Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel Díaz Ayuso, hizo negocio con la necesidad imperiosa que tenía el Gobierno de Madrid de conseguir mascarillas contra la COVID-19 en medio del caos, la escasez y el descontrol al principio de la pandemia. Aprovechó ese “mercado persa” que describía la presidenta el 25 de marzo de 2020, poco antes de que se adjudicara el contrato que ha dinamitado al Partido Popular. Un contrato por el que un amigo de la familia –con la “intermediación” del hermano de Ayuso– vendía a la Comunidad supuestas mascarillas FFP2-FFP3 que acabaron siendo el modelo chino KN-95.
Entre marzo y abril de 2020 la Comunidad de Madrid firmó numerosos contratos sin publicidad para adquirir material sanitario. La urgencia mandaba y no había tiempo para controles. De esos fondos públicos gastados en medio del desbarajuste, el provecho económico de Tomás Díaz Ayuso fue de 55.000 euros más IVA, según su hermana. Pablo Casado elevó esa cifra a los 286.000 euros. Ninguno ha presentado públicamente pruebas documentales sobre sus cálculos. Ella presentó una factura a Priviet por esa cantidad, pero se negó a mostrar otras tres con la misma sociedad alegando que no tenían relación con las mascarillas.
Entre las adjudicaciones más caras
Alrededor de la fecha del acuerdo con Priviet Sportive SL que permitió al hermano de Isabel Díaz Ayuso embolsarse, en todo caso, decenas de miles de euros, la Comunidad de Madrid cerró más de un decena de encargos para comprar mascarillas, según los datos de su portal de contratación. El acuerdo con Daniel Alcázar, amigo de la familia Díaz Ayuso, se sitúa entre las más costosas de las grandes adquisiciones en esos días. Vendió cada mascarilla de su lote de 250.000 unidades a 5 euros. A pesar de que el contrato especificaba que el modelo adquirido era FFP2-FFP3, Madrid recibió KN95.
En esas semanas, Helianthus Medical se adjudicó un contrató de 400.000 mascarillas FPP2 a 5,88 euros. La diferencia es que su expediente indicaba una “entrega inmediata”, mientras que el de Priviet tenía un plazo diferido, ya que la conformidad a la oferta es de 25 de marzo –posteriormente modificado a 1 de abril– y la fecha de entrega consignada es el 10 de abril –aunque acabaron llegando en dos lotes el 17 y el 20 de abril–.
También se firmó un contrato, aunque de volumen bastante inferior de 100.000 mascarillas FPP2-FPP3 a 6,5 euros con la sociedad Palex Medical. Hubo otros encargos más caros en cuanto al precio por unidad, pero con lotes muy inferiores de 1.000 o 2.000 mascarillas. El precio por unidad más elevado al inicio de la pandemia fue de 10,7 euros pagados a Biogen Diagnóstica SL, pero por un lote de 5.000 mascarillas FFP3, las más eficaces.
En cuanto a las KN-95, las que finalmente recibió Madrid de acuerdo con los albaranes de entrega, a pesar de que el contrato consignaba otro modelo, en el portal de la contratación encontramos una compra en esas semanas a la empresa Iturri SA, por 320.000 mascarillas KN-95 y FFP2 a 2,95 euros. Ya en junio, una compra del modelo KN-95 de 390.000 unidades se pagó a 1,95 euros.
El “mercado persa” de China
En la época en la que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso daba “conformidad a la oferta presentada por la entidad Priviet Sportive SL” para pagar 1,5 millones de euros por mascarillas, la presidenta de Madrid se quejaba del caos que reinaba en China a la hora de comprar material: “Cuando decimos que es un mercado persa es tal cual. Cada mañana abren los mercados y cada mañana llega alguien a comprar los lotes y como no lo compres ese día, lo pierdes. Y todo el proveedor, todos lo contactos vuelven a empezar de cero”, argumentaba Díaz Ayuso.
El estallido inicial de la pandemia en China descalabró por completo el mercado internacional de las mascarillas. De repente, el gran fabricante mundial se dio cuenta de que no tenía suficientes para su propia población. Y prácticamente arrasó con las existencias del planeta: “importó en un mes 2.000 millones de unidades, el equivalente a 75 días de producción mundial”, recuerda Belén Tarrafeta, experta en acceso a medicamentos. Para cuando la enfermedad llegó a Europa la necesidad de elementos de protección para los sanitarios –en un primer momento ni siquiera se pensaba en la población general– los convirtió en una mercancía preciada y muy difícil de conseguir.
Con semejante ascenso de la demanda, la producción en China se multiplicó sin control: “Entre febrero y abril el número de fabricantes llega a 867 y más de 100.000 pequeños talleres, la mayoría no homologados”, describía Tarrafeta ya en 2020. Esto desbordó los controles. En el país asiático, como en Europa, ciertos productos sanitarios –aunque pasen controles de calidad– dependen para comercializarse de una autocertificación, una especie de declaración de buena fe del fabricante.
