El Parlament ha aprobado hoy por unanimidad la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una ayuda de 564 euros mensuales, la cual aumentará paulatinamente hasta alcanzar los 664 en 2020, y que sustituirá la Renta Mínima de Inserción (RMI) a partir del 15 de septiembre, cuando entre en vigor.
El nuevo subsidio lo percibirán las 29.000 personas que cobran la RMI, así como todas aquellas personas que lo soliciten y cumplan los requisitos: ser mayor de 23 años, residir en Cataluña durante al menos dos años, no tener patrimonio más allá de la primera residencia y haber agotado todas las prestaciones posibles.
El portavoz de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que ha sacado adelante la propuesta, Diosdado Toledano, ha asegurado que la renta garantizada es “un avance social” y un “auténtico salvavidas” en un contexto económico “que mata”, ha dicho parafraseando al papa Francisco.
Las entidades sociales, los sindicatos y el tercer sector llevaban persiguiendo la renta garantizada desde 2006, cuando se recogió este derecho en el Estatut, y los diferentes grupos políticos llevaban trabajando en ella desde hace más de tres años.
Toledano, que recogió junto al grupo promotor más de 121.000 firmas, ha pedido que se aceleren los procedimientos burocráticos para presentar una ILP y ha reconocido que durante estos años de negociación todas las partes han hecho “concesiones”.
La RGC será un derecho subjetivo individual, no estará sujeta a disponibilidades presupuestarias (el Govern deberá reservarle una partida obligatoriamente) y se concederá por silencio positivo, es decir, si la administración no responde en un plazo de cuatro meses, se reconocerá la ayuda automáticamente.
Esta renta supone una mejora respecto a la PIRMI, que ahora se sitúa en 426 euros mensuales y que supone un gasto público de 177 millones de euros, mucho menor que la horquilla de entre 500 y 600 millones que se invertirán para la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Todas las personas que reciban pensiones inferiores a la RGC de dependencia, becas comedor, transporte escolar o ayudas escolares, entre otras, recibirán un complemento hasta alcanzar los 564 euros, igual que las familias monoparentales que tengan un sueldo inferior a la RGC, que se estima que son cerca de 7.000 familias.
De los 564 euros (664 en 2020), 150 están sujetos a participar en un plan de inserción social o de ocupación, y, por lo tanto, si el beneficiario deja de seguirlo o rechaza una oferta laboral, no los percibirá.
La ayuda contempla que varios miembros de una misma unidad familiar pidan la ayuda, aunque en este caso la cantidad total será menor, y reconoce un plus de 100 euros por cada hijo.
El segundo miembro de la familia que cobre la renta obtendrá el 50 % (836 euros en septiembre y 996 en 2020, en total), y cada hijo, hasta los tres descendientes, supondrá un aumento de 100 euros en 2020, lo que significa que las unidades de cinco personas o más llegarán a percibir 1.208 euros mensuales (14.500 anuales) en 2020.
En este sentido, el PP ha criticado que solo se contemple una ayuda adicional hasta los tres hijos, ya que esto discrimina a aquellas con cuatro o más descendientes, y ha lamentado que las familias numerosas no disfruten de los mismos beneficios que las monoparentales.
Las personas que encuentren trabajo mientras sean beneficiarios de la RGC, pero con un sueldo inferior a esta, cobrarán durante seis meses la diferencia hasta completar los 564 euros.
Ante un hemiciclo medio vacío, todos los partidos han celebrado la aprobación de la ley y han calificado la jornada como “día histórico” o incluso “día feliz”, aunque la oposición también ha reprochado al Govern la lentitud del proceso de negociación y la poca concreción que ha habido sobre el despliegue de la norma.