La investigación está basada en el estudio de 47 casos de denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por el padre y se completa con el análisis de otras 40 sentencias del ámbito civil y otras 63 del penal. Las autoras concluyen que España no está cumpliendo con la CEDAW y no actúa “con debida diligencia” en estos casos.

“Se constata la existencia de un patrón estructural de discriminación por aplicación del falso SAP, que implica un conjunto de prácticas y comportamientos dentro del sistema jurídico español y de las instituciones implicadas en la detección y evaluación de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, que pueden ser catalogados como violencia machista institucional”, subrayan. La investigación detecta falta de credibilidad a los menores, salvo cuando estos se retractan, “pese a que los protocolos más reconocidos para la detección de la violencia sexual sobre niñas y niños coinciden en señalar la retractación como una secuela contingente de la agresión sexual”.

La investigación defiende la existencia de una “pauta clara” en los juzgados de familia de ordenar modificaciones de medidas “en perjuicio del interés superior de niñas, niños y adolescentes y del vínculo con su madre”. “En los casos en los que las niñas, niños y adolescentes han intervenido en el proceso penal y han manifestado su deseo de permanecer bajo la custodia de la madre, así como su rechazo a estar con su padre, se identifica el interés superior del menor con el mantenimiento –o restablecimiento– de la relación paternofilial y finalmente con la custodia paterna”. En un 65% de los casos analizados, la madre perdió la custodia en favor del padre, que pasó a ostentarla de manera exclusiva. En un 20% de los casos se les retiró a las madres la patria potestad.

“La aplicación del falso SAP y la consecuente ausencia de perspectiva de género en las resoluciones judiciales hacen que los intentos de las madres por proteger a sus criaturas, cuando el sistema judicial ha mostrado su incapacidad para proteger a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el ámbito familiar, las lleven a ser acusadas de delitos. Así, asistimos a una reconversión penal de las denuncias por violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes en denuncias contra la madre, tendentes a penar sus prácticas de protección y responsabilidad marental, reinterpretadas en el marco del falso SAP como delitos que tienen como finalidad dañar al padre y obstaculizar la naturalizada relación paternofilial”, concluyen las investigadoras.

La organización de Madres Protectoras también ha hecho llegar un informe a la CEDAW en el que documenta algunos de sus casos y denuncia la desprotección a la que se enfrentaron una vez denunciaron a los padres de sus hijos e hijas por presuntos abusos sexuales contra los menores. La asociación Alanna, especializada en atención integral a mujeres y menores víctimas de la violencia de género, también envió un informe al respecto. “Existe discriminación contra las madres que protegen a sus hijas e hijos basada en estereotipos de género”, denuncian. La asociación detalla que las niñas y niños que verbalizan haber sufrido abusos por parte de sus padres son obligados a reconectar con ellos. En su informe critican la falta de medidas efectivas para reparar el daño causado y evitar que estos casos sigan produciéndose.