Aunque no se hable de él, el mercado del cannabis en España existe. Pero poco se sabe de él, y el Gobierno no hace mucho por aportar información inequívoca sobre cómo se gestiona actualmente.
El Ejecutivo, que lo regula mediante la concesión de licencias para cultivar cannabis a través de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS, la agencia, como se conoce en el sector), ofrece una respuesta diferente cada vez que da una cucharadita de información. Además, nadie en el sector conoce con exactitud los requisitos que se exigen para conseguir una licencia, que se han convertido en la posesión más preciada del sector: según los escasos datos (y de nuevo erráticos) del Ejecutivo, la concesiones no llegan al 5% de las solicitudes.
En total, según el Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC), el Gobierno ha respondido un total de seis preguntas parlamentarias. Solo en el plazo de un año, el que va de diciembre de 2017 a diciembre de 2018, el Ejecutivo dio cuatro versiones distintas: primero eran seis licencias, luego se informó de una autorización, más tarde de 12 y por último de ocho. La desinformación también atañe al área cultivada: en una respuesta hablaba de 20.000 hectáreas de cannabis, en otra rebajó la cifra a cuatro, según recoge el OECCC en un detallado informe sobre el sector.
No hay un documento
La propia AEMPS reconoció tras una instancia al Consejo de Transparencia que no existe ningún documento que detalle los requisitos necesarios para solicitar una licencia, aunque sí aludía algunas cuestiones que “se suelen” solicitar, como el origen de las semillas que se proyecta cultivar o datos relativos al dueño de la parcela donde se hará y a qué fin se quiere dedicar la planta.
Pero no hay unas condiciones que una empresa sepa que si cumple conseguirá una licencia. “En cuanto a la información relativa al procedimiento para la solicitud y requisitos para el cultivo, producción, fabricación, importación, distribución y comercialización del cannabis, la AEMPS informa de que no dispone de un documento público en el que se encuentre recogida la misma”, reconocía la agencia, para luego aludir a la normativa general (del año 1963) y especificar que “dependiendo de cada caso concreto se requerirá documentación adicional que se considere pertinente en función de las circunstancias específicas”.
Hugo Madera, del OECCC, no da crédito a esta respuesta de la agencia. “¡Depende de cada caso concreto! Y uno que pensaba que estábamos en una democracia en la que a todos nos aplicaban las mismas normas. No estarán tratando mejor a algunas empresas que a otras...”, ironiza.
La misma opinión corría entre los asistentes al congreso Cannabis Europa, en Madrid, hace dos semanas. Con una inmensa mayoría de empresarios como público, por las mesas circulaban los comentarios jocosos sobre la opacidad de la agencia. Unos empresarios andaluces contaban cómo ante la poca transparencia del Gobierno con los criterios habían optado por invertir en Portugal, donde el terreno de juego al menos es claro.
También le podían haber preguntado a otro de los asistentes, José Antonio de la Puente, el CEO de Linneo Health, una de las dos empresas que –se sabe– tiene una licencia del Gobierno para cultivar cannabis, que pertenece en un 57% al fondo de capital riesgo británico GHO. Linneo Health es la rama cannábica de Alcaliber, la empresa que ostentó el monopolio del opio (legal) en Europa bajo la batuta de Juan Abelló.
La firma que dirige De la Puente presume de tener “una capacidad instalada y operativa para la producción de cannabis de 40.000 m2”, que equivalen a cuatro hectáreas y por tanto sería la totalidad de la superficie autorizada en España (hasta la próxima contradicción del Gobierno). Este diario preguntó al CEO de Linneo, quien declinó hacer comentarios y se remitió a la AEMPS para solicitar información.
A golpe de talonario
Canopy Growth es otra de las empresas que ha entrado a golpe de talonario en el mercado español. En abril de 2019 se conoció que el gigante canadiense (se le calculan activos por 600 millones de euros) había comprado la empresa Cafina, fundada por tres profesores jubilados de universidad valencianos. Cafina es otra de las empresas que tenía una licencia para cultivar cannabis –lo que hacía en un pequeño invernadero de 150 metros cuadrados– que automáticamente pasó a manos de la empresa norteamericana.
El Gobierno ha informado en sus respuestas parlamentarias de otras empresas que han recibido licencias, como DJT Plants Spain, Phitoplant, CIJA Preservation SL o el Parque Etnográfico Pirámides de Güimar, en las Islas Canarias. Esta última ni siquiera informó de para qué quiere una licencia, pero tampoco se sabe mucho más de la actividad del resto de empresas, más allá de una dirección o un teléfono que nadie responde.
Desde el OECCC alertan de que pueda estar produciendo una burbuja en el sector antes incluso de que haya un mercado legal dentro de España. Linneo pagó 9,4 millones de euros por obtener su licencia de Alcaliber, la matriz que la consiguió originalmente. Son casi diez millones de euros por un máximo de cuatro hectáreas (unos seis campos de fútbol) que además deben destinarse a la exportación, toda vez que en España está prohibido vender cannabis. Canopy, correlación o causalidad, subió un 2% en bolsa el día que se supo que entraba en el mercado español.
En estas circunstancias está el sector mientras en los mentideros se vislumbra una regulación, bien sea medicinal como quieren la mayoría de empresarios e inversores para controlar la producción, bien integral como piden los activistas para que se permita el autocultivo. Los lobbies aprietan al Gobierno e invitan a los políticos a congresos a los que la entrada cuestan un mínimo de 300 euros y que no está claro quién tiene detrás (la web de Cannabis Europa no lo especifica). La AEMPS cambió de directora general con la entrada del PSOE en el Gobierno y la nueva jefa, María Jesús Lamas, parece más abierta a facilitar información, según los activistas.