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Un país que va al dentista menos de una vez al año porque no lo puede pagar

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David Noriega

30 de abril de 2023 22:46 h

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Hay ideas que habitan en el fondo del imaginario colectivo que ayudan a entender el origen de algunos de problemas de salud. Habitualmente, esas ideas no surgen por generación espontánea, sino que son fruto de años, o décadas, de costumbres arraigadas y políticas públicas deficientes. Una de ellas son los nervios y ese sentimiento de temor ante el dentista, que aplaza la visita a la consulta hasta que el dolor es insoportable. Ahí radica un dato que debería hacer saltar todas las alarmas: a más de la mitad de la población española le faltan al menos diez dientes. Solo el 45% tiene 21 piezas o más, que determinan una dentición funcional, que permite hablar o comer sin dificultad ni necesidad de prótesis ni implantes.

Los datos son del Consejo General de Dentistas. “No hay una cultura de la salud bucodental y, al mismo tiempo, el ciudadano percibe que hay que acudir al dentista cuando tiene un dolor o una inflamación”, señala su presidente, Óscar Castro. Precisamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los Estados a integrar este eje en sus políticas nacionales y ha reclamado un viraje en el enfoque curativo. “El cambio de paradigma de la asistencia odontológica, con una filosofía tradicionalmente centrada en el tratamiento de la enfermedad, ha dado paso a un modelo basado en la prevención, lo que implica visitas periódicas al dentista durante toda la vida de la persona, comenzando de manera muy temprana en la infancia”, señala la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral, Elena Martínez.

A los problemas bucodentales los incentivan los económicos en un sistema público de salud que recoge cada cierto tiempo la demanda del dentista gratis, es decir, financiado con fondos públicos, que no termina de materializarse pese a algunos avances. La pandemia dejó en un cajón un ambicioso proyecto y el Gobierno de coalición trata ahora de revertir la situación. El pasado verano, el Consejo de Ministros aprobó destinar 44 millones de euros para ampliar estas prestaciones, principalmente a menores de 14 años, personas con discapacidad, embarazadas y con cáncer de cabeza y cuello.

La medida se enmarca dentro del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030). En el propio documento, el Ministerio de Derechos Sociales reconoce que en España el 33% de la población de 14 a 25 años no puede acceder a la atención dental por su coste. El objetivo intermedio es ampliar la cartera común de servicios en atención a la infancia para 2025 y reducir a la mitad inaccesibilidad para la población más joven para 2030.

Solo el 2% del gasto

En España, las administraciones públicas solo cubren el 2% del gasto en cuidados dentales. Es el porcentaje más bajo, tras Grecia (0,5%), de los países del entorno. Los datos, recogidos en el atlas de la Salud Bucodental en la Unión Europea del Consejo de Dentistas, muestran importantísimas desigualdades. La media está en el 31%, pero los siguientes que menos dinero público invierten son Suiza, que se ocupa del 7% del gasto; Holanda, con el 12%; Dinamarca, con el 18%; y Noruega y Hungría, con el 28%. En la parte alta de la tabla están Alemania (68%), Eslovaquia (51%) y República Checa, Eslovenia, Austria y Reino Unido, que financian uno de cada dos euros en cuidado dental.



En nuestro país cada hogar destina, de media, unos 198 euros por hogar a salud bucodental. Pero las medias ocultan realidades dramáticas, que afloran cuando se cruzan datos: cada habitante visita al dentista 0,7 veces al año. Es decir, una parte de la población no va nunca y el principal factor es que no se lo puede permitir. “El mes pasado tuve un percance con la muela y estuve muy mal. Me recetaron un antibiótico, pero el dentista de la seguridad social me daba para dos meses de espera para la extracción (una de las pocas cosas que cubre la sanidad pública para adultos) y no podía ir a uno privado, porque no tengo recursos, pese a que el dolor era insoportable. Me daba una noche con otra sin poder dormir”, explica Noelia, de 39 años y perceptora del ingreso mínimo vital. “Pagas un alquiler, unos gastos, la comida... una madre sola con tres niños, tú me dirás”, lamenta.

Un estudio de la Organización Mundial de Salud ya sacaba los colores a España en 2021. Según los datos de la OMS, en 2019, un 1,6% de los hogares incurrieron en los conocidos como 'gastos catastróficos' en salud. Es decir, tuvieron que dejar de hacer frente a otras obligaciones básicas para poder pagar medicinas, servicios bucodentales o gafas a alguno de sus miembros. Fueron, en total, 300.000 personas, de las que la mitad cayeron por debajo del umbral de la pobreza.

960 dentistas públicos

“El estatus social de un individuo lo marca su boca”, señala Castro, que recuerda que “el edentulismo, la caries dental y las enfermedades de la boca afectan más a personas con el nivel socioeconómico más bajo”. Este dentista, indica que “cuando llegan las elecciones siempre aparece la salud bucodental en todos los programas, pero a la hora de ejecutarlo no es una realidad. Según los datos del Ministerio de Sanidad, solo hay unos 960 dentistas públicos para 47 millones de españoles”. En ese sentido, considera que los 44 millones del plan nacional, que amplían las prestaciones para las poblaciones diana, son un avance, pero la cifra es “verdaderamente insuficiente”. “En bruto parece mucho, pero tocamos a menos de un euro por ciudadano”, apunta.

