Las organizaciones LGTBI llaman a la movilización para impulsar el desbloqueo de la Ley Trans

Las organizaciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI tienen una “línea roja” sobre la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans que está preparándose en el Gobierno: “Que las personas trans no tengan que acreditar su identidad por un tercero”, según ha dicho este martes Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores Trans. “No podemos asumir las propuestas filtradas por el PSOE”, ha dicho Valenzuela, en relación a la información que publicó elDiario.es el pasado día 3 de abril, según la cual los socialistas plantean que para modificar la mención registral del sexo, las personas trans tengan que aportar al Registro Civil documentación que “garantice la estabilidad y la persistencia” de esa situación, como por ejemplo, un “testimonio personal” de alguien del entorno. 

En una comparecencia de diversas organizaciones, Valenzuela ha admitido que “este es el mayor escollo. El diálogo no se ha cerrado pero está siendo lento”. Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha dicho, durante la rueda de prensa en la que han presentado una campaña de movilización, que “el PSOE sigue teniendo dudas y reticencias sobre la importancia de los derechos trans”. 

Tras la presentación del borrador de la Ley trans el pasado mes de enero, estas organizaciones sociales se reunieron con los representantes de los principales partidos. En el encuentro con Carmen Calvo y con Mónica Silvana, de la secretaria de Movimientos Sociales del partido socialista, se les transmitió a las organizaciones “la intención de legislar en positivo y con seguridad jurídica”, dice Uge Sangil, que opina que “la seguridad jurídica está ya en la ley y también contemplada en los borradores que ha transmitido el ministerio de Igualdad” y que “la autodeterminación es una cuestión de voluntad política”. “El objetivo es que salga la ley pero no puede salir de cualquier forma”, aunque la presidenta de la FELGTB se ha declarado “optimista” y cree que “se salvará”, sin rebasar la línea roja de la autodeterminación.

“No se puede exigir tener que demostrar la identidad de género solo de las personas trans. Las personas trans a día de hoy no somos iguales ante la ley. Queremos una ley que garantice nuestra igualdad de trato”, ha dicho Sangil. “Ante el bloqueo y las filtraciones, no nos quedan más opciones que movilizarnos en la calle”, ha anunciado por su parte José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo. La campaña que han previsto las organizaciones consiste en un recorrido de la bandera trans a lo largo de todas las Comunidades Autónomas, que ha comenzado en la tarde del 6 de abril en La Palma (Canarias) y de ahí saltará a la península, “en algunos casos con concentraciones ciudadanas y en otros con actos institucionales”.

Los socialistas son conscientes de que su planteamiento –que también pasa por fusionar en una única ley el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI incluyendo un capítulo específico para las transexuales– choca con el del Ministerio de Igualdad y, en buena medida, con los colectivos, pero subrayan que lo importante es que “la negociación está abierta”. “Tenemos la mayor disposición para intentar llegar a un acuerdo y presionar al Gobierno para que flexibilice al máximo la posición”, expresan fuentes del partido.

La cuestión de la autodeterminación no solo ha generado controversia en el seno del Gobierno, sino que es objeto de un virulento debate en el movimiento feminista. Un sector considera que la autodeterminación de género tendría “nocivas consecuencias” para los derechos de las mujeres, y pone ejemplos como que los agresores podrían afirmar ser mujeres y eludir la Ley de Violencia de Género o entrar en módulos femeninos en las cárceles. En una carta enviada a Carmen Calvo el pasado febrero, una de estas organizaciones, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, reclamó el mantenimiento de los informes médicos como filtro, un requisito que de acuerdo con fuentes socialistas no se incluirá en la propuesta del partido.