Ese detalle, en un momento de caos, creó un ecosistema en el que el fraude campó a sus anchas. Sobre todo en modelos como las KN95 –la nomenclatura asiática– que fueron las que primero requirió el mercado: “En un primer momento todos querían fabricar KN95”, recuerda un trabajador del Ministerio de Sanidad. Por eso Europa decidió permitir su importación y homologó de emergencia ese modelo con las FFP2 occidentales. “Hubo tantísimos problemas con la calidad de las mascarillas. Se falsificaban certificaciones de todo tipo”, explica Tarrafeta.
Ausencia de verificaciones
En España las verificaciones generales a la hora de contratar se relajaron durante los primeros meses de la pandemia. El Tribunal de Cuentas ha informado, por ejemplo, de que, de los 118 contratos de emergencia fiscalizados a los ayuntamientos de mas de 300.000 habitantes, solo el 22% había contado con la comprobación de que el contratista tenía la solvencia profesional o técnica para hacer el encargo. En el caso de Priviet, no contaba con ningún tipo de experiencia en la comercialización de material sanitario.
También ha constatado que un buen número de entidades estatales como la Agencia de Administración Tributaria, el Banco de España, el Consejo de Seguridad Nuclear o el Museo del Prado no llevaron a cabo, en muchos casos, ese tipo de visado.
El estado de alarma, el “mercado persa” y la contratación de emergencia facilitaron que se pudiera firmar un contrato así: rápido y sin tener que comprobar demasiado quién lo llevaría a cabo. La tramitación de urgencia da manos libres a las administraciones. Suspende los “principios de la contratación pública”, según detalla el Tribunal de Cuentas.
Esta modalidad excepcional significa que el contratador, como un ayuntamiento, un ministerio o el Gobierno de Madrid, puede saltarse la libre competencia, la elección de la oferta más ventajosa, la transparencia o “la igualdad de trato entre licitadores”, explica el auditor estatal.
También permitió que entraran en España productos que no estaban debidamente certificados y no contaban con la calidad adecuada. “Llegaron a retirarse varios lotes, por denuncias o por controles aleatorios. La mayoría por no contar con los permisos necesarios”, señala un portavoz de la Agencia Española del Medicamento. Semanas más tarde, cuando Isabel Díaz Ayuso compró otro cargamento de mascarillas KN-95 para entregar una a cada madrileño con tarjeta sanitaria, un análisis del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo comprobó que el filtrado era tan deficiente que dejaba pasar casi un 40% de las gotas más pequeñas o aerosoles.
Tarrafeta señala que instituciones como Naciones Unidas se encargan de evaluar en laboratorios independientes la calidad de los productos cuando tiene dudas. En ese momento, a la escasez se sumaba la entrada en escena de proveedores desconocidos y comerciales que aprovechaban sus contactos con China para conseguir ventas aunque no supieran nada sobre estos productos sanitarios.
En esas circunstancias fue cómo Priviet Sportive, la sociedad que posee Daniel Alcázar, accedió a un contrato tramitado con el procedimiento de “emergencia”, es decir, adjudicado a dedo, para obtener material de protección destinado al hospital de campaña del recinto ferial de IFEMA.
Un contrato 'desconocido' firmado por cargos de Ayuso
Isabel Díaz Ayuso dijera la semana pasada que del contrato de Priviet Sportive y el ingreso económico de su hermano se enteró “en Génova”. “Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno”, declaró.
La presidenta sostiene que su hermano hizo los trámites para conseguir y trasladar ese material desde China y le cobró 55.000 euros a Priviet Sportive que le cobró, a su vez, 1,5 millones a la Comunidad de Madrid: “La factura fue por gestiones para la compra de mascarillas en China vendidas a la Comunidad de Madrid”.
Es decir, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que su hermano hizo las gestiones y se llevó dinero para que la empresa a nombre de un amigo de su familia cumpliera una adjudicación a dedo asignada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid gracias a una situación de emergencia y por la que ingresaría 1,5 millones de euros públicos.
En realidad, la resolución que ordena la ejecución de emergencia de la contratación con Priviet Sportive está firmada por la que era viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, Ana Dávila-Ponce de León, nombrada el 24 de septiembre de 2019 por un decreto firmado por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Dávila-Ponce de León dejó la Consejería de Sanidad en septiembre de 2020. En noviembre de aquel año se incorporó a la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre la gestión de las residencias de ancianos durante la primera ola de COVID-19. La comisión se puso en marcha porque el PP no tenía mayoría parlamentaria (el Gobierno estaba sustentado por la coalición con Ciudadanos y el apoyo de la ultraderecha de Vox). Tras la amplia victoria del PP en las elecciones autonómicas adelantadas de mayo de 2021, esa investigación desapareció. La exviceconsejera sigue como diputada regional popular.
Además, la memoria justificativa en la que se sustenta esa resolución y la conformidad a la oferta estaban realizadas, según su expediente, por la Dirección general de Procesos Integrados de Salud inscrita en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y cuyo responsable en ese momento, Manuel Ángel de la Puente Andrés también fue nombrado por el consejero Ruiz Escudero y rubricado por Isabel Díaz Ayuso.
El 20 de mayo de 2020 el consejero Enrique Ruiz Escudero dio cuenta en el Consejo de Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso de las resoluciones de emergencia realizadas para adquirir material sanitario. El secretario general de Consejo certificó que el Gobierno quedaba “enterado” de ello. El primer expediente de la lista era el de Priviet Sportive.
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