Padres, abuelos o parejas de la madre: la mitad de los casos de abuso sexual a menores los cometen sus familiares

Hasta un 49,5% de los abusos sexuales a la infancia se producen en el ámbito familiar. Es uno de los datos que revela este jueves un nuevo informe de Save the Children que ha analizado 394 sentencias dictadas en 2019 y 2020. Aunque la organización advierte de que la mayoría de los casos permanecen ocultos, el estudio pretende acercarse a cómo se dan aquellos que sí han acabado en juicio, un proceso en el que ha identificado un abanico de “fallos del sistema” que acaban revictimizando a los menores, señala el estudio.

Al menos el 84% de los agresores son personas conocidas por la víctima (en el 1,2% de los casos la sentencia no lo detalla), entre los que destacan aquellos que pertenecen al ámbito familiar, que constituyen la mitad. De ellos, el abusador más frecuente es el padre, que agrede a los menores en un 12,3% del total de casos y en uno de cada cuatro si analizamos solo los familiares, la pareja de la madre (9,3%), el abuelo (6%) o el tío (3,2%).

Contrariamente a lo que suele pensarse, ha explicado Andrés Conde, director general de Save the Children, “los abusadores son personas con las que los menores conviven” y se trata de “ciudadanos perfectamente integrados den la sociedad, de los que nadie sospecha nada”. Fuera del entorno familiar, pero agresores del entorno de la víctima destacan los conocidos de la familia, amistades o compañeros y educadores.

En cuanto al perfil de las víctimas, las características que desvela el nuevo informe apuntan a que la edad media se sitúa en los 11 años y en la inmensa mayoría de las sentencias analizadas, en un 78,9%, son niñas.

En el 80% de casos no se graba el testimonio

La investigación se suma a la pionera que hace cuatro años presentó Save the Children, en la que se arrojaban estimaciones de prevalencia del abuso a la infancia, una realidad habitualmente invisible pero más común de lo que puede parecer: “entre un 10 y un 20% de la población lo ha sufrido”, pero “solo un 15% de los casos se denuncian”, contabilizaba la ONG. Esto lleva a la organización a concluir que los datos de denuncias disponibles constituyen “la punta del iceberg” del abuso sexual en España.

Aún así, las cifras apuntan a que en 2020, un año anómalo por la pandemia, se presentaron 5.865 denuncias, 16 al día. Son la mitad del total de denuncias por delitos sexuales. En 2019 fueron 6.153. Pero, ¿qué ocurre cuando comienza el proceso judicial? Un 63% de los casos analizados duraron dos años, una mejora respecto al informe de 2017, cuando la media fue de tres años. Aunque, alerta la organización, “sigue habiendo procesos que superan los cinco años” de duración.

La media de declaraciones que deben hacer los niños y niñas durante el proceso es de cuatro, en las que tienen que repetir lo que les ha ocurrido. “Esto significa que cuentan su historia a diversos profesionales, exponiéndose a revivir el abuso y perjudicar la credibilidad de su testimonio”, afirma el estudio. Para evitar el periplo existe la llamada 'prueba preconstituida', que consiste en grabar la declaración una vez y usarla durante todo el proceso, pero apenas se usa: en un 77,3% de los fallos no se grabó el testimonio.

La ONG, sin embargo, sí aprecia una tendencia, “aunque ligera e insuficiente”, a usar cada vez más la prueba preconstituida para evitar un daño añadido a los menores, algo que la recientemente aprobada Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia incorpora como obligación para menores de 14 años, salvo si se requiere “motivadamente” por una de las partes. Sin embargo, desde Save the Children reclaman que se generalice para todos los menores de edad.

La puerta única del modelo Barnahus

Save the Children asegura que el proceso judicial es un camino “doloroso” para las víctimas que puede convertirse en una nueva “experiencia traumática” y ha identificado varios “fallos” en el sistema que pide corregir. Entre ellos, la escasez de formación especializada en los profesionales que atienden a los menores o la existencia de “espacios inadaptados” para la infancia. “Hay que tener en cuenta que para los niños y niñas estos son lugares a los que van los delincuentes, algo que corrobora su experiencia de culpabilidad, que es otra característica de este tipo de violencia”, ha señalado Conde.

En este sentido, considera un acierto implantar en España el modelo de las llamadas 'casas de los niños' o modelo Barnahus, generalizado en otros países. Estos espacios amigables para la infancia pasan a ser el lugar de referencia y allí se desplazan todos los profesionales que intervienen en el caso, de forma que no se somete al menor al periplo que normalmente se ve obligado a atravesar, es decir una especie de puerta única. Junto a esta demanda, la ONG reclama la especialización de los juzgados y una fiscalía específica para este tipo de delitos, así como garantizar la especialización de los forenses, abogados y otros profesionales que intervienen en el proceso.

Varias de estas medidas están incluidas tanto en la Ley de Protección a la Infancia, que ya ha entrado en vigor, como en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que actualmente tramita el Congreso, pero la organización demanda agilidad y la puesta en marcha de la primera de las normas en este sentido: “El sistema de justicia debería adaptarse a las necesidades e intereses de la infancia”, concluye la investigación.