El Consejo de Ministros aprobará a lo largo del mes de febrero el Real Decreto con el que el Gobierno pretende reducir la tasa de interinidad en educación. Según datos de Comisiones Obreras, actualmente uno de cada cuatro profesores es interino, sus estimaciones hablan de una tasa del 24%. Con esta convocatoria pretenden comenzar a rebajar ese porcentaje; el objetivo es reducir hasta el 8% la tasa de temporalidad del sector público.
Algunos sindicatos como Comisiones Obreras, UGT y STEs se llegaron a encerrar durante unas horas en el Ministerio tras el anuncio del modelo de las oposiciones. Estas organizaciones han criticado “la falta de voluntad política” del departamento de Méndez de Vigo. Por su parte, el Ministerio asegura que han tenido en cuenta algunas de las reclamaciones de estas organizaciones, como dar más peso a la experiencia.
A la espera de que lo apruebe el Consejo de Ministros, el reglamento ya ha contado con el visto bueno del Consejo Escolar del Estado y de la Conferencia Sectorial de Educación, con representantes del Gobierno central y de las comunidades autónomas. En este último encuentro los gobiernos socialistas ratificaron la queja de los sindicatos y no apoyaron que estas pruebas sean eliminatorias. Estos son algunos de los puntos sobre los que hay discrepancias.
1. Número de plazas
Hace un año el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, llegó a asegurar en La Razón que con esta convocatoria se ofrecerían en todo el territorio nacional entre 150.000 y 160.000 plazas de profesores. Consultado por esta redacción, el Ministerio ha dado un paso atrás y recuerdan que la gestión de las ofertas de empleo público “corresponde a las administraciones educativas de cada comunidad autónoma”, si bien matizan que “en las próximas convocatorias se plantea como objetivo principal la disminución de la tasa de interinidad del personal docente”.
La estimación de plazas realizada por CCOO coincide con la primera intención del Gobierno de Rajoy. Consideran que para alcanzar el 8% de tasa de interinidad habría que sacar 151.000 plazas: 83.000 puestos para estabilizar ese porcentaje y 67.671 para combatir la tasa de reposición.
2. Pruebas eliminatorias
La decisión del Ministerio de que se tengan que aprobar todos los exámenes de la prueba ha levantado a algunos sindicatos contra el Ministerio. Educación defiende su postura reseñando que esta cuestión “ya se encontraba el marco normativo básico desde el año 2007”. Además aseguran que siempre han entendido que las pruebas tienen que ser eliminatorias “de acuerdo con la jurisprudencia y su interpretación de principio de mérito y capacidad en el acceso a la función pública”.
“Las pruebas no eliminatorias benefician a los profesores que llevan años trabajando y a los que no. Les permite hacer toda la fase de pruebas y en caso de no sacar plaza tendrán una nota más alta en la lista de interinos. Es una forma de aprender cómo funcionan las oposiciones y ganar experiencia para enfrentarse a la parte oral”, argumenta José María Ruiz, secretario de Enseñanza Pública de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO.
El representante de Comisiones Obreras defiende que “entre 2007 y 2011” los exámenes no fueron eliminatorios y reseña que esta postura también requiere que la nota media sea como mínimo un cinco para seguir adelante en las pruebas. Además, recuerda que el Congreso de los Diputados aprobó este curso una PNL, presentada por Unidos Podemos y apoyada por el PSOE, en la que se instaba al Gobierno a que se modificase el Real Decreto que regula la convocatoria para “que las pruebas de la fase de oposición no sean eliminatorias”.
Por su parte, el sindicato ANPE no valora de forma negativa esta cláusula. Su secretario de acción sindical, Ramón Izquierdo, considera que “socialmente no sería aceptable” que un docente sacase “un dos o un tres en las pruebas que valoran el conocimiento de la especialidad”.
3. Experiencia
Las organizaciones sindicales han reivindicado que la experiencia gane peso en las pruebas y suponga un 45% de la prueba. El Ministerio ha tenido en cuenta en parte esta petición. Los méritos, entre los que se incluyen los años trabajados, tendrán un peso del 40%, contra el 33% actual. De los diez puntos que se pueden alcanzar, la experiencia supondrá un máximo de siete puntos, dos puntos más que lo establecido en el reglamento que actualmente está en vigor. La formación académica se valorará con cinco puntos y otros méritos, como el nivel de idiomas o los cursos de formación permanente, podrán valorarse con hasta dos puntos.
“Una persona con todos los puntos de formación y otros méritos podría adquirir la misma calificación que una persona que tiene los 10 años de experiencia”, incide Ruiz. Por su parte, STEs se muestra crítico con los sindicatos que firmaron en marzo un acuerdo para la mejora del empleo público (CCOO, UGT y CSIF). Les reprochan que no impusiesen al Ministerio de Hacienda “una cláusula que garantizase la consolidación de los puestos de trabajo”. Salvador Benavent, portavoz del área de política educativa STEs, asegura que “no hay garantía de que el personal con mayor experiencia consolide la plaza” y por lo tanto temen que “los que no aprueben se vayan a la calle”.
4. Cambio de temario
El Ministerio está negociando con sindicatos y comunidades autónomas el cambio de temarios. Esta modificación no afectará a la primera convocatoria y está previsto que llegue en 2020. En la comunidad educativa no hay oposición a que se cambie el temario de las pruebas de acceso, ya que se considera que están obsoletos. Sin embargo, los sindicatos no están de acuerdo con que se modifique el contenido de los exámenes mientras se está negociando el pacto educativo en el Congreso.
“El sistema de acceso debe estar ligado al pacto educativo, no tiene sentido cambiar temarios en dos años; y si en otros dos años se aprueba una nueva ley se vuelve a cambiar. Es un momento en el que se va a valorar más que nunca la experiencia del profesorado”, apunta desde ANPE.
El acceso a la profesión docente es uno de los puntos de debate que van a abordar en las próximas semanas los grupos políticos en la subcomisión del Congreso centrada en sentar las bases para derogar la LOMCE. Por su parte, desde el Ministerio defienden su postura de cambiar el temario mientras se mantienen estos encuentros ya que se “lleva solicitando desde hace años”.
5. Sorteo de temas
Este es uno de los puntos en los que hay acuerdo. La modificación que va a aprobar el Gobierno aumenta el número de opciones que tiene el examinador a la hora de elegir un epígrafe a desarrollar. “Incrementa el número de posibilidades, pasando a tres opciones con menos de 25 temas, cuatro de 25 a 51 temas y cinco con más de 51 temas del temario oficial”, aclaran desde el Ministerio. CCOO considera que con esta decisión “aumenta la posibilidad de que [los aspirantes a la plaza] se sepan el tema”.