La paradoja de anular zonas de bajas emisiones para 'proteger' a las rentas bajas cuando son las que más sufren la contaminación
En dos ocasiones los magistrados españoles han recurrido al argumento de las personas de rentas más bajas para tumbar sendas zonas de bajas emisiones (ZBE) en Barcelona y Madrid. Sin embargo, es precisamente ese colectivo el que más sufre la contaminación y el que menos utiliza el coche privado.
El último fallo ha sido el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha anulado tres ZBE argumentado, entre otras cosas, que no se habían buscado alternativas para evitar “el efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente”. Suena muy parecido a lo que sostenía la sentencia en Catalunya de 2022 que aducía que había “un efecto negativo en las personas de menor capacidad adquisitiva”.
En ambas ocasiones, la medida trataba de evitar la circulación de los coches más contaminantes, es decir, los que más tóxicos emiten al aire que respiran los ciudadanos de esas ciudades. En Barcelona, el Ayuntamiento creó unas excepciones por renta para poder seguir utilizando esos vehículos. En Madrid están sopesando si presentan un recurso ante el Supremo.
Es incomprensible. Los estudios muestran que las personas con rentas altas usan más el coche, mientras que las de rentas bajas utilizan el transporte público
“Es incomprensible”, sentencia la coordinadora de Movilidad en Greenpeace, Cristina Arjona. “Los estudios muestran que las personas con rentas altas usan más el coche, mientras que las de rentas bajas utilizan el transporte público”, argumenta.
El especialista en contaminación de Ecologistas en Acción, Juan Bárcena, apunta que “la contaminación es un problema de salud pública”. “Debería prevalecer el derecho a la salud a un supuesto derecho a circular en coche privado de combustión que es lo que viene a defender este fallo”, sostiene. Porque si decae la normativa, esos vehículos podrán moverse sin restricciones por la ciudad.
Respecto a quiénes se desplazan más en coche propio, un estudio del Banco Mundial concluyó que “a medida que los ingresos aumentan, las personas se desplazan más y gastan más dinero en medios de transporte –además de servicios y bienes– que son más intensivos en carbono”. Es decir, que emiten más gases a la atmósfera: utilizan coche en lugar de otros medios o pasan a conducir coches más potentes que liberan NO2, por ejemplo.
En este sentido, un análisis del Sightline Institute concluía sin reparos que cuanto más dinero, más coches: “El nivel de ingresos explica más de la mitad de la propiedad de vehículos en un barrio”. Una realidad que se reproduce en muchas geografías.
Y, sin embargo, favorecer que haya más desplazamientos en vehículo privado en lugar de potenciar los medios colectivos, resulta ser muy caro, en especial, para esos “colectivos económicamente más vulnerables”, como los han llamado los magistrados. Depender del coche es un mal negocio, venía a concluir el Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo de EEUU (ITDP) al analizar los gastos por hogar.
El estudio del ITDP subraya –y serviría de aviso– que esa dependencia del coche privado que se ha construido en Estados Unidos explica que la proporción de gasto en transporte en los hogares norteamericanos sean de las más altas. Y dentro de ese gasto, “los hogares con rentas más bajas son los que poseen menos coches y la necesidad de tener un vehículo privado en el país ha exacerbado la desigualdad tanto económica como social”.
Daña más a los empobrecidos
En España, unas 5.000 muertes prematuras al año son achacables a la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO“), según la Agencia Europea del Medio Ambiente. La principal fuente de NO2 en las ciudades son los tubos de escape. Y en Madrid, por ejemplo, se ha incumplido el límite legal de ese tóxico durante más de una década seguida. ”Las ZBE dieron respuesta a la condena contra España por el exceso continuado de contaminación en Madrid“, recuerda Bárcena. ”Y ha sido clave para, finalmente, reducir ese exceso“.
La contaminación es un problema de salud pública. Debería prevalecer el derecho a la salud a un supuesto derecho a circular en coche privado de combustión
Además, son las personas empobrecidas las que están más expuestas a los efectos nocivos de la contaminación del aire. El Banco Mundial lo explica así: “Los empleos peor pagados suelen ser trabajos que exigen esfuerzo físico al aire libre lo que conlleva un mayor riesgo”. Y añade que “las fuentes de contaminación como las plantas industriales o los corredores de transporte, están situadas de manera desproporcionada, en barrios de bajos ingresos”. Incluso apunta a que las zonas donde el aire está notablemente contaminado “el valor de la viviendas cae lo que refuerza el estatus de esos barrios”.
En resumen, concluye el escrito del Banco Mundial, “a medida que la salud, el bienestar y la productividad sufren, la contaminación del aire puede reforzar las desigualdades socioeconómicas”.
El secretario general de Movilidad del Ministerio de Transportes, Álvaro F. Heredia, ha analizado en su perfil de X después de conocerse la anulación en Madrid decretada por los jueces: “No hay mayor efecto discriminatorio que no intervenir en nuestras ciudades para mejorar la movilidad y redistribuir el espacio público. Todos los estudios demuestran que son las personas más vulnerables las mayores víctimas de la contaminación y quienes más sufren que las ciudades no apuesten por una movilidad sostenible”.
Las zonas de bajas emisiones son obligatorias por ley desde el 1 de enero de 2023 para los municipios de 50.000 habitantes y las islas. Tienen como objetivo mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. También han de “impulsar el cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles”, según el real decreto que las regula. Esto significa pasar de los motores de combustión a medios más limpios.
Sin embargo, su despliegue avanza con muchas dificultades. aún falta el 80% para cumplir la ley. A las trabas que multiplicaron PP y Vox al llegar a múltiples ayuntamientos en 2023, se le ha unido una batería de recursos judiciales (presentados por partidos cuando estaban en la oposición y organizaciones empresariales) que han encontrado amparo judicial por defectos de forma.
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