La mayor organización LGTBI de Europa muestra su preocupación por las declaraciones homófobas de Elósegui
Las declaraciones de María Elósegui sobre la homosexualidad y la transexualidad siguen indignando a los colectivos LGTBI. La jueza elegida para representar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) inquieta a las organizaciones y no solo dentro de nuestras fronteras. La delegación europea de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) se ha referido a su nombramiento afirmando que “está preocupada por las revelaciones acerca de las publicaciones y declaraciones homófobas y tránsfobas de la jueza Elósegui”.
La ILGA se ha posicionado en un comunicado emitido este lunes al que se suma también la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que la semana pasada envió a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una carta pidiendo explicaciones al Ejecutivo. La ILGA revela que está actualmente “monitoreando la situación” junto a colectivos españoles y que “evaluará cualquier información adicional cuando surja”.
La mayor organización LGTBI de Europa, que alberga 490 organizaciones de 45 países europeos, espera que los jueces y juezas elegidas para el tribunal desempeñen su trabajo “con una mente abierta y libre de prejuicios”. Por eso, prosigue, “cualquier sugerencia de imparcialidad antiLGTBI es, obviamente, preocupante”.
La ILGA reconoce además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido “la fuente” de muchos juicios que han acabado reforzando la protección en Europa de los derechos LGTBI y añade que los profesionales que forman parte de la corte “no son solo juristas altamente cualificados”, sino que “también personifican las principales decisiones que se dictan, decisiones que, literalmente, pueden cambiar la vida de las personas”.
La tendencia pro derechos del tribunal
El TEDH comenzó hace más de una década una tendencia de defensa de los derechos LGTBI con algunas sentencias consideradas como puntos de inflexión dictadas en los años 2002 y 2003. Aunque a paso lento y, con sus luces y sombras, el tribunal ha ido adaptándose paulatinamente a la realidad LGTBI y reconociendo derechos como la autodeterminación, el cambio legal del nombre y sexo de las personas trans y ha condenado a países por discriminaciones basadas en la orientación sexual. Sus sentencias han provocado cambios de leyes en algunos países a lo largo de los años.
La denuncia de la ILGA se suma a la que ya hizo Transgender Europe, una red Europea de organizaciones por los derechos trans que ya puso el foco en esta jurisprudencia al afirmar que ha reconocido con fuerza y consistencia que la identidad de género es una de las partes más íntimas de la persona“, tal y como explicó a eldiario.es Richard Kölher, coordinador de asuntos políticos de la organización.
Transgender Europe confía en que el tribunal “siga defendiendo los derechos humanos en Europa y liderando el camino contra la patologización y la discriminación de las personas trans”. Kölher nombra los avances que en los últimos años se han dado en el contexto europeo y el papel del Consejo de Europa, que en 2015 adoptó una resolución que insta a los Estados a “garantizar que las personas transexuales, incluidos las menores, no sean considerados como enfermos mentales”.
