El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha anunciado que va a recurrir por la vía judicial el 'pin parental' que quiere imponer por ley Vox en la Región de Murcia y que también aparecía en el documento firmado con Vox en Andalucía para amarrar sus presupuestos. La titular de la cartera, Isabel Celáa, ha calificado la medida de “ilegal” y considera que excede las competencias que tienen atribuidos por ley los centros educativos sobre decisiones curriculares, pero ¿qué es exactamente el 'pin parental'?
Se trata de una de las propuestas estrella de la formación de extrema derecha desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y de la que sus defensores hablan cada vez que se refieren al tema de la educación afectivo-sexual en las aulas. En la práctica, se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios.
El objetivo es que los progenitores decidan sobre si sus hijos deben asistir o no y está muy dirigido a las charlas contra la homofobia, bifobia y transfobia. Aunque no solo. Cualquier tipo de contenido que vaya contra las creencias de los progenitores podría impedirse.
Vox ha colgado en su página web un modelo de 'pin parental' que declara que “ante la posibilidad de que mi hijo/a pueda ser adoctrinado en ideología de género contra mi voluntad, mis principios y valores morales [...] me dirijo a usted para solicitarle que el centro que usted dirige nos informe previamente a través de una autorización expresa” sobre cualquier materia “que puedan resultar intrusiva para la conciencia y la intimidad de mi hijo” y prestar consentimiento a que asista o no.
El argumento de Vox
Esta medida forma parte de la ofensiva desplegada por Vox contra este tipo de contenidos, a la que se han sumado sectores ultracatólicos como HazteOír. Para ello, utilizan como argumentos la tan manida “libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos” y hablan de un supuesto “adoctrinamiento” en las aulas. Rocío Monasterio llegó a comparar los talleres LGTBI con la “parafilia” y la “zoofilia” y en la Comunitat Valenciana y Madrid incluso pidieron sin éxito los nombres y apellidos de las personas que ofrecen este tipo de charlas.
Como parte de esta campaña, HazteOír ha llegado a hacer envíos masivos del 'pin parental' a centros educativos, algo por lo que Comisiones Obreras interpuso una denuncia ante la Fiscalía.
La realidad tras los contenidos LGTBI
Sin embargo, la realidad detrás de estos contenidos es bien distinta. Están contemplados en las leyes autonómicas aprobadas en varias comunidades autónomas y su objetivo es educar en diversidad. Las materias están adaptadas a cada edad y la temática se trabaja a través de diferentes recursos, actividades, películas, cuentos...Todos los materiales didácticos desarrollados para este fin inciden en que uno de los objetivos deber ser atender a las necesidades que pueden estar dándose en el aula y prevenir el acoso LGTBIfóbico contra esos niños o niñas. De hecho, según un reciente estudio del Consejo de Europa, el 60% de los estudiantes madrileños aseguran haber presenciado acoso homófobo o tránsfobo en clase.
¿Qué piensan los colectivos educativos?
Son muchos los colectivos y organizaciones que se muestran contrarios a la propuesta de los de Santiago Abascal. La Plataforma Estatal por la Educación Pública, integrada por familias, estudiantes y sindicatos de enseñanza, ha denunciado que supone “una censura” y “una intromisión educativa” que “vulnera el derecho a la educación integral de nuestros niños y niñas”.
Esta organización incide en que los centros educativos ya cuentan con mecanismos de supervisión de los proyectos educativos y apunta a que el AMPA y los consejos escolares están ahí para que los progenitores puedan participar y emitir sus opiniones. “Las familias tenemos pleno conocimiento de lo que ocurre y, ante cualquier problema, contamos con la Inspección Educativa”, decía hace algo más de un mes Camilo Jené, de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA).
¿Y los LGTBI?
Es más, tanto las organizaciones educativas como las LGTBI señalan la necesidad de que la formación en diversidad afectivo-sexual se generalice aún más, ya que depende de la voluntad de los centros, y recuerdan que varias leyes “obligan al Estado” a establecer medidas educativas contra la discriminación y garantizar “el pleno desarrollo de la personalidad”, explica la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB).
Así, exigen a las consejerías de educación de las comunidades autónomas que “todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI” porque solicitar el consentimiento a las familias para que elijan la educación que reciben o no los niños y niñas, como defiende Vox, “contraviene el interés superior del menor” y “lejos de garantizar la educación en libertad como promulgan, les están privando de su derecho a conocer la realidad y continúan dejando a la infancia LGTBI desprotegida en las aulas”.