Las ordenanzas que en los últimos años han aprobado varios ayuntamientos en España para perseguir la prostitución callejera no logran terminar con su ejercicio. Es una de las conclusiones principales de un informe elaborado por el grupo de investigación Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que cuestiona que este tipo de normativas sancionadoras sean el instrumento adecuado para abordar la realidad de la prostitución. El estudio, a cuyo borrador ha tenido acceso eldiario.es y que se hará público a finales de noviembre, revela que las ordenanzas son una herramienta “inadecuada” para acabar con la prostitución o luchar contra la trata con fines de explotación sexual.
Aunque el grupo ya había avanzado algunos detalles de la investigación, el documento califica de “claro fracaso” las ordenanzas municipales concebidas con el ánimo de terminar con la prostitución, que es uno de los argumentos que suelen desgranarse desde los consistorios para ponerlas en marcha. “Con la aplicación de las ordenanzas se sigue ejerciendo el trabajo sexual y se está revictimizando a las mujeres víctimas de trata”, explica el estudio, realizado a partir de 32 entrevistas en profundidad a trabajadoras sexuales, ONG, expertas, representantes políticos, técnicos municipales y agentes de varias ciudades, entre ellas, Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza o Bilbao.
Las ordenanzas municipales se reparten por toda la geografía española –Málaga, Valencia, Alcalá de Henares...– con diferente intención: algunas persiguen y multan a clientes y prostitutas y otras solo a ellos. Así, la ordenanza de Sevilla, reformada en 2017, considera la prostitución como una forma de violencia de género y persigue y sanciona al cliente con multas de entre 750 y 1.500 euros. Otras, como la de Barcelona, castigan también a las mujeres con multas de unos 300 euros. Aunque según reconocen desde Antígona, las sanciones a las trabajadoras en la ciudad condal se han reducido en los últimos años, entre 2012 y 2015 el consistorio multó a 2.200 mujeres y 800 clientes, según recoge el informe.
Por su parte, en algunos sitios se trabaja para la puesta en marcha de este tipo de normativas. El pleno de Elche aprobó la semana pasada iniciar los trabajos y en Madrid, el Ayuntamiento está inmerso en un debate sobre la pertinencia de una ordenanza que multa a clientes impulsada por el PSOE municipal. Además, las prostitutas de toda España se enfrentan a Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, con la que la Policía denuncia de media a una prostituta cada día por “ejecutar actos de exhibición obscena”o por “desobediencia a la autoridad” con multas que van de los 100 a 30.000 euros.
“Muchas de estas ordenanzas se han justificado en que el objetivo es acabar con la prostitución, pero no se ha logrado. Utilizar un instrumento sancionador para ello no es realista. Mucha de la prostitución se ejerce en pisos y se fragua en Internet o redes sociales. Al contrario, hemos visto que lo que han hecho es clandestinizar la actividad y volverla más opaca y precaria”, explica una de las integrantes del grupo Antígona, que ha elaborado el estudio en el marco del proyecto titulado El desarrollo de los derechos fundamentales en las ordenanzas municipales: límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de género.
“Más estigmatizadas”
La investigación pone sobre la mesa que este tipo de normativas municipales, muchas diseñadas para regular “la seguridad ciudadana”, el “incivismo” o el “orden público”, no son el instrumento idóneo para abordar la prostitución porque “no han sido otra cosa que una herramienta de control social y policial” que ha llevado a la “criminalización” del trabajo sexual y de las mujeres que lo ejercen. Según el informe, esto ha provocado “el empeoramiento de sus condiciones” quedando “relegadas a una posición más débil y más estigmatizadas”.
Las ordenanzas, prosigue el estudio, “han supuesto una vulneración de derechos de las trabajadoras sexuales” y el miedo a las posibles sanciones “tanto por parte de las trabajadoras sexuales como de los clientes” ha empeorado “la capacidad de negociación de las trabajadoras” y ha conducido “al desplazamiento de la zona de ejercicio incluso al espacio privado directamente”. Ante este escenario, el informe concluye que el enfoque deseable para debatir sobre la prostitución sería el de derechos humanos “en lugar de sancionar y criminalizar al colectivo de trabajadoras sexuales”.
En este sentido, el estudio también pone énfasis en cómo las normativas sancionadoras también han multado a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Así, algunas de las profesionales entrevistadas afirman que esto puede estar ocurriendo, tal y como se tuvo constancia en Madrid al poco de entrar en vigor la Ley Mordaza, “hecho que supone una doble y triple discriminación”. El informe pone sobre la mesa la paradoja de que, en estos casos, las mismas administraciones que deberían proteger a estas víctimas, las están criminalizando.
Además, el estudio vincula la aplicación de las ordenanzas municipales con una mayor presencia y presión policial en las zonas donde habitualmente se ejerce la prostitución. Algo que ha perjudicado en mayor medida a las mujeres en situación administrativa irregular, que en algunos sitios son identificadas e incluso detenidas. “Actualmente, la condición de mujer en situación administrativa irregular prevalece ante cualquier otra circunstancia que requiera protección por parte de los cuerpos policiales, en todas las ciudades excepto en Sevilla”.
Prostitución invisible
Estas conclusiones se suman a los efectos que las propias prostitutas entrevistadas –todos los encuentros se produjeron en julio de 2016– han desgranado, entre ellas, la reducción de la capacidad negociadora o la sensación de persecución y “acoso policial”.
“No, a ellas no las multan, pero si persiguen al cliente es como si las multaran a ellas. Vamos a ver, si resulta que esta ordenanza, si de hacerme 10 clientes a la semana, esta ordenanza me está dando para hacerme dos clientes…”, explica Ana, de Sevilla. En este sentido, la prostituta habla del cambio de lugar del ejercicio de la prostitución a la que ha conducido en la ciudad andaluza la norma que persigue solo a los clientes. En Sevilla, ejemplifica el estudio, “la aplicación de la ordenanza ha movido a las mujeres del espacio público al espacio privado, o bien, las ha llevado a otros espacios más hostiles del espacio público”.
Desde el consistorio aseguran que “no hay prostitución en los espacios públicos de la ciudad, para eso hay una ordenanza que es abolicionista”. Por su parte, la prostituta entrevistada explica que “lo único que han hecho ha sido desplazar clientes de un sitio a otro. Me sacan de un sitio donde me multan y me voy a un sitio donde no me multan. Y ya está. Y las mujeres lo mismo”. En el momento de realizar las entrevistas, en la ciudad andaluza no existía ningún colectivo de trabajadoras sexuales, que a día de hoy se han organizado en el Colectivo de Prostitutas de Sevilla para pedir, entre otras cosas, la derogación de la ordenanza.
En la mayoría de lugares, explica la experta entrevistada en Lleida –la investigación no incluye los nombres de las personas consultadas, pero sí que se trata de una profesora de la Universidad de Lleida– “habrá pasado como aquí. Que al final, sí, hemos sancionado durante unos años, pero, ¿qué hemos hecho? Tal vez ya no se ve, las hemos sacado de la calle. Pero sigue habiendo clientes, y sigue habiendo trabajadoras”. Sobre el objetivo de acabar con el trabajo sexual, la docente asegura que “si se pretendía reducir el trabajo sexual en la calle, lo que ha logrado es invisibilizarlo. El trabajo sexual se sigue realizando. El efecto básicamente es de control, de hacer percibir a las trabajadoras sexuales el control policial, pero no de reducir el trabajo sexual. Y respecto de la percepción, ellas refieren siempre control y sentirse menos arropada por la oficialidad, evidentemente”.