Las plataformas de afectados por la hipoteca de otras ocho comunidades autónomas se suman a la campaña #ExigenciasPAH, después de que la semana pasada lo hicieran las de Murcia, Baleares, Navarra, Cantabria y Comunidad Valenciana. Ahora en Extremadura, Canarias, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Asturias, Galicia y La Rioja intentarán también conseguir que los parlamentos autonómicos legislen en el mismo sentido que Cataluña, que el pasado julio aprobó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de medidas contra los desahucios y la pobreza energética.
Los activistas han registrado en los respectivos parlamentos las propuestas en el marco de la campaña que en septiembre lanzaron de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. La estrategia incluyó reuniones con varios de los partidos políticos que se presentan a los comicios. Aún así, los grupos de vivienda están a la espera de la respuesta del PP e IU, que no han contestado a la propuesta.
Con quienes sí se ha encontrado la PAH en el último mes es con Podemos, PSOE y Ciudadanos. “Las medidas del primero van más o menos en línea con las nuestras, los socialistas nos decepcionaron porque no apuntaron ninguna iniciativa concreta y Ciudadanos no plantea políticas muy diferentes a las llevadas a cabo por el PP”, analiza Mercedes Lovera, de PAH Vallekas.
Las exigencias a nivel estatal
Algunas de las cinco medidas que incluye la campaña ya son viejas conocidas de la plataforma. “Cinco medidas de mínimos, que después de tanto sufrimiento ya son exigencias”, dicen las activistas en el vídeo de presentación. La primera, que los poderes públicos hagan efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, tal y como establece la Constitución en su artículo 47. También que pongan en marcha mecanismos de segunda oportunidad para personas ya endeudadas mediante la dación en pago retroactiva o la condonación de la deuda.
En tercer lugar, garantizar el acceso a “alquileres dignos” para personas y familias en situación de vulnerabilidad y garantizar los suministros de agua y luz en los hogares. Según datos aportados por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) en 2014, se tramitan al año unos 500.000 avisos de corte de agua, un 30% más que hace cuatro años y, en 2012, las eléctricas cortaron la luz de 1,4 millones de viviendas, más del doble que en 2006.
Como quinta y última medida, la PAH propone la creación de un observatorio de la vivienda, que “analice en profundidad la situación de la vivienda en España”. Una batería de proposiciones, de las que varias se incorporaron a la ILP catalana, hoy convertida en ley gracias al apoyo de todas las formaciones políticas. “Una victoria colectiva”, como la definieron entonces los activistas de la plataforma y que ahora se pretende replicar en el resto de parlamentos autonómicos.
“Romper desde abajo”
La ley es heredera de la ILP que impulsó la PAH en el Congreso hace más de dos años que contaba con casi un millón y medio de firmas y que, finalmente, el PP esquivó y se quedó en trámite parlamentario. Algunas plataformas de toda España comenzaron a diseñar proyectos que incluyeran sus reivindicaciones, la primera, la de Murcia, “pero la asamblea no se lo permitió”, asegura Carlos Macías, portavoz de la PAH en Cataluña.
Fue allí donde tomaron el relevo de los activistas murcianos con el objetivo de conseguir “un efecto dominó”. Lo que ahora parece que puede ocurrir: “Que Cataluña fuera la primera pieza en caer para empujar a las demás y aprobar leyes en todas las comunidades”, explica. La catalana incluye prácticamente todas las propuestas que la PAH propone a nivel estatal, “salvo las referentes al alquiler”, cuenta Macías, aunque sí comprende el alquiler social para familias en riesgo de desahucio (con distinción entre pequeños propietarios y entidades financieras) y la creación de un parque social de alquiler.
“Lo que se incorpore en cada comunidad dependerá de las competencias de cada una, pero se pretende hacer en la misma línea”, analiza el portavoz. La estrategia de la PAH se basa en lo que los activistas llaman “romper desde abajo” y empezar por las instituciones más cercanas a la ciudadanía tras el bloque del Congreso en 2013. Por eso, también ha comenzado a presentar mociones en los distintos plenos de los Ayuntamientos para que, dentro de sus competencias, legislen a favor del derecho a la vivienda y hagan frente a la emergencia habitacional.
Ya se han aprobado iniciativas de este tipo en unos 35 consistorios. En Madrid se presentará cuando la propuesta, que ha sido colgada en la web de participación del Ayuntamiento, Madrid Decide, alcance las 54.000 firmas, junto a las que conseguirán en las mesas que pondrán a disposición de los ciudadanos en distintos barrios madrileños. La exigencia se dirige concretamente al Área de Derechos Sociales, dirigido por Marta Higueras, que “no ha plasmado nuestras propuestas en sus iniciativas”, critica Lovera.
Tras la aprobación de la Ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética de Cataluña, las plataformas de toda España apuntan “que tienen la solución sobre la mesa” y, por eso, de cara a las elecciones generales, “queremos ver cuáles son los posicionamientos de los partidos políticos que se presentan, que no tienen excusa, porque pueden empezar por aprobar las ILP en sus respectivas autonomías”, pide Macías.