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La PAH critica que el TC “obstaculice” el derecho a la vivienda de la Constitución
El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Carlos Macias, ha subrayado hoy la “paradoja” de que el Tribunal Constitucional haya tumbado hoy la ley andaluza antidesahucios y “obstaculice, en vez de defender”, el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución española.
En declaraciones a Efe, Macias ha considerado “preocupante” que el TC haya basado su decisión en que la ley andaluza interfiere las competencias económicas del Gobierno central, “lo que cuestiona bastante la división de poderes, ya que el TC se revela como un instrumento para garantizar las políticas del PP y de Mariano Rajoy”.
El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley andaluza antidesahucios, que preveía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos, y ha anulado los aspectos de esta norma que considera que invaden competencias exclusivas del ejecutivo central.
El pleno del tribunal de garantías, de este modo, ha tachado de inconstitucional parte del decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda.
El TC considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de “coordinación de la planificación general de la actividad económica”.
“Lo que debería hacer el TC es ejercer de defensor de la Constitución, que en su artículo 47 garantiza el derecho a una vivienda digna para todos los españoles, y no tumbar las iniciativas para abordar la emergencia habitacional que hay en España”, ha dicho Macias, que cree que el TC “tumba la norma andaluza porque no le conviene al Gobierno de Mariano Rajoy”.
El portavoz de la PAH ha animado a “ayuntamientos, instituciones y jueces” a que “hagan desobediencia institucional contra las leyes injustas y apliquen la ley andaluza” pese a la sentencia del TC, que, según Macias, “obstaculiza” el derecho a la vivienda.
La sentencia del TC, que cuenta con los votos particulares de cuatro magistrados, entiende que el decreto-ley andaluz obstaculiza (con las expropiaciones) la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno.
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