“España es uno de los países europeos donde el sistema es deficitario en materia de salud bucodental y no se incluyen la mayoría de tratamientos para la población adulta”, explica Martínez. A grandes rasgos, el sistema público cubre extracciones y tratamientos farmacológicos, pero poco más. “Independientemente de los motivos económicos, que también pueden haber estado presentes en el diseño de las prestaciones, es importante señalar que, tradicionalmente, la boca ha sido menospreciada dentro de la medicina, por no ser considerada un órgano vital como el corazón, los pulmones o el sistema nervioso”, desarrolla.

Para esta experta, el nuevo plan “establece hitos importantes, como prevenir la caries desde antes del nacimiento hasta los 14 años, unificando coberturas básicas para esta población”. “Salvo los tratamientos pulpares, la prótesis dental y la ortodoncia, esta ampliación incluye en el Sistema Nacional de Salud todas las medidas de prevención necesarias y asegura la atención de la mayor necesidad de tratamientos de toda la población infantil y unifica la atención a la población con discapacidad intelectual y a otros colectivos como los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, no añade prestaciones para la población adulta”.

Ello, a pesar de que los expertos consultados señalan que una mala salud bucodental puede agravar o provocar otra serie de patologías. “Por ejemplo, las periodontitis pueden aumentar significativamente el riesgo de sufrir un ataque cardiaco o una hemorragia cerebrovascular”, señala Martínez, que incide en que “dada la estrecha relación, científicamente probada, entre la salud bucodental y numerosas enfermedades no transmisibles, como la diabetes mellitus, cardiovasculares, respiratorias crónicas o el cáncer, los problemas desencadenados por una falta de atención odontológica pueden llegar a ser potencialmente muy graves”. No solo eso, “tener una boca descuidada aísla socialmente”, añade Castro.

“Aunque suene a tópico, los dientes son uno de los elementos más visibles de la pobreza”, coincide Alexander Elu, experto en pobreza infantil de Save The Children. Esta organización publicó en diciembre un estudio en el que recababa información de más de 1.500 familias, el 90% de ellas por debajo del umbral de la pobreza, que indicaba que más de una de cada cinco no había podido llevar a alguno de sus niños, niñas o adolescentes al dentista.

La cuestión aquí es que el hecho de que determinados servicios sí estén cubiertos por el sistema público, como los empastes, si no son en dientes de leche, no implica que las familias lo sepan o tengan acceso a ellos. Y, de nuevo, el factor dinero juega un papel importante. “Según datos de Eurostat, en 2017 veíamos que, en España, un 17% de los chavales en situación de pobreza no estarían recibiendo la asistencia dental necesaria, mientras en el resto de los hogares, solo era el 1%. Ahí tenemos evidencia clara de lo que es la manifestación de estos gradientes”, apunta Elu.

“Las listas de espera suponen una barrera efectiva primaria, aunque el derecho y el servicio exista, y ciertos pagos asociados a la prestación también actúan como barrera”, indica el experto de Save The Children sobre las dificultades en el acceso. A la vez, señala que “es importante ver cómo puede condicionar una dimensión tan específica de la salud en el bienestar de los jóvenes, con implicaciones que muchas veces no pensaríamos”.

7.000 millones de euros

María del Mar tiene 52 años, una hija de 14 y un hijo de 21. Está en el paro y cobra 600 euros al mes. “La niña necesitaría braquets, pero si no puedo llevarla a empastar una muela, ¿cómo le voy a poner aparato?”, se pregunta. La frase pone de manifiesto los dos ejes del problema: el desconocimiento sobre una prestación a la que sí tiene derecho (el empaste hasta los 14 años, que en algunas comunidades se amplía hasta los 16) y un gasto que muchas familias no pueden afrontar y que no cubre la sanidad pública, como es la ortodoncia. En el caso del mayor, sí está totalmente desprotegido. “No puede comer cosas frías, pero es que no llego... Yo desgraciadamente también he estado muy mal de la boca, que se me caían los dientes y opté por quitármelo todo. Como no puedo pagar un implante ni una reconstrucción, estoy con una dentadura postiza, como los abuelos”, explica.

Para deshacer la maraña, diferentes estimaciones apuntan a que el coste de incorporar una cobertura en salud bucodental universal al sistema público podría rondar los 7.000 o 8.000 millones de euros, en torno al 0,5% del producto interior bruto español. “Estas cifras obligan a un debate sereno y realista, pero los beneficios en salud que se conseguirían superan a la inversión señalada. Deben considerarse desde la mejora en calidad de vida como los gastos que evitamos en tratamientos, si la prevención es potente y se extiende al conjunto completo de la población. Sería una inversión, no un gasto”, razona Martínez.

Entre tanto, algunos municipios han apostado por proyectos propios, en algunos casos no exentos de polémica. En Barcelona, la iniciativa anunciada en 2019 por la alcaldesa Ada Colau de poner en marcha un dentista municipal ha sido llevada a los tribunales por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya, al considerar que el Ayuntamiento no tiene competencias. De fondo, está la intención del consistorio de ofrecer esos servicios a precios más baratos que los de las clínicas privadas. Por el momento, los tribunales han dado la razón a los profesionales, pero la sentencia no es firme y ha sido recurrida por la administración local. Precisamente, lo que sí ha podido poner en marcha el Ayuntamiento es un servicio municipal para personas vulnerables.

A mediados de marzo, la Junta de Gobierno de Getafe aprobó también la adjudicación del procedimiento para el suministro e instalación del mobiliario y maquinaria para la primera consulta odontológica municipal de la ciudad. “El dentista municipal cada vez está más cerca”, celebró la segunda teniente de alcaldesa, Alba Leo.

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