Casi unanimidad en la oposición en el Congreso: la mayoría de los grupos, excepto Unidos Podemos que no se ha pronunciado todavía, han rechazado el Real Decreto del Gobierno por el que todos los becarios de FP y universidad tendrán que cotizar a la Seguridad Social. Así se lo han dicho esta mañana los portavoces parlamentarios a la ministra de Educación, Isabel Celaá, en la Comisión sectorial en el Congreso. Alguno (el PP o C's) han acusado al Gobierno de plantear esta medida como remedio a la caída en el número de cotizantes a la Seguridad Social.
La ministra poco ha podido rebatirles, ni siquiera informarles. De hecho, ha afirmado que su comparecencia era “impropia” porque corresponde al Ministerio de Trabajo esta cuestión. Celaá se ha limitado a remitirles al futuro desarrollo normativo del RD y a afirmar que “el Gobierno no permitirá nunca que esta medida pueda ir en detrimento del sistema educativo”, casi enmendando al Ejecutivo al que pertenece, y ha concedido que sería “un problema” tanto en el caso de que deban pagar las prácticas las administraciones educativas como en el caso de que les toque a las empresas (la única alternativa a esto es que se bonifiquen las prácticas).
De momento se desconoce quién pagará esta cotización, si estará bonificada como sucede ahora o cómo afectará esta disposición a la oferta de prácticas, aunque parte de la oposición alerta de que muchas empresas se echarán atrás si les toca pagar una cotización a la Seguridad Social por los becarios cuando hasta la fecha no había tal cotización, por baja que sea la cuota (unos 50 euros al mes) y todos los portavoces que han intervenido hasta el momento se han mostrado en contra de la medida.
El Gobierno introdujo una disposición adicional en el Real Decreto 28/2018 por la que será obligatorio que todos los estudiantes que realizan prácticas externas durante sus planes de estudio, tanto en la FP de grado medio y superior como en la Universidad, tendrán que cotizar a la Seguridad Social durante estos periodos, sean las prácticas curriculares (esto es, parte del plan estudios y por tanto obligatorias) o extracurriculares (aunque estas ya se pagaban), sean remuneradas o no (hasta ahora solo se pagaba en el caso de las remuneradas).
El RD da algunas pistas sobre quién deberá pagar las cotizaciones de los becarios, aunque lo hace en genérico y habrá que esperar al desarrollo normativo para ver en qué queda. Se sabe en cualquier caso que afectará a los 720.000 alumnos de FP que actualmente no cotizan y a un número indeterminado pero elevado de universitarios por los que el Gobierno podría ingresar unos 100 millones de euros al año.
Actualmente, con carácter general, las becas no remuneradas no cotizan a la seguridad social. Son las becas remuneradas las que sí cotizan, pero no lo hacen todas por igual. Si estas prácticas académicas externas son curriculares, esto es, parte de los estudios y por tanto obligatorias para obtener el título, como Magisterio, están bonificadas al 100%. Si son extracurriculares, o sea voluntarias y fuera de los planes de estudios, se paga la cotización.
Los rectores ya advirtieron en su momento de que la medida puede resultar lesiva porque las empresas se echen atrás en su oferta de prácticas, y señalan el problema que supondría eso en el caso de unas prácticas que, aunque sean externas y se realicen en empresas, tienen una estructura de asignatura y son obligatorias para obtener el título, como sucede en la FP.
“Han tomado esta medida sin consultarle”
Celaá no parece muy cómoda con el asunto, y así se lo han hecho saber el resto de portavoces parlamentarios. “Han tomado esta medida [en la que también ha intervenido el Ministerio de Trabajo] sin consultarle”, le ha espetado Marta Martín, la portavoz de Ciudadanos.
“Cuando se publicó el RD me llamaron de la comunidad educativa para advertirme de que se gestaba una bomba y se ponía en peligro el sistema de prácticas de FP y el sistema universitario”, ha afirmado.
Joseba Agirretxea, del PNV, ha afirmado que “quien ha creado esto no tiene ni idea de cómo funciona la FP ni el ámbito educativo. ¿Quién va a hacer la gestión administrativa? Va a ser un caos con consecuencias nefastas tanto en FP como en la Universidad. ¿Qué va a pasar con los alumnos de Medicina o Enfermería?”, se ha preguntado como caso prototípico en el que, sea la administración educativa o el organismo de destino de los becarios quien pague la cotización, será la administración general quien lo haga.
Los centros 0-3 tendrán “requisitos mínimos”
La ministra también ha dibujado las líneas generales de la reforma de la LOMCE que está impulsando el Gobierno, aunque aún no ha entregado al resto de partidos la redacción definitiva de la ley y su exposición apenas ha esbozado algunas ideas sin concretar, lo que también le han reprochado el resto de portavoces.
Así, entre las principales novedades de la reforma de la LOMCE que ha destacado la ministra se encuentran que por primera vez los centros de la etapa educativa de cero a tres años tendrán unos “requisitos mínimos”, algo que ahora no sucede, aunque no ha concretado cuáles. También se permitirá a las comunidades autónomas organizar las asignaturas por ámbitos de conocimiento y se impulsará el reconocimiento de la experiencia laboral y, con ello, la vuelta a los estudios. Por último, la ministra anunció que las evaluaciones de diagnóstico se realizarán en 4º de Primaria y en 2º de la ESO (aunque no se podrán hacer clasificaciones de centros, según el ministerio) y se recupera la prueba específica de acceso a la Universidad.