La historia de la polémica del veto parental es breve: nunca ha existido. En ninguna de las instancias en las que se habla de políticas educativas o, incluso, de programación docente en los centros, si se quiere bajar hasta las aulas, la materia ha sido objeto de cuestionamiento por parte de políticos o familias hasta que Vox la ha metido con calzador y el PP le ha comprado los argumentos.
Están haciendo ruido los populares estos días subidos a la ola del veto parental. Pero nunca lo han hecho donde tocaría, en los órganos donde se habla de educación. El asunto no ha salido siquiera en la Conferencia Sectorial, el organismo que sienta en la misma mesa al Ministerio de Educación con las Consejerías de las Comunidades Autónomas –donde se habla de políticas educativas en general y donde se abordan cuestiones concretas–, según confirman fuentes presentes en las últimas citas (también es cierto que no se celebra ninguna desde las pasadas elecciones autonómicas, cuando Vox irrumpió en escena).
Tampoco en el Consejo Escolar del Estado han oído nunca del tema, explica un consejero con casi dos décadas de experiencia a espaldas. Este es el máximo órgano de representación de la comunidad educativa y su opinión, aunque no vinculante, se tiene en cuenta a la hora de legislar, etc. “Es curioso”, se sorprende este consejero del sindicato STES, “porque prácticamente toda la legislación actual es del PP”, desliza.
Bajando otro escalón más se repite la misma historia. La Inspección Educativa, el ámbito en el que las familias podría plantear alguna denuncia, no había oído hablar de la cuestión antes del desembarco de Vox en política, según explican desde el sindicato sectorial Adide. Por ejemplo en Madrid no se había registrado ninguna queja hasta junio de 2019, según confirman fuentes de CCOO. Y desde entonces ha habido una por escrito y dos en Twitter, según destacó ayer el consejero de Educación, Enrique Ossorio.
Las leyes
El cuerpo normativo tampoco favorece las intenciones de Vox de implantar su veto parental. Desde convenios internacionales ratificados por España hasta normativa propia de las comunidades autónomas avalan e imponen la educación en igualdad como un derecho de los niños (de ellos como sujetos, no como elementos subsidiarios de otras personas) que debe afrontarse en el aula.
Varias organizaciones se han encargado estos días de recopilar la normativa sobre la cuestión. En esta de la Asociación de Mujeres Juezas de España se recuerda que “la igualdad de sexo no es una ideología [como aseguran los defensores del veto parental] sino un Derecho Fundamental consagrado por el artículo 14 de la Constitución”.
De ahí para abajo, legislativamente hablando, todo va en la misma dirección, como explica este manual elaborado por Suatea. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (tres tratados internacionales ratificados por España y que normativamente solo están por debajo de la Carta Magna) defienden el derecho a la educación en igualdad.
Un peldaño más abajo, más de lo mismo. Las leyes orgánicas (las de máximo rango) de Educación, Igualdad o de Violencia de Género incluyen esta obligación e instan a “comprender y respetar la igualdad de sexos”, “fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”, hablan de “evitar comportamientos sexistas”, “la promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad”, “el reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual” o “el desarrollo armónico de la sexualidad acorde con las características de las personas jóvenes”.
Esto son cuestiones generales que dan pautas de por dónde debe ir la educación. Pero también hay concreciones: la conocida como ley del aborto incluso afirma por ejemplo que “los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación afectivo sexual”. La LOMCE establece también entre las funciones del Consejo Escolar de los colegios “proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación”.
Las familias ya lo saben
Y por último está el hecho de que, por el funcionamiento de los colegios en España, las familias no pueden aducir que no sabían que se iban a tratar estos contenidos en sus centros antes de que empezara el curso.
Según la normativa (y la práctica estándar) las actividades complementarias que se van a realizar como añadido a algunas asignaturas (que son las cuestionadas por Vox) aparecen incorporadas en el plan general anual del colegio, donde se recogen las programaciones, y en el proyecto educativo del centro, que debe ser aprobado por el Consejo Escolar antes de que empiece el curso. Y en el Consejo Escolar de cada centro está representada toda la comunidad educativa del mismo, desde docentes a alumnos pasando por las familias.
“Son actividades perfectamente programadas, con sus metodologías, etc. No se improvisan, así lo establecen las leyes”, zanja Isabel Galvín, responsable de Educación de CC OO Madrid. “Incluso si pasa algo durante el curso y se quiere modificar o incluir alguna actividad se tantea al Consejo Escolar”, añade.
También en las jornadas de puertas abiertas que realizan los colegios antes de los periodos de matriculares el director debe explicar el proyecto educativo y dentro de él este tipo de actividades. Y, por si queda alguna duda, todo se cuelga en la web de cada centro para su libre consulta.
Polarización religiosa
No solo parte de la comunidad educativa cree que la polémica está inflada. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (FEREDE) ha emitido un comunicado lamentando el “falso debate” sobre la medida pedida por Vox, al tiempo que piden piden a Gobierno y oposición que dejen de usar a los niños como “arma arrojadiza”, así como “dejar de sembrar la desconfianza entre el Estado y los ciudadanos; en este caso, entre la Escuela y los padres”.
Para la patronal de los centros concertados Escuelas Católicas, titular de la mayor parte de colegios privados sostenidos con fondos públicos, el veto parental es “innecesario”, puesto que, pese a “no ser en sí mismo ilegal”, su uso podría “introducir una enorme complejidad en los centros al poder implicar la necesidad de autorización expresa y previa para una gran amplitud de situaciones y actividades.
Algo más beligerante es la jerarquía eclesiástica. Después de las palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, uno de los prelados ultraconservadores de nuestro país, José Ignacio Munilla (San Sebastián), arremetió contra la ministra de Educación, Isabel Celáa, y reivindicó “el derecho a ser minoría” de la Iglesia. En su programa en Radio María, el obispos consideró “cada vez mayor” la “intromisión del estado en la vida de la familia”, hasta el punto de asegurar que, en España, “caminamos hacia la estadolatría”.